El diputado de Morena exigió transparencia y legalidad en un caso que involucra a un familiar de una magistrada en funciones.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó este miércoles un posicionamiento en el Congreso del Estado mediante el cual dirigió 11 cuestionamientos formales al Fiscal General del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, tras el caso que generó indignación social por el otorgamiento del beneficio de semilibertad a un sentenciado por secuestro.
El legislador juarense expuso que el caso de Édgar Hernán, condenado a 37 años de prisión por su participación en un secuestro, representa un hecho preocupante no sólo por la naturaleza del delito, sino por el contexto en que se otorgó el beneficio: una resolución del juez de Ejecución de Penas Juan Carlos Erives Fuentes que permitía al sentenciado permanecer fuera del penal de lunes a jueves. La fecha original de su excarcelación estaba programada para el 9 de enero de 2057.
Torres Estrada reconoció la actuación inmediata de la Fiscalía de Distrito Zona Centro al interponer el recurso de apelación, lo cual derivó en la anulación de la semilibertad y la reposición del procedimiento. No obstante, expresó su preocupación por la coincidencia entre esta decisión judicial y la reciente entrada en funciones del nuevo Poder Judicial del Estado, así como por el vínculo familiar del sentenciado con la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial.
El legislador señaló que este caso pone en tela de juicio la independencia del Poder Judicial, así como la aplicación de criterios claros en la ejecución de penas para delitos de alto impacto. “Permitir que un secuestrador sólo se interne en el penal de viernes a domingo es, a todas luces, una burla a la seriedad de la pena y un riesgo innecesario para la sociedad”, subrayó el diputado.
En ese contexto, solicitó al titular de la Fiscalía General del Estado un posicionamiento oficial respecto a diversos aspectos procesales del caso, incluyendo la argumentación jurídica empleada para impugnar la medida, la asignación de nuevos jueces y salas, y las garantías de transparencia y legalidad en la próxima audiencia de revisión. También pidió claridad sobre si este caso refleja un patrón preocupante desde la implementación del nuevo modelo judicial en la entidad.
Torres Estrada incluyó preguntas directas sobre el impacto social del caso, la confianza institucional y la necesidad de revisar los criterios de aplicación de la figura de semilibertad en delitos graves como el secuestro. En sus palabras, el Congreso debe fungir como garante del equilibrio de poderes y vigilar que el sistema de justicia penal no sea vulnerado por influencias o decisiones discrecionales.
La Fiscalía aún no ha emitido respuesta oficial a los cuestionamientos planteados por el legislador. El caso ha generado amplias reacciones en la opinión pública, tanto por el tipo de delito como por el aparente conflicto de interés, y ha puesto sobre la mesa el debate sobre la idoneidad del uso de medidas de semilibertad en delitos de alto impacto, así como el papel de los órganos internos de control en el Poder Judicial.
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