Afirma que el informe de situación no es un cierre, sino el punto de partida para soluciones de fondo con visión de Estado.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de la sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Yesenia Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del PAN y secretaria de la Comisión Especial para la Atención Inmediata de la Problemática de Pensiones Civiles del Estado (PCE), reconoció las acciones implementadas por el gobierno de Maru Campos para hacer frente a la crítica situación que atraviesa el sistema de pensiones en la entidad.
Tras recibir el informe presentado por el director general de PCE, Heriberto Miranda Pérez, Reyes subrayó que la crisis actual no es producto de esta administración, sino de décadas de decisiones postergadas y omisiones que derivaron en una estructura insostenible. No obstante, destacó que ahora existe una voluntad política firme para tomar decisiones de fondo, con transparencia y responsabilidad.
La legisladora panista enlistó diversas medidas ya en marcha, como el fortalecimiento de los servicios médicos en las principales ciudades del estado —Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Delicias— así como la incorporación de herramientas digitales que han agilizado y transparentado la atención, como el expediente médico electrónico y la fila virtual.
Asimismo, mencionó la reciente apertura para la consulta de saldos de cuentas individuales como una muestra del compromiso con la transparencia y la generación de confianza en el sistema de pensiones.
Reyes enfatizó que el informe presentado no debe interpretarse como un cierre, sino como el inicio de una ruta clara de trabajo conjunto entre poderes, para revisar y adecuar las herramientas jurídicas, presupuestales y administrativas que se requieran para asegurar la viabilidad de Pensiones Civiles sin vulnerar derechos laborales ni adquiridos.
Finalmente, puntualizó que el rescate del sistema no puede depender de actos aislados ni de medidas temporales, sino de una visión de Estado que garantice justicia, sostenibilidad y dignidad para quienes han dedicado su vida al servicio público, desde maestros hasta personal médico y administrativos. “La garantía de los derechos adquiridos no es un acto de generosidad, es un deber ineludible del Estado”, concluyó.
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