Mientras el Gobierno de México ha dado pasos importantes para garantizar el derecho humano a una vivienda digna, especialmente para las familias de menores ingresos, el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, continúa rezagado, sin un programa integral que responda a esta necesidad básica de la población de Chihuahua.
Desde el ámbito federal, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha comenzado a construir directamente viviendas accesibles, priorizando la calidad, la ubicación y la cercanía a servicios esenciales como escuelas, centros de salud y transporte público. Paralelamente, el programa Mi Primera Vivienda ha abierto nuevas oportunidades para jóvenes y personas sin acceso tradicional al crédito hipotecario, demostrando un compromiso claro con el principio de que la vivienda no es un privilegio, sino un derecho.
En contraste, en Chihuahua no existe un programa estatal que articule políticas públicas eficaces para garantizar ese derecho. Si bien hay esfuerzos aislados, como subsidios esporádicos o convenios con desarrolladoras privadas, la falta de una estrategia clara y sostenida deja en situación de vulnerabilidad a miles de familias chihuahuenses que viven en condiciones precarias, en hacinamiento o en viviendas improvisadas porque sus ingresos no les permiten acceder al mercado privado de vivienda, principalmente por los montos solicitados como enganche.
De acuerdo con el último censo del INEGI, más del 12% de las viviendas en Chihuahua presentan carencias estructurales graves: techos de lámina, pisos de tierra o acceso limitado a servicios básicos. Estas cifras no solo revelan una realidad alarmante, sino que también exponen la falta de prioridad que la vivienda ha tenido en la agenda del Gobierno del Estado.
Además, el encarecimiento del suelo urbano y el crecimiento desordenado de las ciudades están dejando fuera del mercado formal a quienes más necesitan una solución habitacional. Sin un papel activo del estado para planificar, facilitar el acceso a suelo asequible y coordinar acciones con los municipios, difícilmente se podrá revertir esta tendencia.
Ante esta situación, el pasado 8 de mayo presenté un exhorto al Gobierno del Estado de Chihuahua solicitando la creación de un programa estatal de vivienda digno, accesible y con visión de justicia social. La iniciativa no solo pone sobre la mesa una problemática ignorada por las autoridades estatales, también plantea la urgencia de una respuesta institucional que garantice el derecho constitucional a una vivienda adecuada.
El exhorto representa un llamado directo al Ejecutivo estatal para asumir su responsabilidad en esta materia. No se trata de una demanda política aislada, sino de una propuesta que busca incidir positivamente en la vida de miles de familias chihuahuenses que hoy enfrentan condiciones de precariedad habitacional. Es una oportunidad para que el gobierno estatal corrija el rumbo, se sume al esfuerzo federal y construya —literal y políticamente— un futuro más justo para los sectores más vulnerables.
El artículo 4º de la Constitución establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Este mandato legal y ético no debe ser letra muerta en Chihuahua. El Gobierno del Estado tiene la obligación de diseñar una política estatal de vivienda inclusiva y dotarla del presupuesto y la institucionalidad necesarias.
Si no es posible crear un fondo para la construcción de vivienda, al menos buscar la firma de un acuerdo con el Gobierno Federal para abrir el acceso a la posibilidad de adquirir una vivienda digna a todos los chihuahuenses.
Hoy más que nunca, cuando los esfuerzos federales avanzan para cerrar brechas históricas, es indispensable que el Gobierno de Chihuahua no se quede atrás. Es tiempo de construir no solo casas, sino un verdadero horizonte de justicia y dignidad.
Pedro Torres
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