Ciudad Juárez, Chih. – Hacia mayo de 2018 inició en Estados Unidos una investigación de más de 25 agencias gubernamentales con la intención de desvelar el modus operandi de una banda de narcotráfico mexicana que transportaba metanfetaminas hasta territorios del Medio Oriente.
La noticia, publicada en el semanario Zeta, da cuenta de cómo a través de una intricada red de contactos, la banda perteneciente al Cártel de Sinaloa utilizaba cuentas legales y facturas de conocidas marcas para enviar sus mercancías, a través de los más conocidos servicios comerciales de mensajería y del servicio postal estadounidense.
Imposible creer que kilos y kilos de metanfetaminas pasaron por el servicio postal sin que nadie se diera cuenta.
¿Cuántos controles fueron burlados?, ¿cuánta gente y de qué nivel debe hacerse de la vista gorda para que pasen las drogas y se lave el dinero en territorio americano?, ¿nadie en el sistema de distribución por correo se dio cuenta de que en vez de ropa se enviaban drogas?, ¿cómo se obtienen los números de cuenta y datos de facturación de empresas y de servicios de mensajería?
Poco se habla en Estados Unidos –construido en el imaginario colectivo como el territorio de la libertad y el Estado de Derecho–, de la corrupción que invade todo el sistema y que permite el paso, venta y consumo de drogas.
En términos discursivos y políticos, la explicación brindada por nuestros norteños vecinos es que la droga se produce y traslada en México, las bandas del crimen organizado la cruzan a través de variopintos sistemas (véase este comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) y, una vez en territorio estadounidense son de nueva cuenta los mexicanos quienes entregan la droga a consumidores gringos. Así nomás, sin que los dólares corran de mano en mano corrompiendo sin sonrojo. Poco, muy poco, hay de la responsabilidad que cae sobre las autoridades americanas encargadas, precisamente, de evitar el tráfico ilegal de drogas.
Aunque no son pocas las voces que exigen investigar la corrupción dentro del gobierno norteamericano, escasamente llegan las averiguaciones para castigar a funcionarios estadounidenses. Seguimos siendo los mexicanos y colombianos los villanos por excelencia de todo lo que huela a narco.
Sin embargo, hay un dato que muestra que, aunque cuestionable e hipócrita, el aparato antinarco estadounidense expedito para las investigaciones y detenciones (claro está que no es el mismo parámetro para el consumo): la operación americana inició en mayo de 2018, un año después había personas detenidas, dinero y drogas incautadas; inteligencia al estilo CSI. En México estamos, si acaso, en pañales, con una Unidad de Inteligencia Financiera y una Fiscalía General de la República que en casos como Odebrecht no han agarrado a uno solo de los involucrados.
Mientras tanto, los programas de prevención de uso de cristal van todavía más lentos. Ni México ni Estados Unidos se han sumado a la ola de programas sociales que atienden el consumo como una política eficaz para combatir el narcotráfico.
DESDE LA FRANJA
Durante 2019, 79 elementos policiales de la Fiscalía General chihuahuense han sido investigados por delitos como robo, daños, allanamiento de morada, extorsión, amenazas, abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza pública, tortura, ejercicio ilegal de la función y cohecho. Fueron también integrantes de la policía estatal los que la madrugada de este martes participaron junto con militares en la irrupción sin orden de cateo en una casa ubicada al norponiente de Ciudad Juárez, como publicó La Verdad. Terrible pensar que han vuelto los terribles tiempos en los que militares y federales hicieron del abuso y la extorsión el pan nuestro de cada día en esta frontera.
Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma y El Diario de Juárez. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.
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