Participación Ciudadana en la Fiscalización Superior

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En los últimos años, distintos organismos internacionales y agencias de cooperación han promovido acciones para que las Entidades de Fiscalización Superior potencien la comunicación de los resultados de su labor a la ciudadanía, así como su participación en las distintas etapas de la fiscalización, como parte de la lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión.

En este sentido, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y, a nivel regional, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) han adoptado distintas iniciativas para que las EFS establezcan medidas de comunicación que permitan a la ciudadanía conocer, de manera sencilla y accesible, no solo los resultados de sus auditorías y recomendaciones, sino que también le permitan comprender el mandato y la función de las EFS y la importancia de su labor en un sistema democrático.

Esto permite a la ciudadanía contar con información seria, objetiva y oportuna sobre el ejercicio de los recursos públicos para exigir cuentas a los servidores públicos y, eventualmente, impactar de manera positiva en su confianza hacia las autoridades, al promover la correcta utilización del presupuesto y la mejor toma de decisiones.

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Para ello, las EFS DE América Latina, en el marco de sus mandatos constitucionales y legales, han adoptado medidas para hacer públicos los resultados de sus auditorías y revisiones en un formato más amigable y accesible para toda la ciudadanía, como acompañar a los informes de auditoría con resúmenes en lenguaje ciudadano, infografías o videos que explican de manera sencilla y rápida los hallazgos y recomendaciones, que son difundidos en los sitios web de las EFS y sus redes sociales.

Por otra parte, las EFS han generado distintos sistemas, plataformas o, incluso, aplicaciones móviles, para facilitar la consulta de sus informes de auditoría, ya que son una valiosa fuente de información pública, que puede ser utilizada por la sociedad civil organizada, la academia, los medios de comunicación y la ciudadanía en general para evaluar la economía, eficacia y eficiencia de la gestión.

Asimismo, se han promovido medidas para establecer un diálogo con los ciudadanos, por medio de mecanismos de denuncia de control social y otras acciones para facilitar la participación ciudadana en el proceso de fiscalización, por ejemplo, las contralorías sociales en el ámbito municipal particularmente en los municipios sur sureste.

De esta manera comunicación y participación ciudadana resultan fundamentales en el proceso de rendición de cuentas, preservar la confianza en el gobierno, la consolidación de la democracia, lo que contribuye a combatir la corrupción y promover la integridad pública y la prevalencia del interés general.

En la ASF nos hemos dado a la tarea de innovar de manera constante elementos que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en lo que a fiscalización se refiere, se creó la APP ciudadana y nuestra página de internet cuenta con un acervo de auditorías de 2000 a la fecha, además se ha integrado información detallada del proceso de auditorías, todo esto con el fin de ofertar insumos que den valor público a la fiscalización superior.

El informe anual de auditorías es público, puede rastrear cualquier auditoría y sus resultados desde el periodo de planeación hasta la solventación o sanción según sea el caso, la ASF busca ser más clara en nuestros informes.

La información que se genera en la ASF, pretende mejorar y hacer más transparente el ejercicio de fiscalización, fortaleciendo el marco normativo del ejercicio de los recursos públicos, los instrumentos de planeación, y una mejor toma de decisiones en todo el proceso.

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David Colmenares Páramo

Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.

Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.


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