El viernes 21 de abril pasado, las Comisiones de Bienestar Social y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, analizaron y discutieron dos iniciativas formulando un dictamen con proyecto de decreto, por la que se expide la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible. Al citado dictamen se le dio primera lectura en el pleno el viernes 28 abril y con toda seguridad iniciando el próximo período de sesiones en el mes de septiembre pasará a segunda lectura y a ser votado en el pleno.
El proyecto tiene como propósito fundamental garantizar a toda persona el derecho a una alimentación adecuada y sostenible. El que pueda siempre disponer de alimentos inocuos, suficientes y con calidad nutrimental para su consumo diario, que satisfagan sus necesidades fisiológicas.
La alimentación es una necesidad de los seres vivos y en la forma de alimentarse de un pueblo inciden múltiples factores como la economía y la cultura. La dieta mexicana es un ejemplo de ello. Como lo relata el historiador Enrique Florescano en su libro “Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México 1500-1821”, una vez consumada la conquista y garantizada la propiedad comunal de los indígenas, se establecieron dos sistemas alimentarios; uno correspondiente a los indígenas basado en el maíz, y el de los españoles basado en el trigo.
Fueron los criollos en le época de la colonia, quienes en parte por gusto y muestra de identidad hacia los peninsulares se encargaron primordialmente de la fusión de ambas tradiciones.
La transición del país en el último siglo, de una economía rural cerrada a otra industrial abierta al mundo, así como los cambios demográficos, han transformado nuestra forma de alimentarnos. Los problemas del país en 1940 con 19 millones de habitantes eran los de una sociedad rural. En este 2023 con 128 millones de habitantes somos una economía de servicios a los que se dedica el 60% de la población económicamente activa. Debemos comprender los cambios en los hábitos de vida de nuestra población para promover una mejor alimentación que evite y combata padecimientos actuales como el sobrepeso, la diabetes o la desnutrición.
Lo relevante es que tanto los alimentos como las bebidas, estructuran sistemas alimentarios que son entre otras cosas resultado de la cultura. Los cambios en la forma de alimentarnos son posibles para propender a mejorar las condiciones generales de salud. No obstante, dichos cambios no se logran por decreto, sino mediante la participación social activa impulsada mediante la sensibilización, la información y la educación, en los que se acrediten beneficios para todos.
El proyecto en comento fue trabajado durante meses, en parlamento abierto, con la colaboración de instancias de gobierno como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría del Bienestar, la de Salud, la de Educación Pública, la de Economía, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Federal de Competencia entre otras. También participaron cámaras empresariales, universidades, organizaciones no gubernamentales, colectivos interesados y público en general, en foros y mesas de trabajo dónde se recogieron múltiples y muy variadas opiniones.
La iniciativa se integra por nueve títulos, 113 artículos y siete transitorios.
El proyecto de ley pretende tutelar el derecho a la alimentación, precisando el deber del Estado de garantizar el acceso físico y económico de la población a los alimentos. Pretende asegurar la producción suficiente y sostenida de los mismos, fomentar las formas de producción a pequeña escala que fortalecen el abasto familiar y privilegiar el derecho a la salud promoviendo opciones alimenticias inocuas al organismo y con calidad nutritiva para las personas.
Resulta importante la difusión de esta iniciativa por ser de interés colectivo.
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
