En México, la extorsión dejó de ser solamente un delito: se convirtió en un sistema de recaudación paralelo que condiciona inversiones, encarece productos, altera rutas de transporte y determina, en demasiadas regiones, quién puede trabajar y bajo qué condiciones. El crimen organizado ya no sólo disputa territorios al Estado; también le disputa una de sus funciones esenciales: cobrar por permitir que la economía opere.
Hay impuestos que aprueba el Congreso y otros que impone el crimen organizado. A los primeros los conocemos: predial, ISR, IVA, derechos, cuotas. Los segundos reciben otro nombre: derecho de piso. Pero para miles de empresarios, comerciantes, transportistas y productores, la diferencia comienza a ser meramente jurídica. Ambos terminan formando parte del costo cotidiano de operar.
La extorsión dejó hace tiempo de ser solamente una llamada telefónica amenazante. En amplias regiones del país se ha convertido en una variable económica. Antes de abrir una planta, mover mercancía, desarrollar un proyecto o mantener una operación, cada vez es más necesario conocer no solamente la infraestructura, el mercado laboral o los incentivos fiscales, sino también el mapa criminal del territorio.
Ese es quizá uno de los síntomas más graves de nuestra pérdida de normalidad.
En el análisis profesional de riesgo ya resulta indispensable investigar qué grupos tienen presencia en una región, qué capacidad de violencia poseen, qué actividades controlan y qué tan vulnerable es una empresa frente a ellos. Al mismo tiempo, hay que conocer qué gobiernos estatales o municipales están dispuestos a acompañar realmente a la inversión: seguridad, coordinación policial, protección de rutas y, en determinados casos, facilidades fiscales que compensen parcialmente el costo extraordinario que la inseguridad impone a quien produce y genera empleos.
No se trata de conceder privilegios. Se trata de reconocer una realidad: hay lugares donde una empresa paga impuestos al Estado y, además, soporta los costos que genera un poder criminal que el propio Estado no ha logrado contener.
El transporte es probablemente la expresión más visible del problema. Las recientes movilizaciones y bloqueos carreteros de transportistas no surgieron de la nada. Detrás están los asaltos, la extorsión, el robo de unidades y mercancías, el miedo permanente de los operadores y, en algunos casos, el asesinato de choferes cuyo único delito fue hacer su trabajo.
Cada camión robado tiene varias víctimas. Está el conductor sometido o agredido. Está el empresario que pierde la unidad o la carga. Está la aseguradora. Está quien esperaba la mercancía. Y finalmente está el consumidor, porque prácticamente todos esos costos terminan incorporándose al precio del producto.
Por eso el derecho de piso no lo paga solamente el comerciante al que amenazan. Lo pagamos todos.
Hay además una escena particularmente perturbadora que se ha vuelto demasiado común: mercancía de procedencia evidentemente dudosa que termina vendiéndose abiertamente en mercados, carreteras o puntos conocidos por todos. Pasa el ciudadano. Pasa la autoridad.
Pasa la policía. Y demasiadas veces no pasa nada.
Ahí está quizá el centro del problema.
México no carece de leyes. Tampoco carece de policías, fiscalías, Guardia Nacional, fuerzas armadas, sistemas de inteligencia o presupuestos de seguridad. Lo que con frecuencia falta es algo mucho más elemental: la decisión de ejercer la autoridad.
Un Estado que tolera que otro poder cobre por trabajar, transportar, vender o simplemente permanecer en un territorio comienza a compartir una de sus facultades esenciales: imponer las condiciones bajo las cuales funciona la economía.
La extorsión es entonces mucho más que un delito patrimonial. Es una transferencia de soberanía.
Cuando el empresario tiene que preguntarse qué grupo criminal controla una zona antes de decidir dónde invertir, cuando un transportista calcula no solamente combustible y casetas sino el riesgo de ser asaltado, y cuando un gobierno debe ofrecer compensaciones para conservar empleos en territorios capturados por la delincuencia, algo esencial se ha roto.
El Estado cobra impuestos porque ofrece legalidad, infraestructura y seguridad. El crimen cobra porque amenaza con destruirlas.
El problema es que, en demasiadas regiones de México, hoy se pagan los dos. Y mientras eso ocurra, cualquier discurso sobre competitividad, nearshoring o desarrollo regional estará incompleto. No puede hablarse seriamente de atraer inversión sin hablar de seguridad territorial. La primera condición para crecer no es una exención fiscal ni una carretera nueva: es que la ley vuelva a mandar.
Fernando Schütte Elguero
Empresario inmobiliario, maestro, escritor, y activista en seguridad pública. Destacado en desarrollo de infraestructura y literatura.
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