La Madre de Todas las Batallas

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Desahogada la reforma electoral en las Cámaras del Congreso, viene ahora la discusión de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Para quienes hemos luchado por la democratización de los medios de comunicación y logramos llevar a la Constitución varios de nuestros viejos anhelos, la que viene será, la madre de todas las batallas.

Por supuesto que sabíamos que la tarea reglamentaria de la reforma constitucional promulgada el 11 de junio del año pasado sería difícil y enfrentaría nuevas y mayores resistencias, pero nunca nos imaginamos que el principal embate regresivo, que intenta contradecir y reducir el alcance de las nuevas disposiciones constitucionales, vendría del mismo personaje que rubricó el decreto de publicación con bombo y platillo: Enrique Peña Nieto. La iniciativa que envió al Senado el 4 de abril traiciona la letra y el espíritu de aquella.

Son varios elementos los que explican que Peña Nieto decida echarse para atrás. Muerto el Pacto por México, se disolvió también el mecanismo de consenso para presentar las iniciativas; el gobierno tiene ya en el bolsillo la reformas que verdaderamente quería, con las que se fondeará para un nuevo largo aliento en el poder: la fiscal que sacó adelante con votos del PRD, y la energética que consiguió con votos del PAN; el enorme servicio que la Televisión hizo para ocultar los alcances y consecuencias de estas reformas, y la profunda división en las bancadas de los dos principales partidos de oposición  -en la Cámara de Diputados el PRD y en la de Senadores el PAN-, todo ello hizo fácil que Peña Nieto cambiara el proyecto que originalmente habían confeccionado la Secretaría de Comunicaciones y la entonces COFETEL para reglamentar la reforma constitucional y enviar el proyecto que revisaron, «corrigieron» y disminuyeron las Televisoras, particularmente los personeros de Televisa. De una iniciativa que originalmente constaba de 377 artículos, Peña envió al Congreso una de 312. La que recibió el visto bueno del consorcio televisivo.

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Un extraordinario texto de Mony De Swan, ex-Presidente de la Cofetel, titulado «Telecomunicaciones: el sector de las promesas incumplidas» que forma parte del libro «Voces de Alerta: la contrarreforma de Peña Nieto», da cuenta de la diferencia entre uno y otro proyecto, toda vez que participó en la redacción del primero. (www.javiercorral.org)

Sin rubor alguno, Peña Nieto abandonó en su iniciativa los objetivos principales de la reforma constitucional y trata de recuperar en la ley secundaria facultades y atribuciones que perdió en el texto constitucional. A cambio ofreció, al único poder fáctico que le podía hacer mella, la empresa de Emilio Azcárraga, protección y nuevos regalos.

Del proyecto reglamentario salió por completo la definición constitucional de que la radio y la televisión son servicios públicos de interés general. Lo que constituía el mayor logro de la reforma, piedra angular para el desarrollo de toda la normatividad. No es lo mismo reglamentar una actividad económica preponderante, que un servicio público.

En varios artículos se pretende limitar, restringir y censurar contenidos y aplicaciones en internet, en franca violación de lo establecido en la fracción II del apartado A del artículo sexto constitucional que garantiza que los servicios de telecomunicaciones sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias indebidas.

No se desarrolla y por lo tanto tampoco existe sanción, de la prohibición de transmitir publicidad engañosa o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Contrario al mandato establecido en la fracción VI del artículo sexto constitucional para que la ley establezca los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección, la iniciativa de Peña Nieto simplemente ignora la disposición.

Las finalidades de autonomía e independencia que la Constitución otorgó al nuevo órgano regulador de los sectores -el Instituto Federal de Telecomunicaciones-, así como sus amplias y poderosas atribuciones de autoridad pretenden ser violentadas en la iniciativa de Peña Nieto. Los artículos 27 y 28 de la Constitución confirieron prácticamente todas las facultades al IFETEL, desde el otorgamiento de las concesiones, la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, hasta hacerlo autoridad exclusiva en materia de competencia económica en estos sectores. Pero Peña Nieto busca reinsertar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en las facultades de concesionamiento y regulación del espectro, así como a la Secretaría de Gobernación en las de supervisión del uso del espectro, tratando de regresarle la vigilancia de contenidos en radio y televisión.

El mayor incumplimiento que pretende la iniciativa presidencial es en relación a las medidas de competencia económica y convergencia tecnológica. Está sembrado un profundo desequilibrio entre los sectores de telecomunicaciones y la radiodifusión, en sentido contrario al espíritu y al texto literal de la reforma constitucional y sus transitorios, que busca medidas de fomento a la competencia en todos los mercados y servicios de manera simultánea. (Artículo 28 constitucional, transitorios Cuarto y Octavo).

Precisamente por la componenda político-mediática que describía arriba, las más fuertes contradicciones y omisiones constitucionales, tienen que ver con una protección a los intereses monopólicos de la Televisión y a las pretensiones de control informativo de la Presidencia de la República. Mientras que al operador preponderante en telecomunicaciones se le regula en todos los componentes de su red, se le imponen obligaciones de compartición de toda su infraestructura, se le obliga a realizar ofertas públicas de capacidad de red, de interconexión y de compartición, entre muchas otras medidas, a la Televisión no se le toca ni con el pétalo de una coma.

