La reciente aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, me deja con una mezcla de inquietud y escepticismo. Porque aunque sobre el papel se presenta como una modernización necesaria con la promesa de ampliar cobertura digital, proteger a las audiencias y reorganizar los órganos reguladores, no puedo evitar preguntarme: ¿a qué costo?
Me preocupa, por ejemplo, que aunque se eliminó el artículo que permitía al Ejecutivo bloquear plataformas digitales, la ley aún contempla la posibilidad de sancionar contenidos considerados “contrarios al interés público”. Y me pregunto con toda seriedad: ¿quién va a definir qué es lo que está en contra del interés público? ¿Bajo qué criterios y con qué garantías?
Veo con desconfianza que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo que durante años funcionó con relativa autonomía, haya sido sustituido por agencias nuevas, creadas desde el poder legislativo pero con perfil político. ¿Será este un paso hacia una regulación moderna o hacia un mayor control institucional?
Y mientras tanto, quienes estamos en medios o generamos contenido digital desde periodistas hasta creadores independientes, también tenemos razones para estar alertas. Las restricciones a la difusión de propaganda extranjera, por ejemplo, podrían terminar afectando alianzas comerciales, voces críticas o cualquier contenido que alguien decida interpretar como “ideológico”. Eso abre la puerta a la discrecionalidad, y en México, ya sabemos a dónde lleva eso.
Otro punto que es necesario analizar es la facultad legal de las autoridades para acceder a datos personales como geolocalización e historial de llamadas, aún con orden judicial. Es cierto que esta disposición ya existía desde 2014, pero en tiempos en que la vigilancia selectiva se normaliza, cualquier herramienta legal mal usada puede convertirse en un arma contra el disenso.
La presidenta Sheinbaum ha dicho que no hay intención de censura ni espionaje. Quiero creerlo. Pero también creo que las leyes deben evaluarse no por lo que prometen, sino por cómo pueden usarse… o abusarse.
Esta reforma podría ser una oportunidad para fortalecer derechos y cerrar brechas digitales, pero también puede derivar en una sutil pero peligrosa forma de control sobre los medios y la libertad de expresión.
Por eso lo digo con claridad: esta ley requiere una vigilancia activa, una participación informada de la sociedad civil y una firme defensa de los espacios libres de expresión.
Nora Sevilla
Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación.
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