El régimen ha cruzado una frontera moral que no admite regreso: ha decidido utilizar a los niños como rehenes para imponer su sistema de control y lo hace de la manera más vil: condicionando la salud, la educación y la identidad de nuestros hijos a la entrega de sus datos biométricos.
O entregas los datos biométricos de tus hijos, o no podrán ser inscritos en el próximo ciclo escolar. O los entregas, o no recibirán atención médica. O los entregas, o los condenas a la exclusión. Esto no es política pública. Esto es extorsión. Y no cualquier extorsión: es la peor de todas, porque apunta directamente contra los más vulnerables, contra quienes no pueden defenderse.
Estamos frente a un punto de quiebre. La imposición de la CURP biométrica desde edades tan tempranas es el cimiento de un sistema de control total. Es el inicio de una arquitectura de vigilancia que pretende seguir al ciudadano desde la infancia hasta la muerte.
La concentración masiva de datos biométricos de menores en manos de un gobierno que ha demostrado ineficiencia, opacidad y desprecio por la ley, no es solo irresponsable: es profundamente peligrosa. ¿Quién garantiza que esa información no será vulnerada, filtrada o utilizada por el crimen organizado? ¿Quién responde cuando esos datos —irrepetibles, permanentes— caigan en manos equivocadas?
Porque a diferencia de una contraseña, los datos biométricos no se pueden cambiar. Una huella, un iris, un rostro digitalizado, son llaves permanentes. Entregarlos sin garantías es condenar a nuestros hijos a una exposición de por vida. Es hipotecar su privacidad, su seguridad y su libertad futura.
Pero lo más grave no es solo el riesgo técnico. Es el mensaje de fondo: que los derechos ya no son derechos, sino concesiones condicionadas. Que el acceso a la educación o a la salud depende de la obediencia. Que el Estado puede chantajear a las familias para someterlas. Ese es el verdadero rostro de la tecnodictadura que pretenden imponer.
Frente a esto, no hay espacio para la tibieza. Desde el Congreso del Estado de Chihuahua presentaré una reforma para blindar a nuestros niños frente a este atropello. Una reforma que impida cualquier forma de extorsión institucional, que garantice el acceso pleno a la salud, la educación y la identidad sin la obligación de entregar datos biométricos. Una reforma que coloque a los niños chihuahuenses fuera del alcance de este chantaje.
Porque si algo debe quedar claro es esto: los derechos de nuestros hijos no están en negociación. No son moneda de cambio. No son herramientas de control.
El régimen ha decidido escalar. Ha decidido endurecer sus mecanismos. Pero también debe saber que encontrará resistencia. Que cada intento de sometimiento encontrará una respuesta. Que cada abuso será enfrentado.
No hay poder suficiente para obligar a un padre a entregar la libertad de sus hijos. No hay régimen capaz de sostenerse cuando enfrenta a un pueblo decidido a resistir, a dar la batalla por el futuro de nuestros hijos.
Y en esa batalla, no tengan duda: vamos a ganar.
Francisco Sánchez Villegas
Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo.
Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad.
Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil.
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