Recuerdo mis días en la escuela de derecho donde los maestros de la materia de derecho civil nos instruían los elementos básicos de un contrato, entre los que destacan la capacidad, consentimiento, objeto, causa y desde luego, -creo más interesantes- situaciones que producen nulidades como vicios en el consentimiento o derivados de hechos delictivos contractuales castigados por las leyes civiles y penales.
Una muestra es cuando una persona contrae nupcias dos veces, al bígamo se le castiga, o cuando una persona intercambia un vehículo por otro y está en condiciones mecánicas inferiores sin conocimiento del otro, produce vicios ocultos, la ley previene la nulidad en ambos casos con restitución o pago con daños y perjuicios.
Todas las conductas antisociales tienen consecuencias en el mundo de la juridicidad, sean de hechos bizantinos hasta los considerados de interés público y dado que en materia electoral se han ventilado con pruebas los engaños o estafas para la obtención del contrato de mandato que se ‘legitima’ a través de la elección sea para presidencia de la república, gobiernos estatales, presidencias municipales poder legislativo federal o local entonces surgen las siguientes dudas:
- Si un gobierno es espurio, entonces ¿Deben acatarse las disposiciones legales emanadas de ellos?
- ¿Qué consecuencias legales tienen los actos que celebraron las autoridades ilegítimas?
En muchos casos se tiene comprometido parte del erario público por años derivado de actos celebrados por gobernantes y en sentido estricto creo que debieran ser declaradas nulas.
Por sendas investigaciones en los estados de Veracruz y Quintana Roo se tienen ex gobernadores bajo proceso legal y en prisión, en el caso de Chihuahua están en búsqueda de él con peticiones de extradición por presuntos desvíos al ras de 250 millones de pesos para las elecciones del año 2015 y 2016 aun así se tienen representantes populares en la cámara de diputados que fueron beneficiados, entonces… ¿qué dice la ley civil? ¿debieran ser nulas las actuaciones como gobernantes? ¿cómo resarcirían los daños y perjuicios? Y no me refiero solamente al patrimonial de la nación, sino a todos los actos llevados a cabo por ellos.
Urge repensar los métodos que actualmente tienen las leyes en esa materia a fin de evitar más daño a nuestro país, no podemos tolerar más fraudes al margen de la ley, en este caso los diputados locales y federales, así como el Senado de la República tiene una oportunidad de oro para reformar los ordenamientos necesarios para que incluso se pueda revocar el mandato a quienes fueron ratificados por el Tribunal Electoral en cargos de elección popular aún en las inmediaciones de la administración o gestión legislativa por vicios.
Total, el mandato es al principio y final un contrato.
Norberto López Garza es abogado litigante en derecho laboral y cátedratico de la Universidad Cultural e Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Multi-galardonado por su desempeño profesional, recibiendo entre estos la Columna de Plata 2011 al Mérito Periodístico otorgada por la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.
