Plaguicidas y fertilizantes

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El pasado miércoles 26 de octubre se llevó a cabo en la antigua casona de Xicoténcatl, recinto del Senado de la República, el “Primer Parlamento Abierto en materia de Plaguicidas y Fertilizantes”. Dicho evento contó con una copiosa participación de representantes de los sectores productivos, sociales, académicos y gubernamentales, relacionados con el campo mexicano, con el propósito de apoyar en el proceso de análisis de las propuestas contenidas en la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se pretende reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de plaguicidas, recibida el martes 22 de febrero de 2022 y turnada para su estudio y análisis a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos Segunda, también con modificaciones contenidas en cuatro iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de plaguicidas y de regulación de bioinsumos.

El ejercicio del Parlamento Abierto, estructurado a través de cuatro paneles de participación, trató los temas de salud, medio ambiente, impacto productivo y económico y de seguridad alimentaria, relacionado con el uso actual de plaguicidas y fertilizantes en el campo mexicano. Fue muy importante porque brindó la oportunidad de expresarse a los diversos productores de todo el país en relación con las propuestas de modificaciones legislativas citadas.

Estas propuestas están orientadas a la tutela efectiva de diversos bienes jurídicos, como el derecho a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano y al trabajo.

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No obstante, en el foro se advirtió que los proyectos de modificaciones legales van dirigidos a prohibir los plaguicidas altamente peligrosos, para promover la utilización de bioinsumos, sin un régimen de transición adecuado que valore el impacto económico en los productores del país.

Es imperativo en el ejercicio de la función legislativa ponderar suficientemente todos los valores en juego, mediante estudios de análisis técnico y científico que permitan tomar las decisiones más adecuadas. La ausencia de una práctica de cálculo como sustento de cualquier política pública, genera incertidumbre y daña la credibilidad en la ciudadanía.

La prohibición como está planteada en los proyectos del decreto carece de sustento científico y no brinda certeza jurídica a los destinatarios de la ley. Excluye, para los plaguicidas que se incluyan en la lista a cargo de la Secretaría de Salud, la posibilidad de aplicarles el principio de prevención haciéndoles también inaplicable el análisis de riesgo.

El principio de prevención está presente, permea toda nuestra legislación y dispone que, existiendo conocimiento científico, es deber de todas las autoridades, de manera preventiva, adoptar medidas apropiadas para eliminar o reducir riesgos, particularmente en materia de salud y medio ambiente.

Si bien es cierto que la intención para proteger la salud de los mexicanos es expulsar del orden jurídico a los plaguicidas altamente peligrosos que dañan al ambiente y perjudican la salud de los mexicanos, la forma en la que se pretende enfrentar el problema no sólo no lo resuelve, sino que lo exacerba.

La producción moderna incorpora en su quehacer cotidiano cientos de miles de productos químicos que traen aparejado un peligro potencial para la salud y el medio ambiente. De ahí que siempre es necesario un estudio y medición de riesgo. Todo producto puede ser peligroso si no se utiliza en la forma y cantidades adecuadas, que deben determinarse siempre científicamente.

La prohibición de plaguicidas no es la solución y se contrapone a la necesaria productividad de nuestro campo. Debemos transitar ordenadamente hacia un modelo de agricultura sostenible que regule todos los productos químicos con acción y control administrativos, no con prohibiciones normativas. Que incorpore los conceptos internacionales tales como el límite máximo de residuos, que es la dosis máxima o cantidad tope de producto que puede contener un producto sin ser nocivo para la salud, la medición y el análisis de riesgo sin nunca desestimar los efectos en la competitividad de nuestro campo.

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Rafael Espino

De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.

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