Con bombo y platillo, en el marco de la celebración de una Pacto que prometía sacar adelante al país, la reforma fiscal impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto quedó lejos de lograr lo que se proponía. Ni hoy ni nunca ha dado el ancho. Hoy haré un “recuento de los daños”.
Nos recibía el verano de 2013, vestíamos de blanco y gritábamos consignas hacia un grupo de legisladores del PRI, con una única demanda: no a lo homologación del IVA en la frontera.
Con la legítima idea de aumentar la recaudación fiscal en nuestro sistema tributario, la política tributaria del entonces presidente Enrique Peña Nieto se destinó a la misma base de contribuyentes, contemplando entre otras disposiciones: la homologación del IVA en la frontera, eliminación de diversas deducciones, aumento de impuestos en comida chatarra etc.
Fue así que los fronterizos nos unimos para hacernos escuchar y llevar nuestra petición a la bancada del PRI que no tuvo recato en obedecer a su máximo líder, en una acción tan característica de este instituto político: la dedocracia.
Sin escuchar a los juarenses se aprobó la reforma fiscal y el IVA en esta ciudad y toda la franja fronteriza se incrementó del 11 al 16%. El argumento de los que estuvieron a favor: una reforma justa, sin tratos preferenciales. El argumento de los que estuvieron en contra: la pérdida de competitividad.
Como de quien cree que todo lo sabe, con soberbia se aprobó la iniciativa y las consecuencias todos las pudimos palpar: fuga de capitales a Estados Unidos, pérdida de inversión y aunque en efecto, la recaudación fiscal aumentó muy considerablemente, no significó nada en términos de desigualdad.
De hecho, la desigualdad siguió incrementando, y la recaudación fiscal alcanzó a significar cada vez menos en el PIB, debido al aumento desmedido de la deuda de México. Lo que se vendió como la panacea, aumentó los ingresos del país y ocasionó menor dependencia del petróleo, pero no resolvió los grandes problemas del país.
Como sostuve al inicio, se destinó la política fiscal a los mismos de siempre y no se tocó a las grandes empresas, que con destrezas fiscales y un sistema a modo, continuaron mezclando pérdidas con ganancias para terminar no pagando impuestos. La economía informal no fue tocada y muchos mexicanos tuvieron que depender más de las remesas.
La consolidación fiscal hoy día sigue, la deuda es insostenible, los recursos no llegan ni se destinan a donde deberían. Si bien es cierto que el actual gobierno no ha buscado la creación de nuevos impuestos, sí ha adquirido deuda en términos reales y ha destinado grandes cantidades de dinero en programas asistencialistas sin reglas de operación y fáciles de burlar, haciendo inservible el dinero a disposición del gobierno.
Con la promesa de un combate severo a la evasión y a la corrupción, el actual gobierno ha constituido alrededor de su propuesta, un auténtico terrorismo fiscal, que lejos de simplificar la vida a los contribuyentes, los ha equiparado a estar sujetos a delincuencia organizada, si llegan a omitir información financiera, además de complicarles la devolución de impuestos.
Por ejemplo, los asesores fiscales ahora deberán informar al SAT sobre en qué consisten sus consultorías y de qué forma benefician fiscalmente a sus clientes. Más que una reforma fiscal, se trata de una reforma penal-fiscal.
La defraudación fiscal se equipara ya a la delincuencia organizada, así como el contrabando. Desde ahora, a quien expida, enajene, adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, se le tratará igual que a un narcotraficante.
Son numerosas las empresas que declaran que las medidas tomadas por Hacienda en contra de ellas rayan en la exageración. Una de las más perjudiciales es la cancelación de los sellos digitales, necesarios para la emisión de facturas y, por lo tanto, para la operación de las empresas.
Aunque ha habido avances, aún hay mucho por hacer. Una reforma fiscal debe acompañarse de una amalgama de políticas públicas destinadas a atender a los sectores más vulnerables de la sociedad, combatir la desigualdad, procurar un Estado de Derecho, promover la inversión, la protección a la propiedad privada y la libertad económica. Es una deuda pendiente.
Lic en Ciencia Política. Diplomado en Políticas Públicas y Prevención del Delito. Estudiante de Maestría en Administración Pública. Funcionario público municipal.
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