En días pasados se hicieron declaraciones cuestionando la política de universalidad de los derechos sociales del gobierno de la Cuarta Transformación. Se argumentó que ofrecer apoyos a la población es insostenible y convierte al gobierno en un simple benefactor que “regala dinero”.
Reiteradamente, el PRIAN sostiene que dar becas a personas mayores, con discapacidad o jóvenes es regalar dinero. Lo que ignoran es que el dinero no es del gobierno, sino del pueblo. Los recursos públicos provienen de las contribuciones ciudadanas y deben reinvertirse en una sociedad más justa, segura y equitativa.
El PAN, sin embargo, cree que los impuestos le pertenecen al gobierno y a la llamada burocracia dorada. Un ejemplo claro fue el dictamen aprobado en el Congreso local que otorga jubilaciones anticipadas a jueces y magistrados. Acción Nacional argumentó que este derecho no afectaría a los contribuyentes porque se pagaría con recursos del Poder Judicial. ¿Pero acaso ese dinero no proviene también de los impuestos de la ciudadanía?
Se lucha por un retiro digno, pero la propuesta del PRIAN dista de ser justa y equitativa. Se pretende garantizar a ciertos funcionarios una pensión de por vida con recursos públicos, cuando la mayoría de los trabajadores carecen de este derecho.
El PRIAN ha votado a favor de que servidores públicos con solo 10 años de servicio reciban una pensión mensual de al menos 60 mil pesos. Mientras tanto, miles de trabajadores en el sector público y privado enfrentan dificultades para acceder a una jubilación digna. Muchos magistrados y jueces—hombres en edad laboral con estudios de posgrado pagados con dinero público—se dicen afectados porque se han truncado sus carreras.
¿Pero acaso mis compañeros legisladores han pensado en los jóvenes cuya educación se ha visto truncada por falta de becas? Mientras la élite burocrática disfruta estudios de maestría y doctorado con recursos públicos, el PAN considera una dádiva devolverle al pueblo lo que es suyo a través de becas y programas sociales.
Solo con lo que se destinaría a la jubilación de un juez con 10 años de antigüedad—61 mil pesos al mes—se podría financiar la educación de 64 adolescentes en secundaria.
Le pregunto a los panistas: ¿por qué en lugar de defender los privilegios de una cúpula con patrimonio y estudios asegurados, no exigen al gobierno estatal y municipal firmar convenios con la federación para universalizar la inversión en nuestros jóvenes?
Brenda Ríos
Orgullosa Chihuahuense. Amo y respeto la naturaleza. Soy mamá de Alex Benjamin, Austria Camila y esposa de Alex LeBaron. Mi pasión siempre ha sido el servicio público/civil, me inspira luchar por grandes causas que cambien el mundo. Empresaria agrícola y consultora ambiental.
