Hay una ofensiva republicana en varios estados por aprobar leyes que según ellos corrigen debilidades del sistema electoral, pero que los demócratas dicen buscan limitar el voto de las minorías. El Fiscal General Merrick Garland dijo que combatirá enérgicamente cualquier esfuerzo por limitar el voto de las minorías.
Washington (VOA/) – El Fiscal General de Estados Unidos Merrick Garland advirtió el viernes que el Departamento de Justicia se opondría enérgicamente a los esfuerzos estatales para imponer nuevas restricciones a los derechos de voto de muchos estadounidenses, particularmente los negros y otras minorías.
“Estamos examinando nuevas leyes que buscan frenar el acceso, y cuando veamos violaciones, no dudaremos en actuar”, dijo Garland en un discurso en el Departamento de Justicia en el que anunció que su agencia duplicaría su personal de aplicación de los derechos de voto. durante los próximos 30 días.
“También estamos examinando las leyes y prácticas actuales para determinar si discriminan a los votantes negros y otros votantes de color”, dijo Garland, y agregó que la investigación que muestra que los votantes no blancos esperan “mucho más” que sus homólogos blancos es de particular preocupación para emitir sus votos.
Garland criticó las recientes auditorías republicanas de los votos contados y certificados repetidamente emitidos en las elecciones de noviembre de 2020, diciendo que ponen en peligro la integridad del proceso de votación y socavan la confianza pública en las elecciones.
El Departamento de Justicia envió recientemente una carta a un importante legislador republicano en Arizona expresando preocupación por la legalidad de una auditoría postelectoral en el condado más grande del estado, dijo Garland. En respuesta, los republicanos pusieron en suspenso los planes para sondear a los votantes como parte de la auditoría.
El fiscal general también expresó su preocupación por un “aumento dramático de amenazas violentas” contra los administradores y trabajadores electorales, y prometió que el Departamento de Justicia investigaría y enjuiciaría cualquier violación de la ley federal.
Los funcionarios electorales republicanos y sus familiares en Georgia, por ejemplo, han sido blanco de mensajes amenazantes de los partidarios del expresidente Donald Trump meses después de que Trump perdiera el estado y las elecciones.
“Tales amenazas socavan nuestro proceso electoral y violan una gran cantidad de leyes federales”, dijo Garland.
Con 61 proyectos de ley que se están abriendo paso en las legislaturas estatales el Centro Brennan advirtió el mes pasado que Estados Unidos estaba “en camino de superar con creces su período más reciente de supresión significativa de votantes de 2011”.
Los republicanos han defendido las nuevas leyes como necesarias para que las elecciones sean más seguras y transparentes. Hans von Spakovsky, un miembro legal de la conservadora Heritage Foundation, dijo que las leyes recientes que Garland criticó buscan “arreglar las vulnerabilidades que existen en nuestro sistema electoral”.
“No son discriminatorios y, contrariamente a sus tergiversaciones, protegen la justicia y la integridad del proceso electoral para todos los votantes”, dijo Spakovsky en un correo electrónico.
Esa disposición requería que los estados con un historial de discriminación contra los afroamericanos obtuvieran la aprobación previa del Departamento de Justicia o la corte federal en Washington antes de cambiar sus procedimientos de votación. Pero la Corte Suprema anuló la disposición en 2013, lo que llevó a lo que Garland llamó un “aumento dramático en los esfuerzos legislativos” que dificultan el voto de millones de estadounidenses.
Garland, un ex juez federal cuya nominación a la Corte Suprema en 2016 fue bloqueada por los republicanos del Senado, dijo que la decisión del tribunal superior de 2013 eliminó “la herramienta más eficaz del departamento para proteger los derechos de voto durante el último medio siglo”.
Instó al Congreso a aprobar la Ley de Promoción del Derecho al Voto John Lewis, diciendo que le daría al departamento las herramientas que necesita para hacer cumplir las leyes del derecho al voto.
El proyecto de ley, que lleva el nombre del Representante John Lewis, el fallecido ícono de los derechos civiles, establecería nuevos criterios para determinar qué estados deben obtener la aprobación del Departamento de Justicia antes de cambiar sus leyes de votación.
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