La detención de Emilio Lozoya presenta la gran oportunidad para que se descubra quiénes participaron en la red de corrupción más grande de los últimos tiempos en nuestro país.
Desterrar la corrupción en México es uno de los propósitos fundamentales del Gobierno de la Cuarta Transformación; el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha manifestado así desde antes de llegar a la titularidad del Poder Ejecutivo y hoy, que está ahí, lo está cumpliendo a cabalidad, pero no sólo erradicando esa práctica sino buscando que no haya impunidad, porque si se sanciona a quienes incurren en actos de corrupción se inhibe en gran parte la comisión de acciones fuera de la ley.
La detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, presenta la gran oportunidad para que se descubra, con elementos de prueba, quiénes participaron en la red de corrupción más grande e intrincada de los últimos tiempos en nuestro país, que se tejió durante los más de 30 años de gobiernos neoliberales en los que al frente del gobierno del México estuvieron desde Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre otros, pero siendo estos cuatro, dos priistas y dos panistas, los más representativos.
No sólo se trata de descubrir quiénes participaron en ese entramado que se organizó desde la amalgama hoy conocida como PRIAN, es decir, la unión de intereses entre integrantes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, y sus “arrimadijos”, sino de ir hasta el fondo y con pruebas irrebatibles, demostrarle al pueblo de México lo que era una obviedad, pero que las circunstancias no habían permitido que se investigara: el nivel que alcanzó la corrupción durante los gobiernos del período neoliberal y que se sintetiza en la siguiente frase: “El que no transa no avanza”.
Y se transaba para establecer las condiciones que permitiesen que las políticas de gobierno favorecieran a unos cuántos, pero claro, siempre en detrimento de los demás en acciones que llevaron al desmantelamiento de las estructuras productivas que sostenían el desarrollo de México. Es en el período presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988), cuando inicia su aplicación la estrategia neoliberal con la venta y privatización de las primeras empresas paraestatales, desmantelamiento que abarca el régimen de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y el de Ernesto Zedillo (1994-2000). En esa etapa se ejecuta la liquidación o venta de las primeras empresas paraestatales, que incluyeron a Vehículos Automotores Mexicanos y Renault de México, así como empresas fundidoras, productoras de hierro y acero, de aviación, de bienes de capital, ingenios azucareros, textiles, teléfonos, fábricas de material y equipo ferroviario… y un largo etcétera.
Durante el primer año del régimen de Miguel de la Madrid, el Gobierno federal tenía participación en 45 ramas de la economía, para el último año, su participación abarcaba solamente 23 ramas. En 1982, el gobierno federal tenía 1155 empresas, en 1988 poseía solamente 412. La desincorporación de estas empresas obedeció a que “no eran estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional”, argumento presentado en un documento informativo por el Gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1988. Ese argumento fue la base que dio pauta a lo que ocurrió durante las cinco administraciones federales que le sucedieron y que llevaron a condiciones insostenibles que demandaban un cambio urgente en la conducción del país. Fue así que el pueblo de México, consciente de esa necesidad de dar un viraje en la manera de hacer gobierno, llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. Aunque fueron varios intentos, la corrupción y colusión de quienes pugnaban por la permanencia del estatus quo, no permitió que ese anhelo de la mayoría de los mexicanos se cumpliera en 2006 y en 2012, la denominada mafia del poder prefirió simular un cambio y el hasta entonces inamovible PRI permitió que el Partido Acción Nacional, con Vicente Fox Quesada y Vicente Calderón Hinojosa, llegara a la Presidencia de la República, al fin y al cabo eran una misma cosa, ya que representaban los mismos intereses, el PRIAN se consolidó con las consecuencias ya por todos conocidas.
El culmen de ese esquema llegó con la ascensión de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, en donde la corrupción fue el eje conductor; ser corrupto era el perfil requerido y no sólo en la administración federal, esa cultura se extendió también a gobernadores, legisladores y a muchos otros órdenes de gobierno en los que se aplicaba la máxima: “El que no transa no avanza”. Los ejemplos contundentes son abrumadores: César Horacio Duarte, de Chihuahua; Javier Duarte De Ochoa, de Veracruz; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; Guillermo Padrés Elías, de Sonora; Andrés Granier Melo, de Tabasco, y Jesús Reyna García, de Michoacán, gobernadores que hoy enfrentan a la justicia. Pero el diseño del modelo y la articulación de las acciones que permitieron a esos gobernadores corromperse y convertirse en corruptores definitivamente tuvieron su centro de operaciones en el gobierno peñista y quien tuvo a su cargo en gran parte esa “responsabilidad”, sin lugar a dudas, es Emilio Lozoya Austin, por ello su detención representa esa gran oportunidad de deshilar la madeja e ir definiendo responsabilidades con la posibilidad de que cada uno de los que participaron responda ante la justicia y al pueblo de México por sus actos.
