El “Día Internacional de la Protección de Datos Personales” se celebró en días pasados en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Tiene lugar cada 28 de enero, en alusión a la firma del Convenio 108 del Consejo Europeo en 1981, relativo al cuidado de nuestra información en tratamientos automatizados. Se trata de un instrumento de gran relevancia en este campo, por ser el primero a nivel internacional jurídicamente vinculante.
El derecho a nuestra privacidad se interrelaciona con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sobre cómo se deben facilitar otras prerrogativas e impulsar el desarrollo sostenible, a través del libre flujo de datos, pero sin que ésta sea vulnerada; sino que, por el contrario, se haga un balance entre su protección y el crecimiento económico de los países.
Así nos lo impone la creciente importancia del tema, la agenda mexicana en la protección a los datos personales, muy particularmente en aspectos comerciales, de ciberseguridad, tecnológicos y digitales; así como en el buen ánimo para contribuir a una sociedad cada día mejor distribuída y más justa.
En el Senado de la República estamos atentos de la evolución en estas materias, de manera propositiva y siempre abiertos a escuchar a todas las voces involucradas, en aras de generar piezas legislativas acordes a nuestra realidad actual.
Para resaltar la importancia y necesidad de una adecuada tutela y protección de los Estados a los datos personales, me referiré a una expresión del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres en la que sostuvo que: “los derechos humanos son la base de la dignidad y la piedra angular de sociedades pacíficas, inclusivas, justas, igualitarias y prósperas.”
Y es que, gracias a su ejercicio, las personas podemos “ser quienes queramos”; y gracias a su salvaguarda efectiva construimos entornos sociales armónicos y virtuosos, donde todos debemos tener un lugar.
La Agenda 2030, como plan de acción global que busca nuestro bienestar y el del planeta, parte de la premisa de que, para avanzar en el desarrollo es indispensable asegurar la garantía de nuestros derechos, entre ellos, la protección de nuestros datos personales.
Entre sus fines esenciales está el trabajar por la igualdad y la inclusión para asegurar un piso parejo de progreso; especialmente de aquellas poblaciones más excluidas y vulnerables como las mujeres, los menores de edad, las personas con discapacidad o los adultos mayores, los indígenas o quienes viven en condiciónes de marginación y de pobreza.
Y es justo en este contexto, donde el cuidado de nuestra información personal y el respeto a nuestra privacidad cobran sentido para el cumplimiento de esta agenda; porque son componentes esenciales para la defensa de nuestra dignidad y porque su respeto evita cualquier forma de discriminación, por prejuicios o estereotipos asociados a “quienes somos”.
Este mapa de compromisos internacionales plantea también, la necesidad de contar y aumentar la accesibilidad de datos que sean oportunos, confiables y de calidad, para su aprovechamiento colectivo; que estén desagregados en distintas categorías como la condición económica, el género, la edad, la lengua, el origen étnico, la situación migratoria, la ubicación geográfica, entre otras, para particularizar problemáticas y atender demandas específicas.
Y precisamente es en ese tratamiento de información desglosada donde resulta importante afianzar su disponibilidad, confidencialidad, integridad y seguridad, para reforzar la confianza de quienes la proporcionan.
Asimismo, la digitalización ha incrementado los flujos y transferencias de datos, en el ámbito nacional, pero sobre todo en el internacional, que son primordiales para la cooperación entre países y para un mejor y más eficiente intercambio económico.
En el caso de nuestro país, hemos asumido compromisos que vinculan nuestra información con relaciones de tipo comercial, financiero, científico, tecnológico y de investigación con diversos países y organizaciones internacionales. Así se observa en el Capítulo 19 del T-MEC, en donde se incorporó la obligación de impulsar el comercio digital con el cuidado de los datos personales de los participantes en esta actividad.
Los avances tecnológicos con innovaciones como la inteligencia artificial, el big data, el internet de las cosas o la realidad virtual; junto con la huella personal que dejamos al navegar, nos exige, cada vez más, tener conciencia del manejo de lo que compartimos, con quién, para qué, cuándo y dónde.
De acuerdo con un Informe de 2018 del World Wide Web Foundation, los internautas producían alrededor de 2.5 billones de gigabytes de datos al día, los suficientes para transmitir mil millones de películas.
En la actualidad, aún persiste el desconocimiento de los usuarios de la red sobre lo que pasa con su información, sobre los riesgos a los que están expuestos, sobre las medidas de seguridad y sobre la manera de reclamar su resguardo.
Así lo muestra la Encuesta de Privacidad del Consumidor de Cisco de 2022, que revela que el 43% de los entrevistados estimaba que no se protegían debidamente sus datos; pues el 79% de ellos señaló que era difícil determinar para qué los utilizaban las compañías.
Situaciones de su mal uso; o bien, de robo, de fraude o de engaños en su empleo, tanto por instancias públicas como privadas, ponen de manifiesto la pertinencia de que existan y permanezcan órganos técnicos y especializados en nuestro país, encargados de blindar la información concerniente a nuestra esfera personal. Me refiero a los Institutos de
Transparencia y Privacidad, entre los que se encuentra el INAI.
Estoy convencido del papel social que tiene el INAI para el Estado mexicano, tanto como garante de derechos humanos, como en su misión de fungir como contrapeso generador de balances institucionales entre los distintos poderes fácticos.
Por eso, para mantener su neutralidad, debe ser independiente, ajeno a controles políticos e intereses particulares. Su toma de decisiones debe basarse en la imparcialidad, la legalidad y la objetividad.
Mantenerlo en un punto de inoperancia no favorece a nadie; por el contrario, todos perdemos: la democracia; las autoridades y, sobre todo, la gente.
A todos beneficia tener instituciones sólidas, que vigilen el respeto de nuestros derechos; que mejoren la gestión pública; que incentiven la participación ciudadana; que luchen contra la corrupción y la discriminación y que trabajen por un desarrollo igualitario, como lo hacen estos órganos.
En mi encargo como legislador, he podido atestiguar que en el Senado de la República, se promueve un ambiente de diálogo y tolerancia en el que se procuran los acuerdos cuando se trata del bienestar de los mexicanos y del país.
Desde el Senado abonaremos para fortalecer la función del INAI, su continuidad y su autonomía; así como, para impulsar reformas transformadoras y progresistas en el tema que nos ocupa: la regulación de los datos personales, en equilibrio con una innovación tecnológica segura y un desarrollo económico incluyente que contribuya al abatimiento de la desigualdad que tanto daño le causa a nuestro país.
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
