Documentos y registros digitales implican a la síndica de Juárez, Esther Mejía, en la organización de una protesta en un fraccionamiento privado, desatando controversia y medidas disciplinarias en su contra.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La tranquilidad del exclusivo fraccionamiento de Ciudad Juárez se vio interrumpida por una protesta que, según documentos y registros digitales, apuntan a la síndica del gobierno local, Esther Mejía, como la persona que facilitó el acceso al grupo de manifestantes. A pesar de sus negativas, las evidencias digitales indican su presunta responsabilidad en el incidente que ha generado una ola de indignación entre los vecinos y medidas disciplinarias en su contra.
El evento, que colocó en el foco público a Mejía, ha suscitado críticas por poner en riesgo la seguridad de las familias residentes y por la implicación de figuras políticas en acciones que trascienden los límites de la protesta pacífica. Según registros, hubo nueve entradas al domicilio de la síndica el día del incidente, sugiriendo que su casa fue utilizada como punto de acceso para los manifestantes, quienes no buscaban visitarla a ella sino dirigirse a la vivienda de otro vecino, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.
Adriana Fuentes, vecina de ambos políticos, expresó su preocupación por la seguridad de los juarenses, mientras que Pablo Cuarón, empresario y miembro del comité de vecinos, detalló cómo se revisaron meticulosamente los registros digitales y las grabaciones de las cámaras de vigilancia para identificar a los responsables.
La respuesta del comité de vecinos no se hizo esperar: además de recuperar audios, videos y toda evidencia relacionada, se han tomado acciones contra Mejía, incluida la inhabilitación de sus tags de acceso al fraccionamiento hasta el próximo 11 de marzo. Esta medida refleja el rechazo unánime a su presunta conducta y la determinación de mantener la integridad y seguridad del fraccionamiento.
La situación ha generado un debate más amplio sobre la politización de espacios privados y la responsabilidad de los servidores públicos en la promoción de un clima de respeto y seguridad. La implicación de Mejía en este incidente, aún negándolo fervientemente, pone en relieve la complejidad de las dinámicas políticas locales y el impacto que pueden tener en la cohesión comunitaria.
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