En la colaboración anterior, referíamos como el descenso en por lo menos las últimas dos décadas en la inversión pública productiva, provocada entre otras causas por las políticas públicas recurrentes de recorte al gasto público, ante la debilidad recaudatoria del Estado Mexicano, han condicionado el crecimiento de nuestra economía, confinándola a entre 1% y 2% del Producto Interno Bruto (PIB), sin que en los últimos años se haya logrado detener esta tendencia.
Pues bien, para revertir esta caída y en un intento para dinamizar nuestra economía, recientemente el gobierno federal anunció un “Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030”, el cual proyecta inversiones entre el sector público y el privado por hasta seis billones de pesos.
Alejándose de las anteriores Asociaciones Público-Privadas, en las que la presidenta Claudia Sheinbaum estimó se abusó del dinero público, el objetivo del plan es complementar la inversión pública productiva con inversión privada, brindándole a esta última certidumbre a largo plazo en proyectos estratégicos de infraestructura nacional, en áreas como energía, ferrocarriles, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.
Como estrategia se plantea la creación de un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, presidido por la presidenta, con participación de las entidades y dependencias con competencia en los proyectos, que se encargará del seguimiento del avance físico y financiero y adicionalmente la formación de una Base de Datos Nacional, que otorgará visibilidad ciudadana a cada proyecto en su desarrollo. Es decir, se propone que las inversiones y el avance de los proyectos se encuentren en todo momento a la vista del público, sin opacidad ni reservas, como un instrumento de control ciudadano.
Un aspecto positivo, que recibió buenos comentarios de analistas financieros del sector privado en el que, aunque la intención del gobierno federal es mantener control de las empresas de propósito específico que se constituyan para cada proyecto, se atraiga la inversión privada, procurando la gobernanza y un esquema de operación dúctil que permita fondearlos en los mercados financieros.
Para consolidar este nuevo plan de inversiones y liberarlo de las limitaciones presupuestarias tradicionales, se propone formular una nueva iniciativa de ley que permitirá armonizar el marco legal existente para incorporar modelos de contratos mixtos e incorporar el esquema de propuestas no solicitadas, que dan pauta a integrar los proyectos sugeridos y analizados del sector privado.
Como ejemplos exitosos de inversiones público-privadas, el director de Banobras Jorge Mendoza mencionó al aeropuerto de Nayarit y a las autopistas del corredor Guadalajara-Puerto Vallarta, principalmente Las Varas-Compostela y Compostela-Tepic, dónde se utilizó el esquema CMRO (construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación) y en los que, una vez terminados los contratos, las concesiones pasarán a ser propiedad de los gobiernos estatales.
Con el multicitado plan se pretende lograr en los 5 años restantes, desde ahora hasta al 2030, un total de inversión de 5.6 billones de pesos, de los cuáles para este 2026 se prevé sumar 722,000 millones de pesos, equivalentes a 1.9% del PIB, a los 900,000 millones de pesos ya presupuestados.
Esperemos la nueva ley logre verdaderamente captar el interés de los inversionistas y coadyuve al crecimiento de nuestra economía.
Rafael Espino
De Chihuahua. Abogado fiscalista. Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. Senador de la República por Morena.
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