Según las autoridades, se efectuaron 14.260 arrestos durante la ‘Operación Gatillo IX’, llevada a cabo entre el 12 de marzo y el 2 de abril.
Ciudad de México (VOA) – Interpol declaró el martes que la mayor operación contra armas de fuego llevada a cabo en Centroamérica y Sudamérica había resultado en el decomiso de miles de armas ilegales y de drogas por un valor de 5.700 millones de dólares, gracias a la cooperación sin precedentes de 15 países.
La organización policial internacional añadió que las autoridades centroamericanas y sudamericanas habían efectuado 14.260 arrestos durante la ‘Operación Gatillo IX’, llevada a cabo entre el 12 de marzo y el 2 de abril.
“El hecho de que una operación dirigida contra las armas de fuego ilegales haya dado lugar a incautaciones de droga tan masivas es una prueba más, si se necesitaba, de que estos delitos están entrelazados”, declaró en un comunicado el secretario general de Interpol, Juergen Stock.
En la operación se localizaron 8.263 armas de fuego ilícitas y casi 306.000 cartuchos, así como 203 toneladas de drogas y 372 toneladas de precursores de drogas. 11 personas fueron rescatadas en Paraguay cuando las autoridades desmantelaron una red de trata de seres humanos, informó Interpol.
Según las fuerzas de seguridad, el año pasado se registró un aumento de la violencia relacionada con las drogas, alimentada por el tráfico de armas de fuego ilegales. En la operación también se descubrieron casos de corrupción, fraude, delitos contra el medio ambiente y actividades terroristas.
En la operación participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
La operación se produce en un momento en que México, respaldado por 16 estados de Estados Unidos y algunos países caribeños, interpone una demanda civil contra los fabricantes de armas estadounidenses para responsabilizarlos de facilitar el tráfico de armas a través de la frontera.
Más de la mitad de las “armas del crimen” recuperadas y rastreadas en Centroamérica proceden de Estados Unidos, según la agencia estadounidense de control de armas ATF. Este nivel se acerca al 70 % en el caso de México y ronda el 80 % en el Caribe.
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