Previo a la terminación del período ordinario de sesiones en mayo pasado, de la sexagésima quinta legislatura, se presentó en el Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto por medio de la que se propone reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil en materia de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. La reforma ya aprobada por la Cámara de Diputados tiene como propósito principal el robustecer el ejercicio de la soberanía del Estado Mexicano sobre su espacio territorial aéreo. Mantenerlo en su integridad y seguro para la aeronavegación.
Fundamentalmente las modificaciones van orientadas a:
- Establecer las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Fuerza Aérea Mexicana, con apoyo y coordinación de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en materia de protección, vigilancia y defensa del espacio aéreo;
- Armonizar el marco normativo existente para adecuar las competencias de las instancias civiles y públicas, como la Agencia Federal de Aviación Civil;
- Adecuar las funciones de las dependencias señaladas relacionadas con el control del espacio aéreo.
La industria aérea en nuestro país desempeña un papel central en el desarrollo económico sostenible a nivel regional y hasta mundial; promueve el turismo, facilita el comercio, nos conecta físicamente con amigos y familiares siendo también muy importante para el intercambio cultural de los pueblos. Por lo que asegurar su operación eficiente es una tarea prioritaria para el Estado.
De acuerdo con el Informe ”El Valor de la Aviación en México” de 2019, elaborado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), dicho sector contribuyó en ese año con más de 37 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto Nacional (PIB); es decir, el 3.5% del total y generó cerca de un millón y medio de empleos.
Según el Instituto Mexicano del Transporte, durante el pasado mes de febrero se trasladaron casi 9 millones de pasajeros en México entre vuelos nacionales e internacionales, lo que significó un aumento de más del 25% en comparación con febrero de 2022.
De igual manera ocurre con el flujo de mercancías, pues con base en cifras del reporte citado, en febrero de 2022 se movieron cerca de 76 mil toneladas de carga aérea; es decir, 0.6% más que lo transportado en el mismo mes del año anterior.
Desafortunadamente en la actualidad la expansión global de esta industria ha superado los avances reglamentarios y de infraestructura necesarios para la seguridad del espacio aéreo, lo que incrementa los riesgos ante fenómenos adversos transnacionales y multifactoriales como el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando, la trata de personas y demás actividades propias del crimen organizado.
Según el Informe del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2021, es decir en tres años, se emitieron 720 alertas para la intercepción y seguimiento de aeronaves por probables actividades ilícitas.
Es por ello importante dimensionar la importancia de los cambios propuestos y lo relevante de garantizar la seguridad de este sistema de movilidad a nivel nacional, regional e internacional, para mantener la confianza comercial y turística necesarias para nuestro desarrollo económico.
Una vez promulgadas estas reformas, el Estado Mexicano podrá disponer de mejores mecanismos para atender los desafíos emergentes relativos a la seguridad del espacio aéreo, específicamente aquellos relacionados con actividades ilícitas y de esa manera contribuir a la construcción de la paz, a la prevalencia del estado de derecho, al fortalecimiento de nuestra soberanía y a la vigencia efectiva de los derechos humanos.
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
