Horas antes de la votación que tuvo lugar el 7 de septiembre, el presidente evitó expresar su opinión sobre el aborto, ante una pregunta sobre la discusión que sostenían los ministros de la Corte Suprema.
El gobernante esgrimió que es un tema muy controvertido, y que un jefe del Ejecutivo federal debe evitar el “desgaste” que supone participar en ese debate.
“Deben entenderse las cosas: yo no puedo por la investidura presidencial exponerme a un desgaste, entonces tengo que cuidarme; este asunto es bastante polémico”, dijo el gobernante en conferencia de prensa.
Ante la insistencia de los periodistas, López Obrador, quien suele eludir ese tema desde su campaña electoral, propuso: “lo tienen que resolver las mujeres, el pueblo, y en este caso lo está atendiendo el Poder Judicial”.
En cambio, el presidente del máximo tribunal mexicano, Arturo Zaldívar, expresó en el debate que desde hace diez años sostiene “que hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo”, y agregó que “criminalizar a la mujer, sobre todo a la más pobre y vulnerable, es profundamente injusto y abiertamente inconstitucional”.
El código penal declarado inconstitucional señala que “comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo”.
Con ese argumento, la ley de Coahuila establecía que se impondría “de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella”, medida que ha quedado eliminada.