El principal problema de México es la desigualdad social, su rostro es la pobreza. El atorón estructural está en la corrupción de su clase política y empresarial, su rostro es la impunidad. Endémico entre nuestros males nacionales, el de la corrupción se ha vuelto a colocar con el regreso del PRI al poder como un elemento ineludible para entender diversos fenómenos sociales que hoy tienen presencia, como variable inevitable en cálculos de negocios y en negociaciones políticas.
El PRI encarna un modelo de negociación inconfiable, porque es intrínsecamente traicionero. No puede cumplir una voluntad de cambio porque su objetivo es la permanencia; no puede ser democrático porque su estructura ósea es irremediablemente autoritaria. Y al final de cuentas eso es Peña Nieto, una hechura del PRI, disfrazado por un momento de reformador gracias al vestido que le regaló la oposición al firmar el Pacto por México.
A menos de dos años de su regreso a la Presidencia de la República están puestos distintos elementos que nos permiten afirmar que está en marcha la regresión autoritaria, tan temida en las elecciones pasadas, como real al día de hoy. El momento es desesperanzador, sobre todo porque es posible gracias a la fractura que se vive en los dos principales partidos de la oposición.
El PAN y el PRD se hacen pedazos; en las pugnas por el control directivo de ambos partidos, el PRI-gobierno sabe aprovechar la debilidad opositora para restaurarse e incluso darse el lujo de tratar de revertir las reformas constitucionales en las que basó su objetivo de legitimidad y saldar el déficit de confianza que la multimillonaria campaña presidencial de 2012 no pudo adquirir. La dinámica para disminuir, eludir o simplemente burlar en la legislación secundaria los avances constitucionales va de la mano con facciones panistas o perredistas en las dos Cámaras del Congreso.
Descartado de antemano un relevo inmediato en el poder presidencial, la división entre las oposiciones no obedece a diferencias programáticas, mucho menos ideológicas. Las fracturas internas responden a una disputa por la interlocución con el gobierno, para la defensa de variados intereses personales y de grupo. Con una porción del PAN y una del PRD el gobierno ha vuelto a tomar control de la autoridad electoral, ahora con mayores riesgos al tratarse se un órgano nacional. Por responsabilidad de otra facción del PAN y otra del PRD, el gobierno ha tomado control del IFAI. A veces el gobierno ni se despeina, son los mismos actores de la oposición dividida los que plantean como suyas propuestas del PRI-gobierno.
Se conjuga además que los intereses de las facciones partidistas en disputa son coincidentes en algunos casos con los del gobierno. No hay duda que existen áreas de convergencia, pero el intercambio de impunidades y privilegios indebidos a agentes económicos determinados ocupan el grueso de los acuerdos. Los intereses de la televisión son transversales a la oposición y al gobierno. Es la red de intereses más extendida y con el mayor número de operadores porque a todos ofrece el manto de su proyección, protección y promoción.
El PRI tiene el propósito de burlar la reforma electoral en el principal objetivo de ésta: desarrollar un modelo de autoridad nacional con el propósito de mantener su alianza estratégica con los gobernadores, los mecanismos de simulación del prorrateo de gastos de campaña para poder seguir rebasando los topes de gasto, las fuentes ilegales de financiamiento y su pacto con el duopolio de la televisión. Lo que sería un despropósito es que en esos objetivos contara con votos de la oposición.
Es el mismo camino por el que busca traicionar la reforma en Telecomunicaciones en lo que fueron sus principales razones: una mayor competencia en medios de comunicación electrónica, ensanchar las libertades informativas y el fortalecimiento de los medios públicos para una mayor diversidad y pluralidad de contenidos. El gobierno plantea exactamente lo contrario: dejar intocado al duopolio de la televisión, reforzar los controles antidemocráticos de los medios y marginar a los medios públicos y de uso social.
Ni los firmantes del Pacto por Mexico quieren hacerse cargo del intento de traición de Peña Nieto a las reformas constitucionales, porque no quieren aceptar que fueron desmedidos en la confianza que le brindaron. No quieren aceptar que el mismo gobierno les está desfondando el discurso de las reformas tan defendidas.
Los antipactistas hacen de las suyas en las reformas secundarias y consiguen de todo. Esa es la tragedia de una regresión autoritaria con la oposición dividida en el seno de sus principales partidos.
Javier Corral Jurado Político, periodista, académico, y columnista.
Multi-galardonado por su actividad periodística. Fue Gobernador del Estado de Chihuahua de 2016 a 2021 y Senador de la República en donde formó parte de las comisiones de Educación, Gobernación y participa como Secretario de la Comisión de Radio y Televisión, así como Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Esta columna se reproduce bajo permiso de su autor.
