Durante generaciones nos enseñaron que el 12 de octubre era el famoso «Día de la Raza». En la escuela nos hablaban del descubrimiento de América, de las carabelas de Cristóbal Colón y del encuentro entre dos mundos. Todo parecía muy bonito, hasta que comenzamos a preguntarnos: ¿descubrimiento para quién?, ¿encuentro en qué condiciones? Y, sobre todo, ¿dónde quedaron los pueblos que ya habitaban estas tierras?
América no estaba esperando a que alguien llegara a descubrirla. Aquí existían pueblos con gobiernos, conocimientos, lenguas y formas propias de comprender el mundo. Después vendrían la conquista, el despojo y la esclavización de miles de personas africanas, cuya descendencia también forma parte de nuestra historia.
Durante mucho tiempo nos contaron una versión bastante cómoda del nacimiento de México. Una donde todos éramos producto del mestizaje y las diferencias culturales parecían haberse disuelto por arte de magia. Pero los pueblos indígenas nunca desaparecieron y las comunidades afromexicanas tampoco.
Lo que faltaba era que el Estado reconociera plenamente su existencia y sus derechos.
En diciembre de 2020, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se publicó el decreto que declaró el 12 de octubre como el «Día de la Nación Pluricultural». eso representó un cambio en la manera de contar nuestra historia nacional.
Y aquí quiero detenerme, porque la Cuarta Transformación ha impulsado decisiones que merecen analizarse más allá de nuestras simpatías políticas.
En 2018 se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En 2019, las comunidades afromexicanas obtuvieron reconocimiento expreso en el artículo 2 constitucional. Posteriormente, la reforma publicada el 30 de septiembre de 2024 amplió los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, reconociéndolos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
¿Y eso qué significa?
Que no estamos hablando únicamente de preservar danzas, gastronomía o vestimentas tradicionales. Hablamos de comunidades con derecho a participar en las decisiones que afectan su vida, defender su identidad y ejercer los derechos colectivos reconocidos por la Constitución.
Porque qué curioso ha sido nuestro país: durante años nos encantó presumir la diversidad cultural en los festivales, pero reconocer políticamente a quienes la mantienen viva parecía un asunto incómodo.
Precisamente por eso cobra relevancia lo ocurrido el pasado 10 de octubre en la Ciudad de México, donde se realizó el Primer Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Morena.
El encuentro reunió a representantes de distintas regiones del país para dialogar sobre sus derechos, participación política y propuestas rumbo a los próximos procesos electorales.
Y Chihuahua estuvo presente.
Desde nuestro estado acudieron representantes de distintas comunidades que forman parte de su realidad pluricultural. Una realidad que no puede reducirse a los pueblos históricamente asentados en nuestro territorio, porque Chihuahua también es hogar de familias indígenas y afromexicanas que han llegado desde otras entidades y han construido aquí nuevas raíces.
Entre las personas participantes estuvo Rosa Ramírez Martínez, representante mazahua, así como Carlos Alcántara Valencia, representante d’aja mazahua.
De la comunidad chinanteca Valle Nacional participó Flavia Martínez Carbajal. También acudieron Eusebio Toribio Ángel, presidente de la comunidad chinanteca Morada de Colibríes, y Rebeca Isidro Juan, vicepresidenta de esa misma comunidad.
Por parte de la comunidad afromexicana estuvieron Felipe López Alfaro, fundador de Afromexicanos Chihuahua A. C., y Francisco Javier Sosa, director de la organización.
También contamos con la presencia de la Diputada local Edith Palma, en representación de los grupos originarios de nuestro estado, así como con la asistencia de integrantes de la comunidad N ‘ Ndé
Mencionar sus nombres es reconocer que detrás de cada representación existe una comunidad que busca preservar su identidad y participar en los espacios donde se toman decisiones.
Para quienes vivimos en Chihuahua, esta participación tiene un significado particular. Todavía existe la idea de que las poblaciones indígenas pertenecen exclusivamente a determinadas regiones del país y que las comunidades afromexicanas se encuentran únicamente en las costas de Oaxaca, Guerrero o Veracruz.
Pero una persona no pierde su identidad porque cambia de estado. Una familia mazahua no deja de ser mazahua por establecerse en Ciudad Juárez, así como una persona afromexicana no deja de serlo porque su vida transcurra en el norte de México.
La identidad no necesita pedir permiso para cruzar fronteras estatales.
Durante el encuentro, la dirigencia nacional de Morena convocó a las comunidades a participar en la construcción de propuestas políticas y a vigilar que las candidaturas reservadas mediante acciones afirmativas correspondan realmente a personas de los pueblos que buscan representar.
Este planteamiento merece atención. Durante años, uno de los reclamos en materia de representación ha sido que los espacios destinados a grupos históricamente excluidos no siempre garantizan una participación comunitaria auténtica.
No basta con abrir una candidatura. También importa quién llega, qué relación mantiene con su comunidad y si está dispuesto a responder a sus necesidades.
La transformación política no puede quedarse en incorporar rostros diversos a una fotografía de campaña. Necesita que esas voces tengan capacidad de decisión.
La presidenta Claudia Sheinbaum también ha impulsado una nueva etapa de este proceso. En junio de 2026 convocó a la consulta sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, cuyo propósito es desarrollar los mecanismos necesarios para ejercer los derechos reconocidos constitucionalmente.
Ahí se encuentra uno de los retos centrales: convertir las disposiciones legales en realidades para las comunidades.
Desde Chihuahua tenemos motivos para participar activamente en esa tarea. La armonización de las leyes estatales, la atención a las comunidades indígenas residentes y el reconocimiento de la población afromexicana requieren diálogo, organización y voluntad institucional.
No podemos hablar de una nación pluricultural mientras sus comunidades encuentran dificultades para ser escuchadas en los espacios donde se decide su futuro.
El encuentro del 10 de octubre dejó abierta una posibilidad. La dirigencia de Morena anunció que las propuestas presentadas serían retomadas en un documento de trabajo durante un próximo encuentro nacional antes de terminar el año.
Ese compromiso debe tener seguimiento, porque reunir a las comunidades representa un primer paso, pero dar continuidad a sus planteamientos es lo que puede convertir la participación en resultados.
Como afromexicana que ha encontrado en Chihuahua su hogar, me resulta significativo compartir espacios con representantes de pueblos que, desde distintas historias, hemos tenido que defender nuestro derecho a ser reconocidos.
No tenemos las mismas experiencias ni las mismas necesidades. Tampoco debemos pretender que una sola voz hable por todas las comunidades. Lo que compartimos es la convicción de que nuestras identidades tienen un lugar legítimo en el presente y en el futuro de México.
El 12 de octubre ya tiene otro nombre. Nuestra Constitución también reconoce derechos que durante mucho tiempo fueron negados o insuficientemente protegidos.
Ahora corresponde llevar esos compromisos a Chihuahua, abrir espacios reales de participación y trabajar para que las comunidades tengan presencia en las decisiones públicas.
Porque México nunca dejó de ser pluricultural. Lo que estamos cambiando es quién tiene derecho a contar su historia y a decidir sobre su futuro.
Ángeles Gómez
Fundadora en 2014 de Ángeles Voluntarios Jrz A.C. dedicada al desarrollo de habilidades para la vida en la niñez y juventud del sur oriente de la ciudad. Impulsora del Movimiento Afromexicano, promoviendo la visibilización y sensibilización sobre la historia y los derechos de las personas afrodescendientes en Juárez.
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