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    julio 17, 2024 | 17:17

    Plan C y la Reforma Judicial

    Publicado el

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    “A los mexicanos nos cabe la satisfacción de que nuestra Suprema Corte de Justicia ha desempeñado cabalmente sus funciones a lo largo de su historia”.

    Exposición de motivos en la reforma judicial de 1994, Ernesto Zedillo.

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    El 5 de diciembre de 1994, el entonces recién investido presidente Ernesto Zedillo, presentó lo que sería su primera Reforma Constitucional, y que consistió en la renovación total y absoluta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acto que no pocos vieron como un “golpe de Estado” a la Suprema Corte.

    Para sacar aquella Reforma que por su naturaleza era de gran envergadura, el proceso duró apenas 30 días, es decir fue en modo Fast track, a pesar de la profundidad de los cambios que introdujo en la procuración de justicia y el sistema de seguridad, siendo los principales la reducción de 26 a solo 11 magistrados, la creación del Consejo de la Judicatura Federal y el reconocimiento de la calidad de la Corte como tribunal Constitucional.

    En total fueron 24 los artículos de la Constitución que fueron reformados, y cuyos cambios quedaban plasmados en la Carta Magna el 22 de diciembre del 94, con su aprobación en la Cámara de Diputados. 381 diputados dieron su voto a favor contra solo 66, que votaron en contra. Aunque ya muy maltrecho, el todavía “partidazo” ejerció su mayoría, e impuso la reforma zedillista sin mayores aspavientos.

    Es importante señalar, que por aquellos días, el sistema político mexicano, con un partido de Estado, anquilosado, antidemocrático y demagogo, estaba pasando por lo que seria su ultima gran crisis previa a la etapa de la alternancia que vendría solo 6 años después, con la elección del neopanista Vicente Fox.

    Es en ese contexto que se pueden entender este tipo de reformas, mismas que pretendían mostrar al sistema como capaz de “modernizarse” y por ende de democratizarse en supuesto beneficio de la sociedad.

    La verdad es que poco se logró en cuanto a mejora en los temas de impartición de justicia, y esto sigue siendo tarea pendiente para nuestro país; como si eso no fuera poco, durante los últimos seis años, la Corte Suprema ha sido utilizada, por los grupos de poder oligárquicos, como reducto y ariete en contra de las reformas del presidente López Obrador.

    De ahí nace la necesidad de esta nueva reforma, el llamado plan “C”.

    También aquí, hay que hacer una pausa para contextualizar las condiciones actuales versus las condiciones previas a la reforma zedillista. Como ya mencioné, en el 94, el PRI todavía era el partido hegemónico con todo el poder del Estado a su disposición para alterar los resultados electorales si hacia falta, mientras que ahora, en el 2024, la elección fue libre y democrática, respetando en todo momento el resultado de los votos, sin lugar a dudas.

    Ademas, a diferencia del 94, donde los cambios a la Suprema Corte no fueron tema de la campaña electoral, en la elección actual sí. El Plan C, como lo bautizó el presidente fue parte de la discusión, y los actores políticos hablaron de el abiertamente, ya fuera a favor o en contra, es decir nadie se puede llamar a engaño.

    Se concluye pues, que el pueblo de México, investido como el gran elector decidió darle un voto de confianza al presidente y a la candidata de Morena para seguir adelante con dichas reformas, no estamos ante un acto autoritario como lo quiere hacer pasar la oposición.

    Hasta ahí, todo muy bien, pero, pero ya entrando en la medula de la reforma al sistema de justicia, en especial al punto que se refiere a la elección de los magistrados por medio del voto popular, ¿es buena idea?

    En lo personal, tengo mis dudas.

    De entrada, es sabido y muy deseable que una posición de tan alta responsabilidad jurídica sea ocupada por una persona, hombre o mujer, de reconocida probidad y con una muy amplia trayectoria en el campo de la aplicación de la ley, particularmente en el campo de la interpretación Constitucional de las mismas.

    Es por tanto fundamental que, quien busque el voto popular para alcanzar una de estas posiciones, cumpla con esos requisitos mínimos, ¿Cómo se cubrirían? ¿Cómo se financiaría la campaña? O más aun la precampaña. Es bien sabido que en los Estados Unidos hay jueces que son electos por el voto popular, pero estos son de juzgados menores, no del circuito mayor, por tanto, no es un referente uno a uno con el cual se pueda hacer una comparación.

    En estos momentos, el equipo de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se encuentra coordinando una serie de mesas de análisis para darle un mejor sustento a esta iniciativa. Esperaremos pare ver cómo será presentada finalmente para tener una mejor opinión.
    Sin embargo, creo que hay algo que no se ha discutido, el papel y el desempeño de los fiscales.

    Podemos tener al mas imparcial y probo de los jueces, pero si un fiscal no hace su trabajo a la hora de presentar sus carpetas de investigación, todo se ira al caño por su ineficiencia o corrupción, el juez tendría que desechar la causa.

    Por lo tanto, independientemente de si los jueces son electos o no, también debería considerarse la posibilidad de que los fiscales, estatales y federales fueran electos, dotados de autonomía, para evaluar su desempeño de la misma forma como se pretende hacer con los jueces.

    Es cuánto.

    Jose Antonio Blanco SQR
    José Antonio Blanco

    Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001.

    En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa.


    Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.

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