La mentira y la corrupción suelen caminar de la mano. Cuando un gobierno recurre a la desinformación para desacreditar a sus adversarios, mientras enfrenta cuestionamientos sobre la conducta de sus propios integrantes, la credibilidad institucional se erosiona y la confianza ciudadana termina pagando el precio.
En Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha construido buena parte de su discurso político sobre acusaciones dirigidas a sus opositores. Entre ellas, afirmó que la dirigente nacional de Morena y la senadora Andrea Chávez estaban involucradas en la venta de terrenos en zonas protegidas de la Sierra Tarahumara. Se trata de un señalamiento de enorme gravedad que exige pruebas contundentes. En un Estado de derecho, no basta con lanzar acusaciones; corresponde sustentarlas con evidencias y permitir que las autoridades competentes determinen responsabilidades.
Al mismo tiempo, han surgido cuestionamientos públicos relacionados con la presunta participación accionaria de la gobernadora en una empresa inmobiliaria que habría celebrado contratos con el propio gobierno estatal. Si esos hechos llegaran a acreditarse, representarían un conflicto de interés de enorme trascendencia y abrirían un serio debate sobre la ética en el ejercicio del poder y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y legalidad.
La contradicción política resulta evidente. Quien acusa debe estar dispuesto a rendir cuentas con el mismo rigor que exige a los demás. No es aceptable utilizar la tribuna del poder para señalar a adversarios mientras permanecen sin una explicación suficiente los cuestionamientos que recaen sobre la propia administración.
La honestidad pública no puede ser selectiva. La lucha contra la corrupción pierde legitimidad cuando se convierte en un instrumento para atacar políticamente a unos y guardar silencio respecto de los señalamientos que involucran al propio gobierno. La ciudadanía merece gobernantes que hablen con la verdad, presenten pruebas cuando formulen acusaciones y respondan con transparencia cuando existen dudas sobre su actuación.
La democracia no se fortalece con campañas de desprestigio ni con afirmaciones sin sustento. Se fortalece cuando la verdad prevalece sobre la propaganda, cuando la ley se aplica sin distingos y cuando ningún servidor público, sin importar el cargo que ocupe, está por encima del escrutinio ciudadano. Porque la mentira y la corrupción comparten un mismo rasgo: ambas destruyen la confianza pública. Y recuperar esa confianza siempre resulta mucho más difícil que perderla.
La confianza ciudadana en la gobernadora María Eugenia Campos Galván se diluye conforme ella miente cada vez con mayor frecuencia y desvergüenza y se van descubriendo actos de corrupción en los que ella pudiera tener relación directa.
Pedro Torres
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