Durante la Pascua de 2026 el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, emitió varios mensajes en sus redes sociales que representaron una provocación a sus opositores, debido al contenido simbólico o el tono ofensivo que se usó. Aunado a lo anterior, el mandatario se vio inmiscuido en una serie de intercambios de opiniones, y descalificaciones con otros jefes de Estado, como fue el caso de Italia y el Estado Vaticano.
En este contexto, desde el inicio de la segunda semana del mes de abril, los medios de comunicación y las redes sociales empezaron a convertir en tendencia la referencia a la 25 enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, debido a que varios integrantes de la oposición[1] al presidente Dónald Trump hicieron alguna alusión a la aplicación de ese precepto constitucional, a partir de que percibían posibles problemas mentales en su jefe de Estado. Este tipo de dinámicas no son nuevas en la política estadounidense, ya que, en el pasado, el propio presidente Trump llegó a hacer señalamientos similares sobre el presidente Joe Biden, y en el marco de la elección de 2021, algunos afiliados al Partido Demócrata solicitaron al entonces vicepresidente, Mike Pence, recurrir a esa enmienda, en contra del primer mandato de Trump.
La vigésima quinta enmienda fue promulgada en 1967, y básicamente se orientó a dar mayor certidumbre a los diversos escenarios que se pueden presentar en torno a la remoción, muerte o renuncia del presidente de los Estados Unidos. En este sentido, su Sección 4 establece lo siguiente: “Siempre que el Vicepresidente y la mayoría de los funcionarios principales de los departamentos del Ejecutivo, o de otro órgano como el Congreso, según lo disponga la ley, transmitan al Presidente pro témpore del Senado y al Presidente de la Cámara de Representantes su declaración escrita de que el Presidente está incapacitado para desempeñar las facultades y obligaciones de su cargo, el Vicepresidente asumirá de inmediato las facultades y obligaciones de dicho cargo como Presidente interino”[2]. Es decir, si el vicepresidente y la mayoría del gabinete presidencial aprecian que el Titular del Ejecutivo no está capacitado para mantener el mando, y lo manifiestan por escrito a los órganos legislativos, entonces procede la destitución del presidente.
Independientemente de la dificultad política de materializar el ejercicio de esa disposición constitucional, una de las discusiones de fondo que contienen este tipo de debates radica en poder determinar ¿qué se entiende por “incapacidad para desempeñar las facultades y obligaciones del cargo” ?, ¿bajo qué criterios se puede hacer dicho planteamiento?, y ¿cómo se puede probar tal condición? Estas preguntas vienen a cuenta por la gravedad de eliminar el peso de la legitimidad del voto popular, por una apreciación clínica que no es emitida por expertos, y que posiblemente resultaría violatoria de derechos humanos.
Hasta el momento no ha sido utilizada, y si ponemos atención en los antecedentes históricos, dentro y fuera de los Estados Unidos de América, es posible que no se pueda hacer una correlación seria entre determinado padecimiento, y la capacidad de tomar decisiones.
Ejemplo de esto, son los registros de diversos problemas de salud de varios mandatarios en el mundo, que pudieron haber sido sujetos de este tipo de cuestionamientos, pero no ha sido posible establecer una relación directa entre sus padecimientos, y su mal desempeño, a grados que se puedan calificar como “incapacidad para desempeñar sus facultades y obligaciones”. Al respecto, podríamos considerar los siguientes ejemplos que se han documentado en trabajos de especialistas e historiadores como David Owen, Enrique Krauze o Alejandro Rosas:
En el caso de los Estados Unidos de América, en la segunda década del siglo XX, hubo señalamientos contra el presidente Howard Taft con respecto a un aparente aletargamiento y dificultad para la toma de decisiones. Esto, ligado a la obesidad y apnea obstructiva del sueño que posiblemente padecía.
Bajo el mandato de ese presidente estadounidense, su gobierno planteó diversas condiciones que pudieron ser contradictorias pero en función de los intereses de Estados Unidos tuvieron cierta lógica, como el facilitar la caída en México de Porfirio Díaz, los primeros triunfos de la Revolución Mexicana, pero al mismo tiempo brindar el apoyo de su administración al embajador Henry Lane Wilson, para propiciar el entorno sangriento y deshonroso de la “Decena trágica”, en la que sucedió el golpe de estado contra el presidente Francisco I. Madero. Si bien fue una actitud deleznable del cuerpo diplomático estadounidense, no hay manera de apreciar que derivara de una incapacidad para gobernar por parte de su presidente.
Otro caso para esta reflexión histórico-política lo planteó el diagnóstico que establecieron tres psiquiatras, en 2006, donde sostenían que el presidente Theodore Roosevelt muy probablemente padeció trastorno bipolar durante su gobierno[3], pero esa condición no interfirió con su desempeño en la conducción de su país, ni en el despliegue militar colonialista que sus fuerzas armadas realizaron en Centroamérica y el Caribe.
Observaciones similares se han hecho en torno a la figura de Woodrow Wilson, el presidente que impulsó la creación de la Liga de las Naciones, y participó las negociaciones de Versalles, pero que fue totalmente incapaz de dialogar con sus opositores, en los Estados Unidos, sobre la Liga, posiblemente, según David Owen, a partir de las secuelas de una serie de incidentes neurológicos agravados desde 1919. No obstante, la relación que se pudiera establecer en este caso, también está el hecho objetivo de que en esa época de postguerra, el humor político de los Estados Unidos de América no estaba sintonizado con la idea de crear una instancia multilateral, como la propuesta por Wilsón implicaba, y consecuentemente, con o sin los posibles efectos de su padecimiento, el resultado hubiese sido el mismo, la no participación ni la ratificación de la Liga de las Naciones.
