Las perritas de Santiago de la Peña y la obligación de rendir cuentas

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No sabía yo que entre las obligaciones del secretario general de Gobierno del Estado de Chihuahua (visible en el sitio: https://www.facebook.com/reel/1848515135828470[1]) figuraran las de mostrarnos a sus perritas, compartir sus preferencias gastronómicas, recomendar dónde desayunar barbacoa, hablar del pozole dominical y participar en videos sobre bodas y celebraciones particulares; pero Santiago de la Peña Grajeda, (a) El Carroñero, acaba de ilustrarnos sobre el particular: al responder a la primera denuncia electoral que presenté en su contra en el mes de marzo, explicó que los funcionarios públicos tienen la obligación de informar sobre sus actividades diarias. ¡Ah, caray! ¿Sus actividades diarias? ¿Todas? ¿También las que corresponden a su vida privada?

Porque, siguiendo semejante razonamiento, uno terminaría por creer que el buen funcionamiento de la secretaría general de gobierno depende de que los chihuahuenses conozcamos las andanzas de Ruffles, Rusa, Mica, Lola y Godofreda, las perritas del funcionario.

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No, no es una ocurrencia mía, no señor; en la denuncia presentada ante el Instituto Estatal Electoral se identifican 352 reels y 1,752 fotografías difundidos en la página de Facebook del secretario general de Gobierno; los videos acumulaban, al momento de su revisión, más de 3.6 millones de visualizaciones; entre ellos hay publicaciones sobre sus mascotas, comidas y actividades personales. Incluso aparece un video relacionado con una boda, donde departió en la mesa que más aplaude (visible en el sitio: https://www.facebook.com/reel/911288711726194, anexo No. 243)—.

Nada tengo contra las perritas, las bodas ni la barbacoa, mucho menos contra el pozole (https://www.facebook.com/reel/1010923728644942, anexo No. 46); lo que no hallo es su relación con las atribuciones legales de un secretario general de gobierno; y, sobre todo, no encuentro respuesta a una pregunta bastante menos simpática: ¿Quién produce, edita, administra y paga semejante cantidad de videos? Porque una cosa es que un ciudadano publique lo que se le antoje en sus redes sociales (con un modesto iPhone Duo de 2 TB) y otra que un funcionario pretenda justificar una operación permanente de difusión de su imagen mediante una supuesta obligación institucional de informar a través de videos que, como en este caso, son producidos a nivel Dios: audios, imágenes, música, etc. Conviene aclarárselo: su obligación es rendir cuentas, no convertirse en protagonista de un reality show interminable sobre su propia vida, donde nomás falta saber a qué horas va al baño y a qué… lo más cercano a eso, es verlo y escucharlo declarar. Rendir cuentas significa explicar qué hace con las atribuciones, el personal y los recursos a su cargo; no mostrar qué desayunó el domingo (https://www.facebook.com/reel/2312075932996657, anexo No. 18).

Pero dejemos a las perritas descansar; en la denuncia también aparece un vehículo que merece bastante más atención: una camioneta RAM blanca, modelo 2022, con placas DE-6780-B; el 10 de julio de 2026 fue grabada junto a una persona que pintaba propaganda con la expresión: “SantiaGO!”, en las inmediaciones del cruce de las calles Ohio y California, en Chihuahua; la consulta al padrón vehicular aportada a la denuncia identifica como propietario de esa camioneta al Gobierno del Estado de Chihuahua. ¿Quién conducía la camioneta? ¿Qué comisión oficial desempeñaba? ¿Por qué estaba junto a la pinta? ¿Qué dicen las bitácoras de servicio? No son preguntas imposibles de responder; bastaría revisar los registros correspondientes.

Hay, además, otros vehículos verdaderamente curiosos: dos camiones de publicidad móvil que circulan por Chihuahua capital exhibiendo, en uno de sus costados, la imagen de Santiago de la Peña y la expresión “Pasión por Chihuahua”, con referencia a Revista Imágenes; y, en la parte posterior, llevaban otra leyenda: “Yo con MARU”. ¡Interesante coincidencia! En los mismos vehículos, la promoción de un secretario general de Gobierno y un mensaje de respaldo a la gobernadora. Ooootra vez: ¿quién contrató esos camiones? ¿Quién pagó su circulación? ¿Qué relación existe entre ambos mensajes publicitarios? Desconozco las respuestas, lo que sí sé es que para eso se debe investigar; como dijo Chico Ché: ¿quién pompó?

La denuncia también incorpora información periodística sobre presuntas convocatorias a trabajadores públicos para participar en reuniones relacionadas con el proyecto político de Santiago de la Peña; según esos señalamientos, se habría solicitado incluso la asistencia de familiares y amigos, con mecanismos de control de participación. Aquí la cuestión deja de ser pintoresca; porque si se acredita que servidores públicos fueron movilizados mediante instrucciones derivadas de relaciones jerárquicas, estaríamos ante una posible utilización del aparato gubernamental para fines políticos particulares. ¿Quién convocó? ¿Con qué instrucciones? ¿Se utilizaron horarios laborales? ¿Hubo listas de asistencia? ¿Intervinieron superiores jerárquicos?

Esas preguntas deben responderse con documentos, testimonios y registros, no con bromas ni salidas de tono como las de las otras dos denunciadas; la directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, Fernanda Martínez Quintero, por ejemplo, quien declaró que conocía “historias de terror”[2] sobre mi prieta, rechoncha y oronda persona; no explicó cuáles. Sólo puedo decir que, a diferencia de ella, yo sí referí y probé las historietas de terror que le atribuyo y no me quedé en indemostradas descalificaciones personales; porque la cuestión no es si la funcionaria tiene derecho a simpatizar con un aspirante político, por supuesto que lo tiene; la cuestión es poquito más de fondo: cómo se produjeron esas publicaciones, quién las financió y si en su elaboración o difusión participaron recursos públicos. Eso es lo que debería responder y no descalificar a quien esto escribe. Que responda, que lo haga; aquí, como en el tango: “fumando espero”. Sería útil conocer las respuestas… si las hay.

