En México llevamos siglos haciendo algo que los gobiernos nunca han terminado de aprender a soportar: burlarnos del poder.
Antes fueron los carteles, los pasquines, los periódicos y los moneros. Después llegaron la radio, la televisión y las revistas. Hoy son los memes, las parodias, los videos y las redes sociales. Cambió la tecnología, pero no cambió el mexicano: cuando algo le molesta, le indigna o simplemente le parece absurdo, encuentra la manera de decirlo y muchas veces lo dice con humor.
Por eso resulta preocupante que desde el Gobierno Federal se impulsen reformas que, bajo el argumento de proteger derechos de autor y propiedad industrial, han encendido las alarmas por sus posibles efectos sobre la sátira, la parodia y la crítica política.
La llamada “ley antimemes”, que no es el nombre oficial de ninguna ley ni establece, por sí misma, una prohibición general de los memes. Pero el problema está precisamente en lo que puede ocurrir cuando una legislación abre espacios para sancionar contenidos que utilizan imágenes, símbolos o elementos protegidos. La discusión no es menor cuando hablamos de expresiones que forman parte del debate público.
Y aquí aparece una cifra que debería hacernos levantar la ceja: las sanciones propuestas pueden alcanzar, en determinados supuestos relacionados con infracciones a derechos de autor, hasta 40 mil UMA, es decir, 4 millones 692 mil 400 pesos, ya que el proyecto contempla multas desde 5 mil hasta 40 mil UMA, dependiendo de la infracción.
No significa que alguien vaya a recibir automáticamente una multa millonaria por compartir un meme. La sanción dependería de que se acreditara una infracción específica y de la forma en que finalmente quede redactada la reforma. Pero tampoco es un detalle menor que una regulación sobre contenidos digitales contemple multas de semejante magnitud.
Porque entonces la pregunta deja de ser solamente qué se puede publicar.
También es qué tanto miedo puede producir una sanción de ese tamaño en quien pretende criticar.
Y hay un segundo frente todavía más delicado.
La reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial enviada por el Ejecutivo incluyó disposiciones sobre el uso de la identidad gráfica institucional del gobierno. El dictamen generó polémica porque su redacción inicial fue interpretada por críticos como susceptible de alcanzar memes, caricaturas y parodias. Posteriormente, el texto fue modificado en comisiones del Senado para acotar las sanciones al uso comercial de elementos oficiales con fines de engaño o ilícitos.
Pero aquí hay una pregunta que debería hacerse cualquier gobierno, de cualquier partido:
¿Por qué intentar ponerle límites a la expresión cuando se puede simplemente responder a la crítica?
Porque el problema no es que existan memes. El problema sería que el poder comenzara a sentirse con derecho a decidir cuáles expresiones le resultan aceptables.
México tiene una tradición enorme de crítica política mediante el ingenio. Los moneros han convertido presidentes, gobernadores, funcionarios y decisiones gubernamentales en personajes de una viñeta. Y muchas veces una caricatura ha conseguido decir en unos cuantos trazos lo que diez discursos oficiales no pudieron explicar.
Eso también es libertad de expresión.
Un ciudadano no necesita redactar un ensayo jurídico para manifestar su inconformidad. Puede hacerlo con una frase, una fotografía intervenida, un dibujo, una caricatura o un meme. El humor político es, muchas veces, una forma de participación ciudadana.
Y sí, puede ser incómodo.
Precisamente por eso sirve.
Un gobierno que escucha solamente lo que le gusta termina rodeado de aduladores. Un gobierno que escucha también lo que le incomoda, tiene la oportunidad de corregir.
La crítica no se combate prohibiéndola. Se responde con argumentos.
Porque hay algo particularmente peligroso en intentar silenciar la burla: cuando el poder ya no puede convencer, empieza a querer controlar quién puede hablar.
Y eso sí debería preocuparnos.
Porque México no necesita menos voces. Necesita que quienes gobiernan tengan la piel suficientemente gruesa para soportar una caricatura, un meme, una crítica y hasta una buena carcajada a costa suya.
Después de todo, si una imagen con letras grandes y un poco de ingenio puede poner nervioso al poder, quizá el problema no está en el meme, si no en aquello que el meme está diciendo.
Raúl García Ruiz
Autor de los libros "Puentes Azules" "Arquitectura Azul" y “SynDike”
Especialista en resolución de conflictos y mediador en instancias gubernamentales. Relacionista Público tanto con iniciativa privada como con los diversos organismos públicos. Actualmente se desempeña como Recaudador de Rentas del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez.
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