Otro ejemplo está en el consumo de drogas, entre ellas cocaína, que se le atribuye a Hitler después del atentado de julio de 1944. Sin embargo, con o sin esas particularidades, la tendencia a la derrota y la constante en las decisiones erráticas, estuvieron presentes desde antes y con o sin ese estimulante.
En el caso mexicano, no tenemos algún sistema similar al planteamiento de la 25 enmienda, con respecto a la incapacidad física o mental de la presidenta o el presidente, pero sí casos documentados de problemas de salud en algunos jefes de Estado en México, cuyos impactos en sus decisiones, para la vida pública de nuestro país, no se puede medir plena y objetivamente. Quizá los más emblemáticos sean las peculiaridades, espirituales o mentales, de Madero, la dipsomanía de Victoriano Huerta, o los problemas neurológicos de López Mateos.
En el primer caso, el historiador Alejandro Rosas, en su libro La revolución de los espíritus, hace una interesante reconstrucción de las prácticas espiritistas del presidente Francisco I. Madero. Al respecto se pueden emprender dos aproximaciones, la primera como una práctica espiritual y de fe, que se sabe que influyeron en el ánimo del coahuilense para tomar decisiones políticas antes de ser presidente, pero de las que no se tiene suficiente información sobre su empleo, o el impacto directo que estas hubiesen tenido en sus decisiones durante los últimos meses de su mandato. Por otra parte, si se les considera episodios psicóticos, tampoco se puede contar con información suficiente que indique que impactaron directamente en situaciones como las determinaciones en el momento de la Decena Trágica.
En cuanto a Victorian Huerta, a partir de relatos como los que aporta el Embajador Manuel Marquez Sterling, en su obra Los últimos días del Presidente Madero, se pueden rescatar registros de algunos episodios en los que las decisiones políticas claramente estaban contextualizadas en los efectos del alcoholismo. No obstante, la crueldad con la que a lo largo de su carrera había caracterizado el cumplimiento de instrucciones, su perfil militar y los referentes de éxito que su generación tenía, con respecto a generales golpistas, permiten pensar que el alcoholismo pudo ser un toque dramático adicional a las sanguinarias determinaciones que empleó y que habitualmente le caracterizaban.
En el caso de Adolfo López Mateos, se sabe que padecía de “persistentes migrañas que lo asaltaban de pronto, y daban a su rostro una expresión de dureza”[4] -como las describe Enrique Krauze- y se sabe que estuvieron directamente vinculadas con las afecciones que extinguieron su vida, tras dejar el poder. Sin embargo, más allá de relatos novelados en los que han llegado a sugerir que Díaz Ordaz gobernó en diversos lapsos durante los últimos años del sexenio de López Mateos, no existe información suficiente para corroborar esas presunciones y determinar si estos problemas de salud impactaron su capacidad para la toma de decisiones.
Todos estos ejemplos permiten apreciar al menos tres cosas. La primera es que es muy complicado establecer una correlación clara, oportuna y fundada, entre algún padecimiento incapacitante y el ejercicio de gobierno de un jefe de Estado. Ello, fundamentalmente porque el sistema de gobierno está diseñado para amortiguar los efectos de sus decisiones, y difuminar las posibilidades de establecer responsabilidades.
Una segunda conclusión es que los obstáculos que tienen que vencerse para alcanzar la responsabilidad del ejercicio de gobierno, son tales que requieren de muchas fortalezas y habilidades en el individuo, y quizá algún conjunto de patologías que conforman la excentricidad que generalmente les distingue, y que está integrada en los elementos de su carisma y personalidad. Consecuentemente eso dificulta la capacidad de diagnosticar en tiempo real el impacto de determinado padecimiento o condición.
La tercera conclusión es que aún falta mucho desarrollo institucional y legislativo, para poder establecer un diseño constitucional que proteja el caso hipotético que busca resolver la 25 enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América.
Raen Sánchez Torres
[1] De acuerdo con la fuente que se consulte se estima que entre 20 y 50 opositores, principalmente del partido Demócrata participaron en esa dinámica de descalificación del presidente estadounidense.
[2] https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/05/SPA-Constiution.pdf
[3] David Owen, En el poder y en la enfermedad, El ojo del tiempo Siruela, Madrid, 2009.
[4] Enrique Krauze, La presidencia imperial, Tusquets, México, 1997.
Raen Sánchez Torres
Politólogo e internacionalista, cuenta con una maestría en Estudios Internacionales por el ITESM y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la FCPyS de la UNAM, además de 16 diplomados, seminarios, cursos y talleres especializados en Seguridad Nacional, Seguridad Pública e Inteligencia, impartidos por instancias como la UNAM, ITAM, UDLAP, Policía Nacional Francesa, Real Policía Montada de Canadá, y el Departamento de Justicia de los EEUU.
Profesionalmente se ha desempeñado en el sector público como analista del fenómeno delictivo en el ámbito internacional, el desarrollo de instituciones de seguridad pública, y desde hace más de 10 años como asesor parlamentario tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Como académico, desde 2015 ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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