Existen al menos tres grandes momentos de la historia electoral en el estado de Chihuahua.
El primero lo constituye, el análisis de los derechos políticos del ciudadano la reglamentación existente en la década de 1980 que motivó entre otros casos el abanderamiento de la lucha por la democracia y en defensa del voto desde las regiones del país, siendo Chihuahua el pilar sobre el que se fundamentó la lucha por el poder con las reglas del juego claras y convincentes entre los actores. No existía una ley electoral que regulará el proceso electoral, se regía a través del Código Administrativo del Estado de Chihuahua y contenía escasos 11 artículos para “armar” el proceso electoral.
El segundo momento es la Ley electoral del año 2007, misma que establecía el plebiscito, el referéndum e incluso la revocación de mandato como formas de participación ciudadana. El avance y la consideración como mecanismos de avanzada, hicieron que estas formas de participación fueran únicas en la historia electoral del país. La gran dificultad de la ley electoral de esos años fue precisamente que no se crearon los instrumentos para su implementación e hicieron imposible su materialización en Chihuahua.
El tercer momento es el actual. Una propuesta que tiene repercusiones e incluso toma ejemplos latinoamericanos como las elecciones primarias en Argentina y el caso histórico de los Estados Unidos. La reducción de los miembros de los cabildos (regidores) abre la puerta para la reducción también en un futuro cercano a los diputados de representación proporcional no sólo en el congreso local sino a nivel nacional.
Una característica que llama la atención de la “gran reforma”, es que no es un capítulo o par de capítulos que se quieren cambiar en la legislación, es un ramillete completo que se quiere actualizar con el proyecto, es una distinción importante a la que hay que subrayar con ahínco. No es una embarrada o fraudulenta reforma, hay fondo en la propuesta que debe analizarse y considerar también la valoración del papel de los ciudadanos dentro de los partidos políticos y que contemplan 82 modificaciones a un poco más de 70 artículos.
Son precisamente ellos, los ciudadanos, quienes pueden escoger a los candidatos de los partidos, motivando con ello la participación ciudadana. La consecuencia es clara y evidente, se eliminarán los feudos partidistas otorgando a los verdaderos liderazgos la posibilidad de contender a un cargo de elección. Se eliminarán los partidos de franquicia corporativa, de camarillas en el poder o de familias que han sido las mismas de siempre y que han usufructuado los recursos públicos de las campañas electorales.
En la exposición de motivos, se observa que existe un intento de recuperar los derechos políticos de los ciudadanos, que forman partidos, que son afines a ellos y que han sido desplazados tanto de las dirigencias como de las candidaturas de los partidos políticos. Esta conclusión ha sido ya fundamentada por teóricos de la transición mexicana como Leonardo Valdés Zurita, Ex – Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Por lo tanto, esa nueva dinámica ha tenido años de discusión en los foros académicos nacionales en el país.
Existe una coincidencia en la exposición de motivos, en la cual, las encuestas nacionales de la calidad de la democracia y opinión sobre las instituciones establecen que los partidos políticos tienen la más baja confianza ciudadana. Bajo este argumento se refundó al entonces Instituto Federal Electoral, el IFE. Bajo el mismo argumento se debe cambiar también las reglas de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen hoy menos credibilidad entre la ciudadanía, por ello pregunto ¿Porqué seguir dándoles todo el poder?
El punto central son las elecciones denominadas como “primarias”, con candados que garantizan la “NO” intromisión de los unos en contra de los otros en la selección de los candidatos, se blinda en contra de ocurrencias que no abonan a la democracia al ser simultáneas y obligatorias. Que nadie le meta mano a los procesos electorales de los partidos con fines perversos, pero además asegura que los partidos se abren a los ciudadanos.
¿Dónde quedó la legitimidad política del proceso 2018? La desconfianza en los procesos electorales debe recuperarse para dar certidumbre de que se respetará el triunfo electoral, gane quien gane. Por ello, la legitimidad de los procesos llámese primarias y /o generales compete a la autoridad electoral, deben automatizarse procesos, usar tecnologías y aplicaciones que permitan mantener la credibilidad y la legitimidad política desde el inicio del proceso electoral y hasta la toma de posesión de la autoridad electa.
Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte. Máster en Administración y Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ex Consejero Presidente de la Asamblea Municipal Juárez del Instituto Estatal Electoral, Ex Consejero Electoral para el IFE y IEE.
Actualmente Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, institución de la que fue director del 2005 al 2010.
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