TORRE FUERTE
- Exhibida presidencial, culpa de Juan Carlos
- ¡Que se vaya el gobernador!
- Solos, Cruz y Cabada
- Lalo Prieto, líder de UGCH
- OSC’s, amenaza y estorbo
- Sanciones a delincuentes electorales
Exhibida presidencial, culpa de Juan Carlos /
¿Quién?, si no el ‘Súperdelegado’ del gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa es el hombre responsable que debió haberle informado al presidente de México, sobre el ‘caos’ que vive la frontera durante los últimos días a causa de los migrantes que han llegado a estas tierras, los cierres parciales y la lentitud en los cruces fronterizos, además de la amenaza que se cierne del gobierno estadounidense que pretende cerrar la frontera sur con México.
Pero en este México surrealista nada de eso ocurrió, porque el ‘Súperdelegado’ de Morena, que es un buen cuate y un hombre honesto -pero carente de un equipo político capaz-, sigue cojeando del mismo pie, por la falta de verdaderos asesores y previsores de crisis, que lo pongan un paso adelante en todos los temas de la política que aborda el presidente de México y que necesariamente tienen un impacto específico en la frontera.
Parte de esa responsabilidad también puede atribuírsele a la gente de la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que Dios sabe si en el nuevo esquema de la 4ª transformación, tenga ojos y oídos en este punto del país, los suficientes para cuando menos informar realmente sobre las condiciones que prevalecen en la nación.
La exhibida que solito se dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hace un par de días en la capital mexicana en torno a la frontera y a los problemas que ocasionaron el ‘caos’ entre quienes cruzan diariamente los puentes fronterizos y la llegada de miles de migrantes que reclaman de la atención de los gobiernos en su intento por cruzar al ‘sueño americano’ o al llamado ‘American way of life’, se le factura políticamente al joven empresario y amigo del Jefe del Ejecutivo en Chihuahua, como una de las muchas tareas y responsabilidades que de ‘facto’ le corresponden como ‘súperdelegado’.
Juan Carlos Loera, es el hombre más cercano al presidente de México -porque así lo ha presumido el mismo funcionario-, y ahora le han fallado y de fea manera, sus asesores políticos y de comunicación en Ciudad Juárez.
Las súbitas declaraciones del mandatario mexicano en relación con la frontera y la situación que vive, fueron algo más que la ‘comidilla’ del día en los mentideros políticos. No hubo otro tema más importante que el análisis y la visión que tuvieron los fronterizos sobre las desacertadas declaraciones del presidente de México, que sólo lo hicieron ver como un presidente desinformado.
Un error imperdonable en el punto de conexión que une a México con uno de los países más poderosos del mundo.
“No tengo ese informe; mejor dicho, no está reportado que haya tránsito lento en la frontera. Las cosas están normales. Ese es el informe que yo tengo acerca de las garitas de la frontera”, dijo el presidente de México.
La percepción sobre la manera de hacer política de los funcionarios y hombres en la estructura del nuevo gobierno federal sigue quedando muy ‘rabona’ y por debajo de las expectativas de una sociedad cada vez más exigente, en un México, que como ellos citan, ya cambió y es otro.
El gran problema es que los responsables en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se han puesto las pilas y siguen atrapados en la ‘luna de miel’ que conquistó a todos los mexicanos el día de la elección de 2018.
Siguen sin despertar.
¿Quién?, si no Juan Carlos de la Rosa, el mismo hombre que ha informado al presidente de México, de los pormenores de la economía y del reclamo de los empresarios sobre las muchas dudas, era el indicado para reportarle al mandatario sobre las condiciones de crisis en este apartado punto en la frontera norte.
El tema fue evidentemente desestimado por el ‘súperdelegado’ y su equipo en Ciudad Juárez.
¡Que se vaya el gobernador! /
En algunos recónditos puntos del estado de Chihuahua, especialmente en Ciudad Juárez y en la capital del estado, diversos grupos de ciudadanos han empezado la tarea de reunir las firmas suficientes para exigir que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado deje el gobierno por su incapacidad de gobernar.