He señalado que la mayoría de las medidas impuestas al operador preponderante de Telecomunicaciones (Telmex) son positivas para el mercado y para el consumidor. Por ejemplo, la eliminación del cobro de larga distancia nacional en cualquier llamada y para todos los operadores, medida que se traslada directamente como un ahorro al bolsillo de las familias (en un periodo razonable de transición de tres años previsto en los transitorios). Pero otras constituyen una flagrante violación a la Constitución. Es el caso de la previsión en el artículo Noveno Transitorio de la iniciativa de Peña Nieto, en el sentido de imponer un plazo adicional de 24 meses para que la empresa de Carlos Slim pueda recibir autorización de servicios convergentes y prestar servicios de televisión restringida. Esta disposición no sólo viola directamente el texto del artículo Cuarto Transitorio de la reforma constitucional, sino que es una clara protección a Televisa en sus negocios de televisión abierta y restringida.

El artículo 276 de la iniciativa del Ejecutivo Federal contiene un regalo para Televisa, le he llamado la «Cláusula Cablecom». Este artículo le ordena al IFT que, al analizar fusiones o adquisiciones de empresas en el futuro (técnicamente se les conoce como concentraciones), tenga presente su impacto en el sector de que se trate y no sus consecuencias en el mercado específico. Esto abre la puerta para que Televisa, que ya concentra más del 70% del mercado de televisión restringida en el país, pueda seguir comprando empresas de cable, incrementando su concentración –solamente porque la televisión restringida es un servicio de telecomunicaciones y en el sector de las telecomunicaciones el agente preponderante es América Móvil.

Lo anterior es resultado de la tramposa definición de preponderancia que a lo largo de la iniciativa se contempla y en la que el IFT únicamente podrárealizar la declaración de preponderancia de un agente económico por cada sector, es decir, que únicamente puede haber un agente preponderante en radiodifusión y un agente en telecomunicaciones. Esta equivocada interpretación, equivale a dejar la televisión restringida fuera de toda regulación, pues estámuy claro que siendo la TV restringida un mercado que pertenece al sector de telecomunicaciones, y asumiendo que Televisa únicamente es declarado preponderante en el sector de radiodifusión, se deja sin regulación alguna un mercado que presenta niveles de concentración por encima del 70% en manos de Televisa.

La protección a Televisa es cínica, pues no sólo lo dejan libre en el mercado de la televisión de paga, sino que en el «sector» de la radiodifusión (léase televisión abierta) donde presumiblemente ha sido declarado preponderante, la iniciativa establece un catálogo de medidas «asimétricas» que constituye, salvo por algunas excepciones, una burla para el poder de mercado de Grupo Televisa. Peña Nieto propone por ejemplo, artículo 264, imponer a Televisa la gravosa obligación de acatar la ley; o de cumplir con la retransmisión de señales conocido como “must carry, must offer”, o de mantener prácticas de mercado en los contratos publicitarios que celebre. Todas éstas son medidassimétricas por su propia naturaleza, es decir, obligaciones cuya observancia corresponde a cualquier concesionario, y no únicamente al preponderante.

Adicionalmente, la iniciativa restringe sistemáticamente las obligaciones del agente preponderante en radiodifusión a sus empresas de radiodifusión, procurando con un cuidado notable que no exista mecanismo alguno para interpretar que las empresas de televisión restringida que son propiedad del agente preponderante en radiodifusión están también obligadas.

En los estratégicos objetivos de la reforma constitucional para limitar la concentración de frecuencias y al concesionamiento, tanto nacional como regionalmente, imponer reglas a la propiedad cruzada de medios de comunicación, ordenar medidas para la desinversióy criterios para el acceso de los actuales concesionarios a tener canales adicionales mediante la multiprogramación, la iniciativa es particularmente laxa y omisa porque son temas que implican consecuencias, cargas o riesgos regulatorios para Televisa.

Esto es notable en la regulación prácticamente ausente de la multiprogramación, donde el Ejecutivo continúa rehusándose a proponer que los concesionarios de radiodifusión paguen una contraprestación al autorizárseles que en lugar de transmitir una señal de televisión dentro de su canal de 6 MHz, puedan transmitir hasta 5 señales. Es decir, que al quintuplicarse el valor del espectro desde el punto de vista de quien lo explota, hay quien pretende no cobrarles un aprovechamiento o contraprestación por la autorización.

La regulación de la propiedad cruzada de medios de comunicación en realidad constituye un obstáculo y un diferimiento para que el IFT cumpla con un mandato expreso de la Constitución, que es proceder a la desincorporación de activos, derechos o partes sociales para evitar la concentración de frecuencias y la propiedad cruzada de medios. Los artículos 283 a 286 se presentan en realidad como una vacuna contra la regulación efectiva.

La traición mayor de Peña Nieto está en la omisión deliberada de fortalecer el sistema de medios públicos en el país, cuando la Constitución le ha dado claros mandatos para garantizar en la legislación secundaria (Décimo transitorio) su independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Todo esto está ausente.

Viene pues, una batalla esencial para exigir respeto a lo que el Constituyente permanente plasmóen nuestra Carta Magna y que son derechos fundamentales que no admiten regresión, sino por el contrario deben estar sujetos al principio de progresividad contenido el artículo primero de nuestra ley suprema. Exigiremos un debate abierto, transparente, apegado a la normatividad del Congreso para discutir artículo por artículo. Desde aquí rechazo cualquier pretensión de negociar en lo oscurito o en lo «privado» los términos del dictamen. La Constitución no se negocia, se acata. Y cada quien debe expresar sus argumentos de cara a la sociedad.

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Javier Corral Jurado

Javier Corral Jurado Político, periodista, académico, y columnista.
Multi-galardonado por su actividad periodística. Fue Gobernador del Estado de Chihuahua de 2016 a 2021 y Senador de la República en donde formó parte de las comisiones de Educación, Gobernación y participa como Secretario de la Comisión de Radio y Televisión, así como Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Esta columna se reproduce bajo permiso de su autor.

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