Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiera la demanda de controversia constitucional interpuesta por el INE y en consecuencia se concediera la suspensión de la entrada en vigor del llamado Plan B de la reforma electoral oficialista, el presidente de la República, en su derecho de expresión, acusó a los integrantes de la SCJN y del INE de ser “la misma mafia”, que “no quieren el gobierno del pueblo, por eso no quieren la reforma electoral, eso es lo que está sucediendo”; en la víspera de la resolución judicial, consideró al Poder Judicial como un “poder faccioso”, “completamente distorsionado, impactado por la corrupción”. Narrativa que incrementa la confrontación de su base política y social con las instituciones que actúan como contrapeso a la primacía del poder presidencial, que vale para que su partido opere un tal “Plan C” en la designación de la nueva presidenta y tres consejeros del Instituto Nacional Electoral y que recuerda la importancia de la separación de poderes para preservar las libertades ciudadanas.
Si bien, la efectiva capacidad para dominar y actuar en una sociedad establecida, es necesaria para el ejercicio de la autoridad legítimamente establecida; la Historia enseña que cuando este poder político logra concentrarse en uno o pocos actores, el ejercicio de la autoridad comienza a degradarse; perdiendo legitimidad y sosteniéndose por la fuerza coactiva, en perjuicio de las libertades de su población. Es por esto que el poder debe distribuirse, separarse y ejercerse de acuerdo a funciones mandatadas por un pacto concretado en una Constitución; bajo la premisa anterior se sustentan los Estados democráticos de corte liberal, influidos fundamentalmente por Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, en las ideas de su célebre estudio De l’esprit deslois publicado en 1748.
Para Montesquieu, quien detenta el poder siempre tenderá a abusar del mismo, por lo que se hace necesario instrumentar barreras que limiten el despotismo. Es así que el diseño de separación de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen el fin de que el poder sea un control para el poder.
Hoy, pareciera que la principal fuerza política del país anhelara la hegemonía de la que gozaba el PRI antes de 1997, para, en voz de su líder máximo, imponer el “gobierno del pueblo” de una vez por todas. Para eso sería preciso controlar el acceso al poder, es decir, al órgano electoral y la organización de las elecciones; es probable que, en buena medida, como posiblemente en otras ocasiones, se elijan a una presidenta consejera y consejeros del INE afines al gobierno, habrá que ver qué tan visiblemente afines.
Cuando los equilibrios y contrapesos de un sistema político se debilitan, se corre el riesgo de tomar un camino con retorno doloroso, el camino de la voluntad de unos cuantos (independientemente de su signo político); que terminan limitando, tarde o temprano, las libertades y prosperidad de los pueblos.
“Rescátame de la opresión del hombre, para que yo guarde tus preceptos.”
Salmos 119:134
P.D. La Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez APCJ renovará su mesa directiva próximamente, siendo uno de los prospectos a presidirla el Doctor Eduardo Borunda Escobedo. Académico de excelencia, funcionario diligente y analista de amplia trayectoria, sus proyectos de investigación electoral son reconocidos por su alta certeza predictiva, de la misma calidad será su desempeño en esta encomienda de resultar elegido.
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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