Nada de militarización, con la reforma al 21 constitucional que aprobamos en la Cámara de Diputados, refrendamos el mando civil en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y en la Guardia Nacional, y otra vez con hechos, callamos a los falsos alarmistas.
De qué va esta reforma, hacer de la inteligencia el eje articulador de la estrategia promovida por esta administración, dándole en principio a la SSPC la facultad de investigar delitos y fortalecer sus atribuciones en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, es decir, fortalecer el marco institucional para realizar un efectivo combate a la delincuencia.
La experiencia y capacidad del actual titular de la SSPC, Omar García Harfuch, coadyuvará a aprovechar las nuevas capacidades que se le confieren, haciendo un uso estratégico, político y técnico de la inteligencia aplicada a la estrategia de seguridad, pero sobre todo, una herramienta indispensable en el combate a la delincuencia y crimen organizado: el Sistema Nacional de Inteligencia, con el cual se podrá coordinar con los tres órdenes de gobierno y hacer el trabajo quirúrgico que se requiere.
Todo lo anterior, robustecerá el papel de la SSPC integrando tecnología, inteligencia y análisis de datos en la investigación de delitos, con el objetivo de aumentar la tasa de efectividad y eficiencia en la judicialización de las carpetas de investigación, porque con esta reforma la investigación no se limita solo a los Ministerios Públicos, sino que la Secretaría podrá también sumarse a esta importante tarea.
La reforma también da a la SSPC autoridad para coordinarse a los tres niveles de gobierno, así como fiscalizar los fondos federales a los estados a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la coordinación con las fuerzas armadas.
Inteligencia y demostraciones de capacidades operativas serán las características de la nueva forma de operar de la Secretaría del ramo y de toda la estrategia de seguridad de este gobierno porque esto es lo que se necesita, los retos en materia de seguridad son aún grandes y ante ello, las nuevas atribuciones buscan darle “dientes” a la Secretaría del ramo.
La atención al combate a la delincuencia y crimen organizado quedó fortalecida, pero también era necesario atender el correcto uso de los recursos que se destinan a la materia. Por ello, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizará labores de control y vigilancia de los fondos federales de ayuda para la seguridad pública, que reciben la Federación, Estados y Municipios.
Cuidar este esfuerzo que se hace desde la federación debe corresponderse con la vigilancia de ellos, pues sabemos que los “hoyos negros” están en algunos estados y municipios que no necesariamente destinan los recursos al fortalecimiento de sus policías, por ello resulta completamente conveniente esta adecuación.
La seguridad pública es un compromiso que requiere de acciones diferentes y obtener así los resultados que estamos buscando, y esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, además del trabajo legislativo en el que todas las fuerzas hemos coincidido, habla de la importancia en la atención a la materia.
Lilia Aguilar Gil
Política y académica.
Maestra en Administración Pública por la Universidad de Harvard y en Gestión Pública por el Tecnológico de Monterrey. Ha contribuido en foros internacionales y enseñado en la Universidad de Harvard. Fundadora de la asociación civil LIBRE, se enfoca en el empoderamiento juvenil. Imparte clases en la UNAM y actualmente es Secretaria Técnica en la SSPC, habiendo sido titular en la Secretaría de Gobernación. Su carrera en el Congreso refleja su compromiso con la seguridad y las políticas sociales.
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