Personas en tránsito, sus derechos no

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El fenómeno de migración representa una alternativa de escape para la población de la región centro y sur de América ante las adversas situaciones económicas y sociales aparejadas de complejos brotes de violencia.

Sin duda alguna, la política migratoria se ve marcada no solo por momentos históricos sino por la misma determinación de nuestros vecinos del norte, sin embargo desde la entrada en funciones de la actual administración federal, la premisa ha sido la de cooperación para el desarrollo, integrando los principios de independencia, nacionalismo y humanismo emanados de organismos multilaterales.

En este sentido, el Gobierno de AMLO ha implementado una política cercana a las y los migrantes de otras naciones brindándoles oportunidades de regularización e integración a la economía nacional mientras que ha centrado sus esfuerzos en realizar acciones colaborativas entre los gobiernos de estados fronterizos sobre todo del sur del país para prevenir la migración de mexicanos.

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Sin embargo, hemos de decir que un fenómeno tan complejo como el de la migración debe ser abordado precisamente en conjunto no solo por Gobierno Federal sino por los Gobiernos Estatales, en particular por la actual administración. Lo anterior es preocupante sobre todo porque, mientras que se insiste en señalar omisiones de Gobierno Federal en materia de atención a migrantes -pasando por alto intencionalmente un aumento en el presupuesto para este 2023- se omite aceptar que quien realmente es omiso es el Gobierno del Estado que NO destina presupuesto alguno a la atención a migrantes.

En este punto debemos decir que existen estados como Jalisco, Oaxaca, Tlaxcala que ejercen un Fondo de Atención a Migrantes que destinan precisamente para brindar oportunidades dentro del mercado formal aunado de posibilidades de retorno seguro a las personas en tránsito en su territorio.

Por otra parte, la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua mandata para las autoridades estatales y municipales dentro de su articulado, proteger y apoyar a los migrantes que se encuentren o transiten por el territorio estatal mediante el establecimiento de políticas públicas en materia de atención y apoyo a migrantes, con especial atención en las personas o grupos en situación de vulnerabilidad aunque la actual administración nos deja tan solo como recuerdos, programas y apoyos dirigidos a migrantes en sexenios anteriores.

Muy a pesar de algunos, la atención al fenómeno de la migración va muchísimo más allá que un posible pleito político; aquí las y los protagonistas no son funcionarios, quizá incluso sean muy distantes de la política: son personas en tránsito que demandan el estricto respeto a sus derechos humanos. Las actividades humanitarias que permitan la recuperación y la transición al desarrollo deben ser el eje toral del actuar del poder público en primer término, y luego debe demandarse la cooperación, sobre todo porque, como dijo Edgar Bravo “La congruencia de un líder siempre se nota, la gente no hace lo que tú les dices que hagan si no lo que te ven hacer”.

BenjaminICSA
Benjamín Carrera Chávez

Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.


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