En medio de una crisis de inseguridad que el Estado mexicano no ha logrado contener, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que plantea cambios importantes en la regulación de permisos y licencias. La propuesta modifica 59 artículos de la ley vigente y otorga nuevas facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional, además de flexibilizar el porte de armas para elementos de las fuerzas armadas en activo.
Si bien es positivo avanzar hacia un marco legal que permita a los ciudadanos acceder de manera más clara y ordenada a mecanismos de autoprotección, la reforma todavía deja vacíos importantes. México necesita un modelo que no sólo regule, sino que garantice a los particulares el derecho a la legítima defensa en condiciones adecuadas y transparentes. La realidad nos demuestra que el Estado, por sí solo, no puede brindar la seguridad que los ciudadanos demandan.
Hoy más que nunca, resulta indispensable abrir la discusión hacia un modelo de seguridad donde el ciudadano tenga la posibilidad real de proteger su vida y su patrimonio, frente a un Estado que, en muchos rincones del país, ha sido claramente rebasado.
Aunque la narrativa oficial habla de fortalecer el control y la regulación, lo cierto es que esta reforma está diseñada principalmente para que las secretarías de seguridad pública estatales puedan acceder a armas de mayor calibre y potencia. Se pretende así mejorar su capacidad operativa frente a la violencia que azota al país.
Pero ese enfoque, aunque necesario para las corporaciones, no resuelve el problema de fondo: los ciudadanos seguimos sin opciones reales para protegernos. No hay nuevos mecanismos que amplíen la posibilidad de defensa para los particulares, ni se ha actualizado el catálogo de armas permitido. Para quienes cuentan con permisos colectivos —como los tiradores deportivos o coleccionistas—, el acceso sigue limitado a armas cortas de bajo calibre, siendo el .38 milímetros lo máximo permitido.
La realidad es que los mecanismos actuales no protegen a las familias, ni garantizan condiciones mínimas para ejercer el derecho a la legítima defensa. Más bien parecen diseñados para desarmar a una población que, en muchos casos, vive completamente desprotegida. Porque seamos claros: hay regiones del país donde ni siquiera existe una Secretaría de Seguridad Pública municipal, y en otras, aunque existe, simplemente no tiene capacidad de respuesta.
Frente a este panorama, resulta preocupante que la reforma insista en fortalecer el control institucional sin equilibrarlo con el derecho ciudadano a proteger su vida, su integridad y su patrimonio.
Otro de los aspectos preocupantes de esta reforma es que, lejos de abrir alternativas reales de protección para los ciudadanos, establece nuevas prohibiciones que resultan innecesarias y desproporcionadas.
Un ejemplo claro es la restricción al uso y adquisición de miras tácticas por parte de particulares. Estos dispositivos, que mejoran la precisión y la visibilidad al utilizar un arma de fuego, no representan un riesgo en sí mismos. Al contrario: para muchas personas, especialmente adultos mayores o ciudadanos que han visto deteriorar sus sentidos con el paso del tiempo, una mira táctica puede marcar la diferencia entre poder defender su vida o quedar vulnerables ante una agresión.
Además, se olvida que muchos usuarios de miras ópticas participan en actividades deportivas, de tiro recreativo o pertenecen a agencias de seguridad privada, donde la precisión es un elemento fundamental para proteger a otros o a sí mismos.
Seamos claros: en la mayoría de los aseguramientos al crimen organizado, las autoridades no encuentran miras tácticas deportivas, sino armamento de guerra y equipo militar de alto poder. Criminalizar accesorios de precisión no combate al crimen; sólo limita aún más a los ciudadanos de bien que buscan proteger su vida o continuar con prácticas legítimas.
Es evidente que los legisladores deben repensar estas disposiciones si verdaderamente su interés es fortalecer la seguridad pública y no simplemente endurecer restricciones para quienes menos amenazas representan.
La verdad es que el modelo de seguridad que tenemos hoy es completamente insuficiente para lo que realmente necesitan los ciudadanos. Cada vez es más evidente que el crimen organizado se arma con mayor fuerza, mientras que al pueblo —nosotros los ciudadanos— se nos siguen limitando las opciones para defendernos.
Esto no solo es injusto, sino ilógico. La reforma no resuelve nada de fondo y, por el contrario, refuerza las limitaciones. ¿Cómo es posible que se me permita adquirir un arma de fuego para mi hogar, pero esa misma arma no la pueda llevar a un lugar de práctica o defensa, donde podría necesitarla en un momento dado? Este tipo de vacíos legales no hace más que dejar desprotegidos a los ciudadanos, mientras el crimen sigue creciendo y el Estado, con sus limitaciones, no puede garantizar nuestra seguridad.
La desconexión entre las autoridades y la ciudadanía es alarmante. Los legisladores deben entender que no vivimos en una burbuja: en muchos municipios, las fuerzas de seguridad están ausentes, y lo que es peor, en muchos casos no tienen ni los recursos ni la capacitación para enfrentar la creciente violencia. El Estado ya no puede darnos la seguridad que necesitamos, y no es una exageración decirlo. En muchas partes del país, no hay patrullajes constantes, no hay operativos eficaces, y la policía está totalmente sobrepasada por la violencia que genera el crimen organizado.
Esta realidad nos enfrenta a un dilema: la seguridad privada y la autodefensa no son opciones viables para la mayoría debido a las restricciones legales que aún nos limitan. La reforma no está viendo esto. No estamos pidiendo acceso libre a armas sin control, sino a una regulación clara y equitativa que permita a los ciudadanos acceder a los medios de defensa de forma responsable y adecuada. Necesitamos un sistema legal que reconozca que la autoprotección es una necesidad real, porque hoy, más que nunca, las autoridades no pueden garantizar nuestra integridad, ni siquiera en comunidades donde el crimen está a la orden del día.
Además, el modelo de seguridad actual sigue sin involucrar a los actores clave en esta discusión. Si queremos que las leyes sean efectivas, deben construirse con la participación activa de los ciudadanos. Las mesas de trabajo no pueden estar solo en manos de políticos y cuerpos de seguridad. Es urgente que se involucren deportistas, ciudadanos preocupados por la seguridad, y prestadores de servicios privados en el debate sobre la regulación y control de armas. Solo de esta forma podremos crear un sistema equilibrado que, por un lado, garantice la seguridad pública y, por otro, ofrezca a los ciudadanos las herramientas necesarias para protegerse.
Lo que realmente necesita México son mecanismos claros y efectivos que no solo estén pensados para controlar el uso de armas, sino para empoderar a los ciudadanos de bien, brindándoles las garantías de que podrán defenderse si lo necesitan. Porque, seamos claros, en muchos lugares del país, los ciudadanos son los primeros en enfrentar la violencia, y la reforma, tal como está planteada, no responde a las necesidades reales que tenemos. Lo que sigue quedando fuera de la ecuación es el derecho legítimo de las personas a protegerse.
Daniel Alberto Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.
