Cuando los gobernantes llegan al poder, al inicio del periodo para el que fueron electos, lo primero que hacen es jurar observar y hacer cumplir la Constitución, y las leyes que de ella emanan. Luego, entre las primeras acciones lanzan iniciativas de reforma a las leyes que regulan la administración pública para adaptar la estructura de sus gobiernos y así poder trabajar en el cumplimiento de sus promesas de campaña y en su plan de gobierno que debe ir encaminado a mejorar las condiciones de vida de sus gobernados y el desarrollo pleno de la entidad.

Generalmente esas adaptaciones son aprobadas sin ningún recelo, puesto que existe la confianza avalada por el bono democrático y la esperanza de que un nuevo gobierno traiga los vientos de cambio siempre anhelados por la ciudadanía.

Algo que ha sido muy cuestionado a casi todos los gobernadores anteriores de Chihuahua es que, en los hechos, no se ha cumplido con lo que marca el artículo 116 de nuestra Constitución, que a la letra dice: “El poder público en los estados se dividirá, para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo”. Es decir, deben procurar la independencia de los poderes Judicial y Legislativo, evitar la tentación de que estos dos poderes queden subordinados al Ejecutivo. 

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Desafortunadamente los gobernantes han violado la Constitución de manera recurrente y, con ello, el ejercicio de una verdadera democracia en perjuicio de la sociedad chihuahuense.

Uno de los gobiernos más autoritarios y que mayor daño causó a nuestro estado es, sin duda, el de César Horacio Duarte Jáquez; sus tentáculos penetraron hasta el más recóndito espacio de la estructura de poder y, desde luego, con énfasis en lo referente al presupuesto. Su ambición de dinero y dominio no tuvo límites, endeudó al estado infaustamente, tejió una enorme red de corrupción y complicidades que llegó a muchos sectores; hasta la alta jerarquía católica se vio inmiscuida. La especialidad de la casa fue el desvío millonario de recursos a las campañas del PRI y, desde luego, el ballezano (los parralenses se ofenden cuando lo identifican como originario de esa ciudad) amasó una gran fortuna que derivó en la compra de ranchos y fastuosas propiedades, así como en el florecimiento de negocios y empresas de sus amigos y cómplices.

Es un hecho que lo que más disfrutaba Duarte era su poder omnímodo. Sin límites ni contrapeso alguno, apabulló mediante la compra de voluntades a diputadas y diputados supuestamente opositores, quienes le aprobaron todo, sin menoscabo del daño a nuestro estado. Algo similar ocurrió con el poder Judicial, universidades y otros organismos supuestamente autónomos que pasaron a formar parte del inventario personal del gobernante. Su influencia alcanzó también a los partidos políticos, quienes postularon, principalmente en el 2016, el año de la sucesión, a candidatos a modo y humor del entonces titular del poder Ejecutivo de Chihuahua. Pero, sin duda, la mayor fuerza de Duarte residió en la sumisión de los poderes Legislativo y Judicial; dicha sumisión coronó al césar con poder absoluto, a tal grado que con la mayor desfachatez posible respondía a cualquier cuestionamiento: “El poder es para poder”.

El daño causado lo padeceremos los chihuahuenses muchas décadas por venir, por ello es impensable revivir momentos de poder absoluto como los experimentados durante el periodo duartista. Lamentablemente esos tiempos no solo acechan, ya están aquí, asestando sus primeros golpes, muy bajos, por cierto. La aprobación por parte de los diputados del bloque PAN-PRI-PT-MC de la reforma constitucional relativa al Poder Judicial del Estado, centrada en la manera para designar al presidente del Tribunal Superior de Justicia y a los magistrados integrantes del Consejo de la Judicatura no es mas que facilitar el acomodo en los cargos de las personas que mejor puedan servir a quien ostenta la titularidad del poder Ejecutivo, para sus fines. 

Es un hecho, la alumna aprendió bien y con estas acciones, de forma llana y simple, permite el fortalecimiento de la pandilla duartista y podría superar al maestro.

La fracción parlamentaria de Morena presentó una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado en materia del poder Judicial que contenía puntos coincidentes a la presentada por el PAN, pero que marcaba una gran diferencia en el sentido ético de la misma con las siguientes propuestas: la despersonalización de la reforma, es decir, que no fuera dirigida a beneficiar a determinadas personas; la elección de los magistrados mediante la presentación de exámenes de oposición realizados de manera transparente para que los ciudadanos conocieran la capacidad de quienes ostentarán cargos de la envergadura de magistrados; la no reelección de los consejeros de la Judicatura y la equidad de género efectiva. 

Para lograr la aprobación, necesariamente se requería la mayoría calificada del Congreso, es decir, los votos de 22 diputados. La actual Legislatura se compone por 15 diputados del PAN, 5 del PRI, 10 de Morena, 2 de MC y una del PT. En semanas recientes, los planteamientos de Morena fueron bien vistos por la diputada del Partido del Trabajo, Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, y su similar de Movimiento Ciudadano, con lo cual se conformaría un bloque opositor de 12 integrantes, capaz de romper la mayoría calificada y, con ello, obligar al bloque mayoritario a tomar en cuenta las propuestas diversas a las presentadas por el PAN y sus aliados. La conformación de ese bloque opositor prendió señales de alarma en Palacio de Gobierno que no reparó en ofrecimientos de cargos y otras prebendas al Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. 

Mi reconocimiento más sincero y mi gratitud a la diputada Ilse América García Soto, quien se sostuvo en sus ideales y principios, en la lucha por la verdadera transformación de la vida pública del estado y demostró que no está ahí por cargos ni concesiones personales, y que cumple a cabalidad con el encargo que le hicieron los ciudadanos de su distrito.

A quienes optaron por apoyar el absolutismo y la restauración del Duartismo o algo peor, les digo que sí hay oposición y está firme, que no claudicará ante esta embestida, al contrario, seguirán en pie de lucha mientras que ellos, con sus posiciones y prebendas a cuestas, tendrán que responderle al pueblo. Ahí se toparán con pared.

Juan Carlos Loera SQR
Juan Carlos Loera de la Rosa

Empresario y político defensor de la cuarta transformación.


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