Ya lo dijo el presidente López Obrador en la conferencia mañanera del pasado 28 de julio: “es un caso (la detención de Emilio Lozoya) importantísimo, que va a ayudar mucho a que se destierre la corrupción de México. Varias veces lo he hecho y lo voy a repetir ahora. Si me preguntan cuál es el propósito fundamental del gobierno que represento y que lo diga yo rápido, aun cuando no hablo de corrido, en el tiempo en que tardo parado en un solo pie, cuál es el objetivo del gobierno: acabar con la corrupción, ese es el objetivo principal”.
El presidente está convencido de ello, a tal grado que considera la corrupción más que una pandemia, una peste funesta. Y como no coincidir con él si a diario, al avanzar en los trabajos de este gobierno, nos enfrentamos con un entramado que se resiste al cambio, el famoso elefante reumático, al que, sin embargo, poco a poco, con el trabajo arduo de quienes representamos a la Cuarta Transformación desde el gobierno y con la determinante colaboración de los ciudadanos hemos podido ir sanando y aunque la tarea no es fácil, no cejaremos en nuestro empeño.
Al tiempo que pone en el centro a los que menos tienen, el gobierno lopezobradorista trabaja desde una perspectiva ética, en la que se asume lo expresado por el hasta ahora, considerado mejor presidente de México, Benito Juárez García: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Es en este contexto que iniciaron diversas investigaciones, una de las cuales llevó a la detención de Emilio Lozoya Austin, quien luego de unas semanas de haberse iniciado el proceso en su contra y habiendo aportado un bosquejo (apenas), unos cuantos elementos de prueba (pero asegura tener mucho más), ha implicado a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari; además de al menos una decena de políticos, entre ellos, ex senadores del PAN. ¡Y esto apenas comienza!
Es importante que todos los mexicanos sigamos de cerca este proceso que se le sigue a Lozoya, que nos informemos de manera seria, analizando rigurosamente la forma en que estaba involucrada la llamada sociedad política en ese andamiaje corrupto y corruptor. Por otra parte, sabemos que seguramente habrá quienes deseen y hagan lo propio para que este asunto pase de noche, no informando lo suficiente o desinformando, como ya lo hacen. Ésa es nuestra responsabilidad como ciudadanos, conocer y discernir para contar con las herramientas que nos permitan evitar que lo que está saliendo a la luz vuelva a ocurrir. Sólo conociendo nuestro pasado podremos vivir un mejor presente y construir un mejor futuro.
El llamado es, ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, permanecer pendientes durante todo el juicio, dejar patente que no se trata de un asunto judicial, porque este caso debe abrir un tribunal ciudadano, para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco, cómo sobornaban, cómo había lo que se llama coloquialmente moches, mordidas, todo eso de lo que se hablaba en referencia a acciones de empleados de gobierno de rangos menores, como los agentes de tránsito y los policías, y que formaban parte de la cotidianidad en las cúpulas gubernamentales yen la relación de éstas con grupos de poder fuera de las esferas de gobierno. Los grandes atracos de este nivel no se conocían, porque no se hablaba de ellos y, contradictoriamente lejos de aplicar sanciones a quienes participaban, se les premiaba o se les reconocía, eran considerados como sujetos muy hábiles y astutos porque sabían aprovechar la oportunidad para hacerse de grandes riquezas con recursos mal habidos y más grave aún, con el dinero del pueblo.
Para los neoliberales o los promotores del régimen neoliberal quienes participaron de los moches o mordidas de la compañía brasileña Odebrecht y recibieron grandes cantidades de dinero para votar a favor de la reforma energética aparte de las denominadas reformas estructurales, y aquéllos que participaron en los sobornos para esos y otros fines eran modelos a seguir, por ello, además de acumular riqueza se encumbraban en puestos políticos y cargos, premiando así los nefastos actos de corrupción.
Hoy se ha roto ese paradigma, desde el gobierno se combate la corrupción y con ello se abaten la pobreza y la desigualdad, porque la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social en México, porque terminaron los tiempos en los que unos cuantos se apoderaban de lo que era de la mayoría del pueblo.
Por eso es tan importante el caso Lozoya, porque permite conocer la corrupción en su máxima expresión y nos da la oportunidad de trabajar para que esa corrupción nunca más vuelva a ser el eje conductor de un gobierno.
Empresario y político defensor de la cuarta transformación.
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