“A nada se va con hipocresía. Porque cerremos los ojos, no desaparece de nuestra vista lo que está delante de ella. Con ponerle las manos al paso, no se desvía el rayo de nuestras cabezas.”
José Martí.
Nos han enseñado toda la perversidad y la intencionalidad que acompaña a los opositores en todas sus actuaciones. Cuando el coordinador parlamentario del PAN en el Senado, el senador veracruzano Julen Rementería del Puerto, senador por la primera minoría de la lista que su partido registró para el estado de Veracruz, y a nombre de la bancada panista, se le ocurrió presentar un punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política del Senado en la Comisión permanente del Congreso, solicitando, como petición del Congreso, que la SCJN sancionara con la destitución al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
El grupo parlamentario del PAN en el Senado pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que destituya al presidente Andrés Manuel López Obrador y a otros servidores públicos por “desacato judicial”.
De ese tamaño era la mecha que intentaban encender los panistas para hacer estallar el país, ya que una acción de esa magnitud detonaría actos y manifestaciones masivas como nunca se han visto en este país, incluso violentas debido al encono ciudadano. Los panistas no midieron el alcance de su perversidad cuando presentaron esto como punto de acuerdo, causando mucho malestar cuando se conoció el hecho, un hecho extremadamente grave y explosivo.
Obviamente, estaba destinado al fracaso porque los panistas no tienen la mayoría calificada, son una minoría descalificada.
Pero, ¿por qué desacato judicial?
Recordemos que la SCJN echó para atrás el decreto presidencial que blindaba las obras vitales de esta administración después de 2 años de haber sido promulgado. Tardaron dos años en desechar el decreto, un decreto en el que el Presidente de la República ejercía a plenitud sus facultades constitucionales, las cuales fueron desconocidas por la SCJN, invalidando facultades constitucionales de uno de los poderes de la Unión.
Es necesario remitirnos al documento que presentaron los panistas en la junta de coordinación política del Senado, ya que ahí se expresa con toda claridad el alcance de la petición panista a la SCJN. No hay confusión, está claramente expresada la intencionalidad.
Este punto de acuerdo hace referencia al segundo decreto que emitió la Presidencia de la República, dentro de sus facultades constitucionales, una vez que se publicó la resolución de la corte que dejaba sin efecto el primer decreto derivado de una controversia constitucional presentada por el INAI hace dos años. En ninguna parte del primer decreto se habla de evitar la transparencia, negarle la información o solicitar al INAI que la resguarde como reservada. Los ministros de la SCJN “presuponen” que el decreto va encaminado a ocultar información al INAI sobre las obras declaradas como de seguridad nacional. Sin embargo, esto no está establecido en el acto juzgado, es solo una suposición infundada.
Los ministros “presuponen” cuando no hay hechos concretos que justifiquen la decisión, extrapolan supuestos que no están insertos en el acto juzgado para tergiversar la norma. La SCJN en su reglamentación tiene perfectamente señalado que no debe dar resoluciones sobre actos aún no realizados o supuestos que claramente indiquen que son actos no realizados y que se “intuye” que son por realizar. Las resoluciones de la SCJN deben ser sobre hechos y actos realizados y no pueden juzgar ni sentenciar a nadie por actos no realizados o que implícitamente no estén concretados.
El primer decreto cancelado no tiene nada que ver con el segundo decreto, son diferentes y no se refieren precisamente a las mismas obras declaradas como de seguridad nacional.
La intencionalidad era interponer amparos de inmediato al entrar en vigor la resolución de la SCJN del primer decreto, para paralizar las obras presidenciales del sureste del país. Sin embargo, el presidente López Obrador se les adelantó y casi simultáneamente entra en vigor el segundo decreto, el cual lo toman como un desacato judicial sin tomar en cuenta que el primer decreto está invalidado y acatado. Entonces, ¿dónde está el desacato?
A los panistas les dio rabia no poder detener las obras del presidente y que les ganaran la jugada en la mesa. Se enfurecieron porque saben que ya no podrán hacer nada, pero aún les quedaba un camino: buscar que el presidente cometiera desacato o configurarle el desacato para que la SCJN actuara en su contra, incluso llegando a su destitución.
No pueden hacerlo a través del Congreso, así que armaron este espectáculo para que la SCJN actuara en contra del presidente López Obrador, como lo ha estado haciendo.
No habían pasado ni cuatro horas cuando comenzaron a deslindarse de este punto de acuerdo por parte de los panistas. Comenzaron las retractaciones y bajaron de la agenda legislativa esta solicitud de punto de acuerdo, curándose en salud, acobardados por el alcance que tuvo en unas cuantas horas en las redes sociales y los medios de comunicación independientes. El mundo se les venía encima.
Dieron los pasos necesarios para que se diera un golpe de estado en nombre de la ley, le dieron a la SCJN el camino para que supuestamente se ejerciera la ley.
Pero los sustentos de su petición eran una falacia, no existía desacato alguno.
Pero lo están intentando, lo están intentando. Los hechos que comprueban esto ocurren todos los días cuando los medios y periodistas afines a los opositores intentan señalar al presidente como el provocador de la degradación opositora acelerada.
Tenemos que ser conscientes de que los opositores saben muy bien que por las vías democráticas no lograrán nada, al contrario, la democracia es el camino que los sepultará. Lo entienden a la perfección en la SCJN y en el Tribunal Federal Electoral, y es por eso que saben muy bien los del Poder Judicial que tienen que hacer todo, lo que sea, para apartar al presidente López Obrador, o de lo contrario, saben que saldrán por las puertas de atrás de la SCJN a más tardar en el primer trimestre de 2025.
Por eso, el TEPJF se apresuró a contradecir al INE y determinó sancionar al presidente López Obrador, obligándolo a suspender las mañaneras, donde se habla del Plan “C” e invita al voto razonado, ya que “suponen” que el presidente se refirió a Morena. Además, le prohíben al presidente hablar del proceso electoral del 2024, un proceso que aún, por ley, no ha comenzado, buscando sin duda alguna que el presidente desacate la resolución del TEPJF.
No pueden hacer nada a través del poder legislativo, no pueden hacer nada por las vías democráticas, pero harán todo, y sobre todo y de quien sea, a través del Poder Judicial, como ya lo están haciendo.
Son ciegos, miopes o hipócritas aquellos que no ven las intenciones opositoras que ahora buscan encubrir señalando al presidente como el orquestador de los actos de protesta ciudadana. Se espantan y rasgan las vestiduras porque se presenta un ataúd con los nombres de los ministros, vaya cinismo, cuando ellos han utilizado la imagen del presidente para quemarla, pisarla o escupirla en sus marchas. Son demasiado delicados y de piel muy fina, además de olvidadizos.
Han pasado ya más de 19 años en los que toda la maquinaria del estado, los tres poderes de la Unión, desataron campañas en contra de nuestro actual presidente. Él los enfrentó a todos y resultó triunfador democráticamente al convertirse en el presidente de México, con el mayor respaldo ciudadano que jamás haya tenido ningún presidente en la era moderna, y más aún en el ocaso de su gestión.
Podríamos pasar aquí toda la tarde enumerando las acciones encaminadas, en un principio, a detener el avance de la Cuarta Transformación y posteriormente a eliminar al presidente.
Como referencia, basta con observar los acontecimientos en Perú, en Bolivia, en Brasil, y concluirá que el “lawfare” en México está avanzando.
El PAN “C” es nuestra herramienta ciudadana y democrática para consumar la transformación del país. Nos toca a los ciudadanos actuar frente a las urnas.
Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.
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