Los homicidios hicieron del 2019 el año más violento en México, por lo que algunas voces sugieren que sería útil pedir apoyo de otros países; sin embargo, sin una estrategia del gobierno mexicano para frenar el retorno del terror cualquier ayuda internacional quedará corta
Eso de hacerle “fuchi, guácala” al crimen organizado no funcionó: el 2019 fue el año más violento en la historia moderna del país con 35 mil 588 personas asesinadas.
Sin oportunidad para negar los números y con masacres que se repiten por todo el país, el gobierno mexicano no atina a aclarar cómo va a hacerle para pacificar México.
Ni la creación de una Guardia Nacional, el regreso de la Secretaría de Seguridad o las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera parecen haber hecho mella en quienes controlan buena parte de este país, el narco y las autoridades que les resguardan siguen haciendo negocio, como muestra pequeñita está el video donde se observa cómo un delincuente pide dinero para permitir el tránsito a unos metros de un Puente Internacional en Nuevo Laredo o las imágenes del cierre de la catedral de Culiacán para la boda de una hija de El Chapo Guzmán.
Si las cosas van peor, sugieren algunos, sería útil pedir apoyo de otros países para que apoyen a México en el combate al narco.
En la propuesta se olvida que la experiencia reciente ha mostrado cuán poco eficiente puede ser esa ayuda.
El pasado 21 de enero en una corte neoyorkina volvió a aparecer el otrora intocable exsecretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, hechura de las agencias de seguridad estadounidenses.
Fue justo ese exfuncionario el que era ejemplo favorito de la DEA como un policía moderno y confiable. Tanta era la confianza de García Luna en sus vínculos con los estadounidenses que terminando su gestión se fue a vivir a Miami, buscando residir legalmente en aquel país.
Que no se nos olvide tampoco que en 2009, Estados Unidos inició el operativo Rápido y Furioso, por medio del cual se vendieron ilegalmente 2 mil 500 armas con el objetivo de que fueran introducidas a México para rastrearlas y encontrar a los traficantes que le suministraban armamento al crimen organizado. El operativo, lejos de conseguir su meta, solo facilitó que las armas llegaran a los criminales.
Está además el problema de que la adopción de modelos exitosos en otras partes del mundo requiere de condiciones que en México difícilmente pueden darse.
En distintos espacios ha sido analizado el modelo que exitosamente logró disminuir los índices de delincuencia en la ciudad de Nueva York. En 1990, la metrópoli alcanzaba una tasa de homicidios de 30.7 por cada 100 mil habitantes; para 2017 el número era de 3.4.
Algunas de las razones del cambio, de acuerdo con estudiosos y gobernantes de la ciudad, han sido el aumento de policías, la adopción de tecnología, cero tolerancia a puntos de criminalidad y una modificación en las condiciones económicas y sociales de sus habitantes.
Que en México haya policías y mandos bien pagados, confiables, capacitados y con tecnología a su alcance es difícil, contratar a los que se necesitan es de plano sueño guajiro.
Otro ejemplo de éxito es el de Islandia, que en 20 años logró reducir las adicciones de sus adolescentes. En los 90, el 25 por ciento de los jóvenes islandeses fumaba diario, en 2017 el número era solo el 3 por ciento.
El de Islandia es un modelo difícilmente replicable en México, pues se trata de una verdadera política pública en la que están involucrados escuela, centros deportivos, legisladores, padres de familia, centros de salud. Además, claro, hay inversión en infraestructura urbana y se apoya económicamente a quien tiene dificultades para cumplir con los procesos.
Mientras no haya política pública bien planeada, en la que se aseguren los recursos para su ejecución, donde se garantice que están las personas mejor preparadas como responsables y el proceso vaya más allá de un sexenio, cualquier ayuda internacional quedará corta.
Iniciativa Mérida, con su más de 3 mil millones de dólares entregados a México para fortalecer la justicia y la seguridad, tampoco ha logrado tener un sistema judicial menos corrupto ni eficiente; no hablemos del tema de la seguridad, a pesar de la tecnología otorgada a nuestro país.
Teniendo en mente estos casos, ¿de verdad queremos que nos ayude el vecino?
La cooperación internacional no puede saltarse las reglas de lo público, toda ayuda debe ser transparente, hasta ahora la secrecía ha resultado útil solo para ocultar las pifias de los operativos hechos al vapor.
DESDE LA FRANJA. El próximo 17 de febrero iniciará en el ámbito federal el juicio oral contra Juan Carlos Moreno Ochoa, la única persona detenida por el asesinato de Miroslava Breach. A casi tres años, el crimen sigue impune. Como máximo responsable del Ministerio Público, gobernador Javier Corral, que se asume periodista, no ha movido un dedo para que los políticos mencionados en el caso sean investigados.
Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma y El Diario de Juárez. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.
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