Durante años se ha hablado de los derechos de los estudiantes, de las madres y padres de familia y de la obligación del Estado de garantizar una educación de calidad. Sin embargo, pocas veces se pone sobre la mesa la realidad que enfrentan miles de docentes y trabajadores de apoyo que diariamente desempeñan su labor bajo la amenaza permanente de acusaciones infundadas, campañas de desprestigio y agresiones verbales o físicas.
La autoridad moral del maestro ha sido erosionada por una cultura donde basta una publicación en redes sociales o una denuncia sin sustento para destruir una reputación construida durante décadas. Mientras se investiga, el daño ya está hecho. La presunción de inocencia parece desaparecer cuando se trata de un docente, quien enfrenta procesos administrativos o penales, debe pagar abogados particulares, soportar el señalamiento público y cargar con un desgaste emocional que, en casos lamentables ocurridos en Chihuahua, ha terminado incluso en el suicidio de personas inocentes.
Lo más grave es que, una vez demostrada su inocencia, el Estado simplemente archiva el expediente. No existe reparación del daño moral, no hay compensación por los gastos legales ni consecuencia alguna para quien actuó con mentira o dolo. La víctima queda marcada y el responsable de la difamación permanece impune.
Por ello resulta acertada la propuesta de establecer la obligación de madres, padres y tutores de conducirse con respeto y civilidad hacia el personal educativo, así como agravar las sanciones cuando las amenazas se dirijan contra docentes. No se trata de limitar el derecho de denunciar conductas indebidas; ese derecho debe preservarse plenamente. Se trata de castigar el abuso, la mentira deliberada y la violencia ejercida contra quienes tienen la enorme responsabilidad de formar a las nuevas generaciones.
Una escuela no puede ser un espacio donde el miedo sustituya a la enseñanza. Si un maestro trabaja bajo la constante amenaza de ser difamado o intimidado, difícilmente podrá ejercer su vocación con libertad y autoridad.
La iniciativa presentada por la fracción parlamentaria de Morena el pasado lunes 6 de julio parte precisamente de esa realidad. Propone incorporar a la Ley Estatal de Educación la obligación de madres, padres y tutores de conducirse con respeto, decoro y civilidad hacia el personal docente, directivo y administrativo, absteniéndose de intimidar, difamar o ejercer violencia física o verbal. Asimismo, plantea reformar el Código Penal para incrementar en una tercera parte la pena cuando el delito de amenazas tenga como víctima a una persona docente.
Defender a quienes educan también es defender el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación de calidad. La transformación de la educación comienza por garantizar que las aulas sean espacios de aprendizaje, respeto y legalidad para todos. Proteger la dignidad del magisterio no representa un privilegio; constituye un acto elemental de justicia.
Pedro Torres
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