Hace ya más de 70 años, el Congreso del Estado se daba a la tarea de hacer una revisión a la carta magna de 1921 para en 1950 promulgar la Constitución Política del Estado de Chihuahua,  misma que actualmente nos rige. 

Setenta y dos años más tarde y ciento veintinueve reformas después, se ha buscado adaptar nuestra Carta Magna a las situaciones actuales, convocando este 2022 a iniciar los trabajos para una reforma integral a la Constitución estatal; hoy, tal como a mediados del siglo pasado compartimos con los entonces legisladores y el entonces gobernador Fernando Foglio Miramontes, la misma motivación: adaptar las disposiciones contenidas en nuestra ordenanza a las de nivel federal y adecuarla a las necesidades y demandas actuales de la sociedad chihuahuense.

Podemos decir que la misma motivación sigue vigente a pesar del paso de los años, aún más cuando la participación ciudadana y los derechos de avanzada han encontrado espacio en nuestros instrumentos legales, por lo que con gusto iniciaremos las labores de análisis y reforma tomando lo ya alcanzado al respecto, como mínimo.

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Sin embargo, para llevar a cabo un proyecto de semejante trascendencia, no podemos dejar a los principales actores de lado; no me refiero a legisladores, dirigentes políticos y representantes de los tres poderes, quienes ya han sido convocados, me refiero a las y los ciudadanos para quienes esta nueva Constitución puede ser un parteaguas y quienes como ya he dicho, se han tomado como motivación para emprender dichas labores.

Sin denostar a la clase política, no podemos ser omisos en cuanto a la opinión ciudadana cuando de regular se trata. Ya en diversos espacios he aprovechado precisamente para hacer énfasis en la necesidad de incorporar a la ciudadanía y ejercer las atribuciones que mucho se celebraron en cuanto a participación, por lo que este sería el espacio idóneo para tales efectos.

Hemos de decir que, para realmente generar una constitución de avanzada, las reglas deben ser claras no solo para los entes de gobierno, sino para la población en general con independencia de si está agremiada o no; el respeto y progresividad son la vía hacia la transición al correcto ejercicio del gobierno.

Es necesario redactar una constitución que, mediante mecanismos vinculados garantice el derecho al medio ambiente, los derechos de la clase trabajadora y la apertura para la participación ciudadana en las labores parlamentarias, tomando además como base la transparencia en el ejercicio del gasto público y las acciones de fiscalización.

Veamos entonces la oportunidad de volcar estos trabajos no como una obligación del estado, sino como un derecho de la ciudadanía aprovechando que este ejercicio conjunto sea una oportunidad para las personas y los sectores que permanentemente han sido vulnerados; colocando a la gente primero, aprovechemos las condiciones actuales en las que la coincidencia y la buena disposición marca el inicio de un ejercicio histórico para Chihuahua. 

BenjaminICSA
Benjamín Carrera Chávez
Catedrático e Investigador en UACJ

Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.


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