A su vez, la directora del Registro Civil, Silvia Margarita Alvídrez Valles,[3] se atrevió a sugerirme que me dedicara a “actividades más productivas”. ¿Más productivas, Margarita? Como bien sabes, he dedicado buena parte de mi vida al ejercicio del derecho, la judicatura, la docencia y el periodismo; a estas alturas, créemelo, no necesito que una funcionaria pública me extienda un certificado de productividad; pero ya que te preocupa tanto cómo empleo mi tiempo, te propongo algo: yo seguiré investigando y denunciando lo que considero irregularidades en el ejercicio del poder; y tú podrías dedicar una pequeña parte del tuyo a explicar los hechos que te imputo; por ejemplo, aquella entrevista que concediste (y que después sospechosamente desapareció de internet[4]); porque, Margarita, yo no cobro del erario por investigar a los funcionarios… tú sí cobras de él por desempeñar una función pública: por cierto, la productividad de un servidor público no se mide por la cantidad de elogios que dedica a su jefecito chulo, sino por los resultados que entrega a los ciudadanos. Aclárale pues, a los chihuahuenses, quién y por qué desapareció el video que prueba tu participación ilegal en un conocido programa.

Por otra parte, tenemos el dinero que nadie explica: la denuncia documenta también publicidad pagada en redes sociales; de acuerdo con los registros incorporados, ocho páginas de Facebook acumularon 1,794,107 pesos de gasto publicitario en contenidos favorables al funcionario; a ello se agregan los 352 reels, las 1,752 fotografías, los espectaculares, las bardas y la publicidad móvil; se identificaron 34 ubicaciones de espectaculares y se formularon estimaciones sobre los costos de producción audiovisual y contratación de publicidad exterior, con un monto aproximado, calculado por miguelito (o séase yo), de casi 17 millones de pesos. Hechos que se relacionan con la denuncia penal contra Comunicación Social: el 11 de noviembre de 2026 fue ratificada ante la Fiscalía General del Estado una denuncia relacionada con presuntas presiones ejercidas desde el área gubernamental de Comunicación Social sobre empresas periodísticas; la documentación incorporada a la queja identifica el Número Único de Caso 19-2026-0029422.

Todo lo anterior no sería digno de especial mención si el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) no hubiera aprobado, el 6 de noviembre pasado, los topes de gastos de precampaña para el proceso electoral 2026-2027 municipal, que se fijó en $4,108,419.08 (cuatro millones ciento ocho mil pesos cuatrocientos diecinueve pesos 08/100); precisamente por eso se pidió investigar: ¿quién contrató a los proveedores? ¿Quién administró las páginas? ¿Quién pagó la publicidad? ¿Qué relación tienen los contratantes con el Gobierno del Estado? ¿Por qué se incrementó el presupuesto en esa área?

Santiago, a su estilo, responde con burlas, desdén e ignorancia; a pregunta expresa de si ha sido notificado de alguna de las querellas dijo: “que no, y que incluso Luis Villegas había hecho expresiones de triunfo, pero que aunque le moleste cuando lo dice no le pone mucha atención porque tiene mucho trabajo como secretario general de gobierno”.[5] ¡Ay, Chago! Vamos por partes: primero, no presumí un triunfo imaginario, una jueza federal ordenó la suspensión definitiva en el caso de Andrea Domínguez y te calló el hocico; al que no le gustó fue a ti, mamón; segundo, me tiene absolutamente sin cuidado que no me prestes atención, préstasela a Chihuahua y a los chihuahuenses, a ellos explícales quién paga tus exorbitantes gastos de preprecampaña; y tercero. ¿que tienes muchísimo trabajo como secretario general de Gobierno? ¡Hombre, Chago, permíteme que lo dude! Con 352 reels (aproximadamente uno y medio diario, así como 1,752 fotografías, las perritas, las bodas, el pozole y la barbacoa), ¿a qué horas trabajas güevón?

QR
La denuncia y sus anexos están a disposición del público mediante el código QR que acompaña esta publicación.

Termino, la obligación de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos no comienza cuando arranca una campaña electoral, deberías saberlo; el artículo 134 constitucional no establece semejante excepción; de manera que la inexistencia de una campaña formal no responde a las preguntas sobre el origen del dinero, la participación de funcionarios o el posible uso de recursos públicos; son cuestiones distintas; y ninguna se resuelve descalificando a quien pregunta.

Sería bastante más fácil, y más útil, que Santiago dijera a los chihuahuenses —que está agüevado a gobernar con el apoyo de su Marumamá— quién paga la cuenta; rendir cuentas no es presumir lo que uno se traga ni dónde, es explicar lo que uno hace con el poder y los recursos públicos.

No me crea a mí. Examine los documentos, revise las imágenes, consulte los videos y forme su propio criterio.

Plumas Perfil 3
Luis Villegas Montes

Doctor en Derecho Judicial y en Administración Pública, con amplia trayectoria en el servicio público y especialización en derecho administrativo y responsabilidades de los servidores públicos. Su trabajo combina análisis jurídico, experiencia institucional y reflexión crítica sobre el ejercicio y las estructuras del poder. Es además Máster en Creación Literaria por la Universidad de Salamanca, formación que incorpora a su escritura una mirada histórica y narrativa.


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