Es una tarea hormiga y casi ‘secreta’ que empieza a generarse en el magisterio y en los sindicatos, en las colonias populares y entre la gente que acuden a los centros comerciales.
Las listas de los firmantes avalan la urgente necesidad de que en los próximos meses el gobernador de Chihuahua deje sus tareas como mandatario en la entidad. El argumento es su “incapacidad” para hacerle frente al ejercicio de gobierno.
La percepción sobre la ausencia de obras en las principales ciudades, la carencia de servicios de salud, la falta de recursos y la habilidad para conseguir el dinero, amén de las múltiples quejas sobre corrupción de los de abajo en la estructura del gobierno, es total.
Quienes saben de los entuertos del poder, vaticinan que tarde o temprano -pero sí, tiempo antes de que concluya el quinquenio-, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral tendrá la necesidad de pedir ‘licencia’ para dedicarse a otras actividades.
Hay una revocación de mandato que ya ha sido aprobada por el Congreso, y que parece preocupar más a la oposición, sobre las posibilidades de reelección, que sobre el impacto inmediato que esta tiene para pedir la destitución formal de los presidentes, gobernadores y representantes en el poder político que le han fallado a los ciudadanos.
El mismo día en que los diputados subieron el punto de acuerdo sobre la iniciativa para iniciar el proceso de revocación de mandato, fue el mismo día en que el presidente de México anunciaba, coincidentemente, su gira por los estados del país, donde los gobernadores opositores al régimen del nuevo gobierno, fueron abucheados.
Existe una lectura política clara sobre los movimientos del presidente y del congreso en la agenda nacional.
Lo hemos dicho aquí que en política no existen casualidades, y eso debería de preocupar más a los diputados del PAN en el Congreso del Estado, que los argumentos esgrimidos sobre reelección.
La revocación es un instrumento para elegir y calificar el desempeño de funcionarios y gobernantes en el poder.
Más que las simpatías que pudiera acarrear la revocación de mandato con un impacto inmediato en las próximas elecciones, los diputados azules en Chihuahua deberían preocuparse y ocuparse más sobre la efectividad del gobierno.
Por lo pronto en varios puntos del estado, se han comenzado a levantar lista de ciudadanos que con su firma, piden la salida del gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
Solos, Cruz y Cabada /
El senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar sigue hasta ahora imparable en su proyecto político de 2021.
Se propagó en las redes sociales una encuesta sobre preferencias políticas, donde llama la atención, no la apabullada que en el papel le pone el ex diputado federal panista al presidente independiente de Juárez, Armando Cabada, sino a la ausencia de otros tiradores a la silla del gobernador Javier Corral, entre ellos, la alcaldesa panista, Maru Campos o al mismísimo delegado federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, que no fueron considerados, ni siquiera para despistar. Una sesgada encuesta de la empresa radiofónica.
La encuesta que recoge aparentemente el sentir de los ciudadanos, y que aún no concluye, corrió a cargo de la empresa de Mega Radio Noticias de José Luis Boone Menchaca, que pusieron muy por delante, con opinión de los ciudadanos en las redes sociales, a Cruz Pérez Cuéllar.
“Son muchas las menciones de la gente indicando que las elecciones se ganan en Juárez. Dicho lo anterior, en esta ocasión enfrentaremos a dos juarenses: Armando Cabada y Cruz Pérez Cuellar: ¿Por quién de ellos dos votarías?, fue la pregunta formulada en las redes sociales.
Y hasta anoche, según el último reporte de votos en las redes, con la participación de poco más de 6,376 personas las preferencias se inclinaban al senador de Morena, con 75% de las preferencias, en contra del 25% de Armando Cabada.
Hay mucha jiribilla y mucho en juego sobre la verdadera intención de la encuesta hecha por la estación de radio y difundida sobre la tempranera carrera por la sucesión al gobierno de Chihuahua.
Si las elecciones fueran este domingo, ¿Por quién de ellos votarías? #Decide#Opina.
Lalo Prieto, líder de UGRCH /
En Chihuahua el ganadero Eduardo Prieto resultó el ganador de la elección de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH).
