Hay políticos que parecen olvidar que los cargos públicos tienen fecha de inicio, pero también deberían tener una responsabilidad permanente: responderle a la ciudadanía. Sin embargo, algunos se aferran a sus posiciones con una soberbia que resulta cada vez más evidente. Presumen sus nombramientos, repiten discursos, acumulan fotografías y se preparan para permanecer en el poder, mientras las necesidades de la gente siguen esperando.
La política no puede convertirse en un ejercicio de vanidad. Un cargo público no es un trofeo, mucho menos una plataforma para alimentar el ego de quien lo ocupa. Es una responsabilidad que se adquiere frente a miles de ciudadanos que depositaron su confianza, sus expectativas y, sobre todo, sus recursos en quienes hoy tienen la obligación de gobernar.
Y es precisamente ahí donde debemos hacer una pausa.
¿Cuántas veces hemos escuchado las mismas promesas? ¿Cuántas veces se anuncian compromisos que nunca se traducen en resultados? ¿Cuántas veces se habla de transformación, bienestar, justicia o desarrollo, mientras las calles, las colonias y las familias siguen enfrentando problemas que parecen no tener respuesta?
La ciudadanía no necesita políticos que perfeccionen sus discursos; necesita servidores públicos que perfeccionen sus resultados.
Porque gobernar no es solamente hablar. Es actuar. Es escuchar. Es resolver. Es entender que detrás de cada solicitud hay una persona que enfrenta una necesidad real, que detrás de cada trámite hay un derecho y que detrás de cada impuesto pagado existe una exigencia legítima de servicios, seguridad, infraestructura y bienestar.
Cuando pagamos nuestros impuestos, cumplimos con nuestras obligaciones. Pero ese cumplimiento no debe convertirse en una relación unilateral en la que el ciudadano únicamente aporta y el gobierno únicamente exige.
Los derechos no son concesiones de los políticos. Son garantías que el Estado está obligado a respetar, proteger y hacer efectivos.
Por eso, resulta inadmisible que algunos representantes pretendan exigir disciplina ciudadana mientras evaden su propia responsabilidad. La autoridad no puede pedir confianza indefinida cuando no ofrece resultados; tampoco puede reclamar reconocimiento por cumplir aquello para lo que fue electa.
La soberbia política comienza cuando se deja de escuchar. Cuando se cree que el cargo otorga superioridad y que la ciudadanía debe conformarse con explicaciones, fotografías o promesas recicladas. Pero el poder público no pertenece a quien lo ejerce: pertenece al pueblo que lo deposita.
Y aquí es donde los ciudadanos tenemos una tarea irrenunciable: seguir exigiendo.
Exigir no es ser conflictivo. Cuestionar no es ser enemigo. Señalar una omisión no es falta de respeto. Es ejercer nuestra ciudadanía, defender nuestros derechos y recordar que la democracia no termina el día de la elección.
No permitamos que la costumbre nos haga tolerar la indiferencia, ni que la soberbia de quienes gobiernan silencie nuestras demandas.
Los cargos pasan. Los discursos se olvidan. Pero las necesidades de la gente permanecen.
Que ningún político confunda nuestro silencio con conformidad, ni nuestra paciencia con resignación.
Porque el ciudadano que cumple tiene derecho a exigir. Y quien tiene el privilegio de gobernar, tiene la obligación de responder.
Mayra Machuca
Abogada, Activista, Columnista, Podcaster.
Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer.
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