En México, el lavado de dinero a través del mercado inmobiliario se ha convertido en un fenómeno preocupante que afecta la oferta y demanda real de varias entidades. Estados como Jalisco, Sinaloa y la Ciudad de México son ejemplos claros de cómo la inyección de capital ilícito distorsiona los precios de la vivienda, generando un aumento significativo en los costos de propiedades que permanecen vacías y sin vender.
Ciudad de México (ADN/Staff) .- De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), las pérdidas fiscales ocasionadas por el uso del sector inmobiliario para el lavado de dinero ascendieron a 174.980 millones de pesos entre 2018 y 2023.
Este contexto ha llevado a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos imponga sanciones a individuos y empresas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), muchas de las cuales operan en el sector inmobiliario.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha señalado que estas organizaciones criminales utilizan el mercado inmobiliario como un medio para legitimar sus ingresos ilícitos.
La dinámica del mercado inmobiliario presenta características que facilitan el lavado de dinero. Según Maribel Vázquez, directora de Grupo 360, las transacciones suelen involucrar montos elevados, frecuentemente pagados en efectivo.
Además, las operaciones pueden realizarse mediante contratos privados y sobreevaluaciones, lo que otorga una apariencia de legalidad a los fondos. Este fenómeno no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también provoca un incremento en los precios del mercado, ya que se inyectan grandes sumas de dinero sin una justificación real en la oferta y la demanda.
En Puerto Vallarta, una de las ciudades más afectadas, el precio promedio por metro cuadrado ha aumentado un 176,6% desde 2021. Las autoridades estadounidenses han identificado empresas en esta zona que operan fraudes con tiempos compartidos y que son utilizadas como fachada para el lavado de dinero. Sinaloa, el segundo estado con mayor encarecimiento de la vivienda, ha visto un aumento del 32,7% en los precios desde 2018, solo superado por Baja California.
El impacto del lavado de dinero en el mercado inmobiliario mexicano también se extiende a Estados Unidos. El Departamento del Tesoro ha indicado que entre el 20 y el 30% de las transacciones en su mercado inmobiliario no cumplen con los requisitos de regulación. En el último año, inversores mexicanos han inyectado 1.400 millones de dólares en este sector, de los cuales el 50% se pagó en efectivo.
Esto sugiere que el dinero ilícito que entra al mercado estadounidense proviene en gran medida de actividades delictivas en México.
La interconexión entre los mercados inmobiliarios de ambos países resalta la necesidad de una cooperación binacional para abordar el problema del lavado de dinero. La directora de Grupo 360 enfatiza que los casos que emergen en un país pueden servir como señales de alerta para el otro, lo que subraya la importancia de un enfoque conjunto en la lucha contra este fenómeno que impacta tanto la economía como la integridad del mercado inmobiliario.
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