La Presidenta Claudia Sheinbaum había logrado algo que parecía improbable: administrar exitosamente la relación con Donald Trump sin entrar en una espiral de confrontación política permanente. Mientras buena parte de América Latina reaccionaba con discursos nacionalistas o choques mediáticos, el gobierno mexicano optó por otra ruta. Optó por pragmatismo, concesiones selectivas y una narrativa pública cuidadosamente calibrada para evitar una crisis bilateral. Y, hasta ahora, había funcionado.
Trump incluso llegó a elogiar públicamente a Sheinbaum. México cedía en temas sensibles —migración, seguridad, coordinación fronteriza— pero sin transmitir internamente una imagen de subordinación. La Presidenta parecía haber encontrado una fórmula políticamente rentable: contener a Trump sin pagar costos internos mayores.
Pero toda estrategia política tiene un límite.
Y parece que ese límite apareció en el momento en que las acusaciones dejaron de girar alrededor del crimen organizado y comenzaron a acercarse al régimen político mismo.
La reacción del oficialismo ha sido predecible: denunciar motivaciones electorales en Estados Unidos, exigir pruebas inmediatas y presentar el episodio como un nuevo intento de intervención política desde Washington. Y sí, probablemente existe cálculo político detrás de las acusaciones. Trump entra en un ciclo de elecciones intermedias donde necesita reforzar su narrativa de seguridad nacional, combate al narcotráfico y control fronterizo.
Pero reducir todo a una actitud “electorera” estadounidense es intelectualmente deshonesto.
Que existan incentivos políticos no significa que no existan delitos posibles que investigar. Mucho menos cuando las acusaciones no surgen en el vacío. Durante años hubo reportajes, investigaciones periodísticas y señalamientos públicos sobre presuntos vínculos entre actores políticos de alto nivel y estructuras criminales. Y conviene recordar algo incómodo para la historia institucional nacional: en México, los casos más relevantes de corrupción y captura política casi nunca comenzaron en las fiscalías. Comenzaron en el periodismo.
Además, el argumento de “no han presentado pruebas” es mucho más frágil de lo que parece. No estamos frente a una conferencia mañanera ni ante una disputa mediática. Estamos frente a procesos judiciales estadounidenses donde un gran jurado ya consideró que existían elementos suficientes para avanzar en solicitudes formales. Ese no es un estándar menor.
La pregunta verdaderamente importante no es si Estados Unidos tiene pruebas hoy. La pregunta es cuándo decidirá utilizarlas políticamente.
Porque el problema dejará de estar únicamente en el ámbito de la seguridad y contaminará el geoeconómico.
Donald Trump ha redefinido públicamente la política exterior estadounidense bajo una lógica brutalmente simple. Todo pasa por el filtro de la seguridad nacional y el interés estratégico de Estados Unidos. Comercio, migración, inversión, cadenas de suministro, relocalización industrial, semiconductores, puertos, energía y fentanilo forman parte de la misma conversación. Y eso cambia radicalmente el contexto hacia la revisión del T-MEC.
Existe una idea muy extendida entre analistas y empresarios: el tratado es “too big to fail”. Probablemente tengan razón. La integración manufacturera de Norteamérica es demasiado profunda para desmantelarse fácilmente. Las cadenas de valor automotrices, electrónicas y logísticas atraviesan la frontera de manera estructural. México se convirtió en un nodo crítico de manufactura regional.
Pero hay algo que muchos siguen sin entender: sobrevivir no significa negociar en igualdad de condiciones.
No es lo mismo renegociar un tratado desde una relación entre socios económicos interdependientes, que hacerlo bajo una narrativa donde el Estado mexicano comienza a ser percibido como vulnerable a redes criminales o incapaz de controlar plenamente partes de su aparato político-territorial. Ese es el verdadero riesgo.
La discusión sobre el T-MEC podría comenzar a contaminarse con exigencias de seguridad, trazabilidad, supervisión logística, control aduanero, vigilancia financiera y presión política mucho más agresiva. Si el tratado no desaparece, pero comienza a quedar subordinado a la lógica de seguridad nacional estadounidense, México quedaría particularmente vulnerable debido a su debilidad institucional en los ámbitos económicos, de justicia y de seguridad.
Por eso es que la Presidenta no sólo está arriesgando la imagen de racionalidad y pragmatismo que había construido frente a Washington. Está arriesgando algo mucho mayor con tal de no romper con sectores políticamente cercanos, incómodos o incluso impresentables dentro de su propia coalición.
El punto de quiebre es que el gobierno mexicano parece asumir que todavía puede administrar esta crisis bajo parámetros políticos tradicionales, mientras Washington ya trasladó la discusión hacia un terreno de seguridad nacional y confiabilidad estatal. El gobierno mexicano parece dispuesto a poner en juego credibilidad internacional, capacidad negociadora y margen de maniobra económico con tal de preservar cohesión política interna. Esta apuesta juega con los momios en contra.
El verdadero riesgo para México no es perder el T-MEC, sino llegar a su renegociación sobre las rodillas, bajo sospecha política y con la legitimidad del propio Estado mexicano convertida en parte de la negociación.
Luis Enrique Villavicencio
Especialista en desarrollo económico y vinculación estratégica entre academia, industria y sector público. Enfocado en fortalecer MIPYMES y alinear la formación con el sector productivo, analiza el entorno económico con visión crítica y enfoque propositivo para impulsar la competitividad regional.
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