Prieto tuvo 30 votos y su contrincante, Jorge Kostakuris 20 en la 83 Asamblea Anual de la Unión Regional.
Prieto que tiene más de ocho años con cargo en la mesa directiva, será el nuevo mandamás de los ganaderos en los próximos tres años en el estado de Chihuahua.
La álgida elección que estuvo reñida y cerrada hasta la definición y voto de los ganaderos, tiene a un nuevo líder de la ganadería en la entidad.
Federico ‘Lico’ Duarte deja la presidencia para entregársela al ganador de la justa.
En su mensaje a los asistentes, Prieto dijo que dará continuidad a los trabajos y proyectos pendientes.
OSC’s, amenaza y estorbo /
Lacerante la opinión que recientemente vertió la abogada y activista social, Imelda Marrufo en relación con la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que canceló, mediante la ‘Circular Uno’, enviada al gabinete legal y ampliado del ejecutivo federal en febrero pasado, los apoyos a las organizaciones de la sociedad civil.
La dirigente de Red Mesa de Mujeres, que participa desde hace unos meses como articulista en laverdadjuarez, el sitio digital de la periodista, Rocío Gallegos, planteó que el asunto en mención, no sólo ha generado la zozobra y la inconformidad y reacción de los organizaciones sociales, sino la lectura de una “política clientelar” en las que esas agrupaciones, no sólo estorban, sino que son vistas como una amenaza.
“La decisión de no transferir recursos a las OSC, se da en un contexto álgido que inicia con la suspendida y reactivada convocatoria de fondos a los refugios para mujeres víctimas de violencia. Posteriormente, con el aplazamiento de otras convocatorias como la del Fondo Proequidad del Instituto Nacional de las Mujeres y la de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social”, escribió Marrufo.
Para la activista juarense, existe un “clima de tensión” desde el pasado mes de diciembre, tras conocerse la pretensión de eliminar del presupuesto de egresos de la federación, los recursos para la transversalidad de la política de igualdad;
Se recortó a la mitad el dinero para las estancias infantiles y desaparecieron los fondos para la prevención del cáncer cervicouterino.
Según la activista social, la decisión presidencial que llevo a la cancelación de las estancias infantiles, incremento una “gran inconformidad” entre quienes se sintieron agraviadas (os), lo que detonó en los amparos que han sido presentados en los tribunales.
Una polarización, que en síntesis dibuja la maltrecha relación política y social de las organizaciones de sociedad civil con el nuevo gobierno, a pesar de que, como lo dice Imelda Marrufo, las OSC’s han sido la voz crítica ante la omisión de instituciones, aquiescencia y las simulaciones institucionales.
Y lo dicho desde hace tiempo en Torre Fuerte, el presidente de México, con información de primera mano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debe investigar a las organizaciones sociales que desviaron millones de pesos. Podría evitar generalizar en actos de corrupción que se atribuyen desde el poder, a todas las OSC.
“Al presidente Andrés Manuel debemos pedirle que presente la lista de las organizaciones, movimientos y fundaciones a los que se entregaron recursos públicos que fueron utilizados para un fin distinto del convenido”, escribió la activista.
Sanciones a delincuentes electorales /
La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó ayer por mayoría, el dictamen de reforma a los artículos 456 y 457 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo objetivo es darle a la autoridad electoral la facultad de sancionar a los servidores públicos que infringen la ley en dicha materia.
La iniciativa que fue promovida por el diputado de Morena, Pablo Gómez, establece que actualmente la responsabilidad de aplicar sanciones correctivas y de presentar las quejas o querellas en contra de los servidores públicos que violentan la ley electoral es de su superior jerárquico, lo que ha derivado en impunidad.
“En 2020 se cumplirán 30 años de un sistema en el que los servidores públicos que resultan infractores en materia electoral o que violan de alguna manera las leyes electorales en el ejercicio de su funcionamiento gozan o seguirían gozando de un estatus especial; la autoridad electoral no los puede sancionar, el asunto se turna al superior jerárquico, que generalmente no impone una sanción”, comentó el legislador.
Periodista y Analista Político.
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