Lo que vivimos el 1 de junio no fue una elección, fue un experimento fallido. Una puesta en escena carísima con el pueblo como espectador confundido y el sistema político como protagonista absoluto.
Nos pidieron votar por jueces, magistrados y ministros. Nos dijeron que así haríamos más democrática la justicia, pero no nos dieron ni tiempo, ni información, ni razones. Solo una boleta con nombres que no conocíamos y un presupuesto de 7 mil millones de pesos para llenar el teatro. ¿El resultado?
Un 87% de abstención.
Más de 21 millones de boletas anuladas o ignoradas.
Un costo de casi 540 pesos por voto, más del doble que en la elección presidencial de 2024.
Y lo más grave: una Corte Suprema que ahora responderá a las urnas… o peor, a quienes controlan las urnas.
Esto no fue un ejercicio democrático, fue un ensayo de sometimiento institucional. Una forma elegante de dinamitar la independencia judicial sin usar dinamita.
Llevamos décadas viendo cómo el sistema judicial se manipula según el partido en turno PRI, PAN, Morena… Todos han metido las manos. Pero lo de ahora —esto de elegir jueces como si fueran ediles— hace que las reformas del pasado parezcan juego de niños.
La narrativa fue impecable: “El pueblo decide.”
Pero la operación fue torpe, egocentrista, vertical y profundamente política. La ciudadanía no eligió justicia, eligió entre lo que no entendía y lo que no confiaba. Y eso, en términos reales, no es elección: es simulación.
El mensaje es claro: el Estado no puede seguir jugando a disfrazar decisiones políticas de procesos populares y desde el sector productivo —que sí paga impuestos, que sí da la cara, que sí sostiene este país con trabajo y legalidad— decimos con fuerza: ya basta.
Porque sin justicia real, no hay economía que aguante.
Sin certeza jurídica, no hay inversión que florezca.
Y sin independencia judicial, no hay democracia que valga.
No estamos en contra de acercar el poder a la gente.
Estamos en contra de que se use a la gente para capturar el poder.
Y sí: participamos.
Pero no para legitimar, participamos para cuestionar y exigir. Porque alguien tenía que estar ahí para contar lo que realmente pasó y lo que pasó es que la justicia quedó más débil, más vulnerable y más sola.
Hoy más que nunca, el sector privado tiene que levantar la voz, no como oposición política.
Como guardianes de la legalidad, como defensores de un país que no se puede permitir que le roben la justicia… y encima, le manden la factura.
