Permite TEJA recuperar millonaria pensión a José Alfredo Ramírez Rentería y María Eugenia García Hernández, ediles en las administraciones del “Teto” Murguía.
Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Mientras en otras entidades se castiga con cárcel a quienes obtienen jubilaciones fraudulentas, en Chihuahua las autoridades del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) permiten y legalizan este tipo de abusos, lo anterior publicando en la página https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/08/31/1114321.
Exregidores de Ciudad Juárez, José Alfredo Ramírez Rentería y María Eugenia García Hernández, recuperaron una pensión vitalicia cercana al millón de pesos anual en conjunto, a pesar de señalamientos por posibles delitos como fraude procesal, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con jubilados inconformes, ambos exregidores lograron que el magistrado Alejandro Tavares Calderón ordenara reactivar sus pagos, ignorando las irregularidades que ya habían provocado la suspensión de dichas pensiones durante cinco años, tras denuncias interpuestas en la administración de Armando Cabada.
Según los quejosos, estos exfuncionarios utilizaron su cargo como regidores para tramitar las pensiones, a pesar de que el Reglamento de Pensiones del Municipio prohíbe explícitamente que regidores, síndicos y presidentes municipales coticen al fondo de jubilaciones por tratarse de cargos de elección popular y no de empleados de base.
El malestar se intensificó luego de que los exregidores se presentaron días atrás en reuniones de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Juárez para presumir la recuperación de sus pagos, sin considerar el impacto que representa para las finanzas municipales y el agravio hacia quienes sí cumplieron con los requisitos para jubilarse de forma legítima.
Se buscó la postura del presidente de la Asociación de Jubilados, quien afirmó que revisará la información en asamblea, aunque aclaró que la agrupación no tiene facultades legales para otorgar o cancelar pensiones, ya que esa responsabilidad corresponde al gobierno municipal y las instancias de justicia.
Ahora, se espera que el Ayuntamiento de Juárez valore la posibilidad de denunciar estos hechos ante la Fiscalía Anticorrupción para recuperar los recursos públicos que se han entregado de forma irregular, así como solicitar al órgano de control del TEJA que revise la resolución que restituyó estas pensiones, con el fin de revertir una decisión que, de acuerdo con los inconformes, constituye un caso de “cosa juzgada fraudulenta”.
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