Hay decisiones públicas que, vistas desde la superficie, parecen contradicción. Pero cuando se observan con seriedad, en realidad son corrección. Eso es exactamente lo que ocurre con la propuesta presentada por legisladores de Morena para mover la siguiente elección judicial de 2027 a 2028. La iniciativa fue impulsada por figuras como Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez, Javier Corral y Susana Harp, y su planteamiento central es simple: separar la elección de personas juzgadoras del calendario electoral federal, reforzar los filtros técnicos y rediseñar mejor el proceso. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que la propuesta está siendo analizada y que implicaría una reforma constitucional; al mismo tiempo, dentro del gobierno no se han puesto de acuerdo para empujarla.
Y aquí conviene decirlo con toda claridad: revisar el calendario de una elección judicial no es, por sí mismo, echarse para atrás. A veces, corregir es precisamente la forma más responsable de avanzar.
Porque una cosa es haber abierto la puerta a una transformación de fondo del Poder Judicial, y otra muy distinta es fingir que el diseño original no merece ajustes. Si algo tan delicado como la impartición de justicia va a pasar por las urnas, lo mínimo exigible es que ese proceso tenga orden, comprensión pública, filtros serios y una lógica institucional propia. No puede tratarse como si fuera una elección más, absorbida por el ruido de las campañas, por la saturación partidista y por la confusión natural que ya de por sí generan los procesos federales.
Ese es, en el fondo, el argumento más sensato de quienes proponen mover la fecha: una elección judicial necesita su propio espacio político, su propio tiempo cívico y su propia pedagogía pública.
Porque no estamos hablando de diputaciones, alcaldías o senadurías. Estamos hablando de personas que van a interpretar la ley, resolver conflictos, definir libertades, revisar actos de autoridad y decidir, en muchos casos, sobre el patrimonio, los derechos y la seguridad jurídica de miles de ciudadanos. Pretender que una decisión de ese tamaño se desarrolle en medio del torbellino de una elección federal no necesariamente fortalece la democracia; puede terminar debilitando la comprensión del proceso y contaminando la discusión con la lógica de la competencia partidista.
Y aquí hay otro punto que me parece todavía más importante: aceptar ajustes no debilita una reforma; la madura.
En política pública, la terquedad casi nunca es virtud. Insistir en un esquema solo porque ya fue anunciado puede sonar a firmeza, pero muchas veces termina siendo simple negación de la realidad. Si hoy se reconoce que hacen falta mejores filtros técnicos, evaluaciones estandarizadas, una organización más clara y un diseño menos atropellado, entonces lo sensato no es cerrar los ojos. Lo sensato es corregir a tiempo.
De hecho, la propia discusión pública sobre esta iniciativa revela algo que vale la pena rescatar: el senado no necesariamente está planteando abandonar la elección judicial, sino intentar que la segunda etapa no nazca con los mismos problemas de saturación, complejidad y disputa política que muchos anticiparon desde el principio. En otras palabras, la propuesta no cancela la ruta; busca hacerla más defendible.
Por supuesto, esto no significa que cualquier aplazamiento sea automáticamente bueno. Tampoco significa que deba aplaudirse todo cambio por el simple hecho de venir del poder. Una revisión de este tipo solo tiene sentido si realmente viene acompañada de reglas más claras, criterios técnicos más sólidos, mejor organización institucional y una comunicación mucho más entendible para la ciudadanía. Si lo único que se cambia es la fecha, sin corregir el fondo, entonces el problema solo se patea hacia adelante.
Pero si el ajuste sirve para separar la justicia de la lógica de campaña, para evitar que el proceso se diluya entre boletas y propaganda, y para construir una elección más seria y más comprensible, entonces sí hay una razón válida para respaldarlo.
A veces en México confundimos velocidad con eficacia. Queremos que todo ocurra rápido para que parezca que se está transformando algo. Pero los cambios profundos no se legitiman solo por su rapidez; se legitiman por su solidez. Y cuando se trata del Poder Judicial, la solidez importa más que la prisa.
Yo, por lo menos, prefiero una reforma que se corrija a tiempo, a una reforma que se empecine en avanzar mal solo para no reconocer que necesita ajustes. Prefiero una ruta que se tome un poco más de tiempo, pero que llegue mejor construida, mejor explicada y mejor blindada, a una que nazca en medio del ruido y termine generando más dudas que confianza.
La justicia no debería decidirse como si fuera una campaña cualquiera. No debería perderse entre consignas, bloques electorales y cálculo partidista. Si de verdad se quiere un Poder Judicial más legítimo, más técnico y más confiable, entonces revisar el calendario no es una claudicación. Puede ser, precisamente, un acto de responsabilidad política.
Y en un país como el nuestro, donde tantas veces se legisla con prisas y se corrige tarde, reconocer a tiempo que algo debe hacerse mejor no es debilidad.
Es madurez.
Alvin Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.
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