¡No! apreciable lector. El título de esta columna no es un tributo a banda de pop rock alguna. No es un deseo de manifestar el gusto musical de su servidor. Es una interrogante muy seria que habría que hacer al ejecutivo en turno, respecto al tema de las Estancias Infantiles.
Poco o nada, han servido las recomendaciones de la ONU a través de la UNICEF, del INEGI, del CONEVAL, de la CNDH, de diversas ONG’s. Las primeras tres, señalan el nivel de pobreza y vulnerabilidad en la que se encuentra la niñez en México. La penúltima advierte sobre las terribles consecuencias de no gobernar bajo perspectiva de género y de no proveer condiciones para un desarrollo integral de los infantes. ¿Qué cree? no, el gobierno de la República tiene otros datos.
Sin estrategia clara más que erradicar todo lo que nos recuerde a la era del “prian”, el gobierno federal decidió hacer un recorte presupuestario de más del 50% y cambios operativos en el programa de Estancias Infantiles, dependiente de la Secretaría de Bienestar, que venía operando desde hace más de 12 años.
Así pues, se decidió cortar la ayuda económica de poco más de 900 pesos por niño de entre 1 a 4 años que se le daba a las estancias infantiles para entregar 1600 pesos bimestrales, directamente a la madre o padre trabajador, para que este o esta decidiese a qué o a quién encargarle a su hijo o hija y usar ese dinero para pagar el cuidado.
La situación de la infancia, -como ya señalé líneas arriba- es preocupante; además de la escasez económica, se dan problemas de salud, como desnutrición y sobrepeso, y violencia intrafamiliar. Por esto, diversos organismos de la sociedad civil señalaron al gobierno de México que se debe priorizar la cobertura de los principales programas sociales a los grupos tradicionalmente excluidos, así como a los niños, niñas y adolescentes.
Vale la pena recordar también, que nuestra Carta Magna en su artículo 4, indica que El Estado debe otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. ¿Qué motivó al Presidente a hacer estos mayúsculos cambios?
Según la Presidencia de la República, muchas personas no identificadas, pidieron al Presidente la entrega del apoyo económico directo a los padres de familia, debido a que “arriba” se lo robaban. Es decir, los supervisores y burócratas de la entonces Secretaría de Desarrollo Social “inflaban” padrones para recibir mayor dinero que al final nunca llegaba a su destino.
Es decir, podemos destacar que la corrupción se daba dentro del gobierno, y no en las estancias infantiles, ya que según la misma declaración del presidente y de distintas educadores en todo el país, es ahí donde se quedaba el dinero. Pero para el Presidente fue más sencillo generalizar y afectar a las instituciones que impartían el cuidado y la educación, y no usar el ejercicio público del gobierno para auditar, vigilar, controlar y sancionar irregularidades en este programa, responsabilidad de su gobierno.
Ahondemos en los beneficiarios. Quienes ingresan a este programa son madres o padres trabajadores sin seguridad social alguno y que viven por debajo de la línea de bienestar. Poco más 300 mil niños y niñas eran atendidos bajo las reglas de operación anteriores. Esta cifra por sí sola constituye mayor cobertura que la que tiene el IMSS, el ISSSTE y la SEP para este sector de la población.
Cientos de miles de niños y niñas quedan a la deriva con estas decisiones, ya que es muy probable que la beca económica se use para solventar gastos de la casa de los padres de familia debido a su condición de pobreza, y no para en lo que se espera que se use.
El recorte presupuestario de más de 2 mil millones de pesos también afectará -como ya lo está haciendo hoy- a las y los trabajadores de las estancias que tendrán que ser despedidos y muchas tendrán que cerrar. Frente a estos problemas, las estancias privadas son más caras. No hay una solución clara para nadie.
Dejando de lado la “brillante” política pública del Secretario de Hacienda, quien recomienda ampliamente el cuidado de los niños por parte de los abuelitos, propuesta que ha dejado anonadados a expertos en el cuidado infantil a nivel internacional y al infinito y más allá, en las reglas de operación del programa no existen referencias respecto a vigilar que el dinero otorgado se use para el pago de una estancia infantil; no hay manera de fiscalizar ni auditar.
Tampoco hay causales de suspensión temporal del apoyo. No hay lineamientos que señalen inspecciones a las estancias. No hay absolutamente nada. Lo que sí hay son miles de amparos en todo el país para suspender las nuevas reglas de operación y que el recurso se siga dando como estaba estipulado anteriormente. Se viene una lucha de poderes.
Para su defensa, el gobierno federal ha dispuesto de su conferencias matutinas para evidenciar casi cien mil casos de niños “fantasma” es decir, inscritos pero no localizados, registros dobles, que tenían tiempo sin asistir, etc. Pudiendo ser el caso, cabe preguntarse: teniendo el aparato del Estado y el monopolio del poder, ¿es muy difícil establecer mecanismos administrativos institucionales para el adecuado control, fiscalización y auditoría de los recursos para garantizar su aplicación?
¿Qué debe pasar para que se revisen y ajusten las reglas de operación sin recortes presupuestarios? ¿Es viable introducir mecanismos de transparencia? ¿Y si se depuran los padrones? ¿Y si se implementa la innovación?
Por último, puntualizar que los objetivos de las Estancias Infantiles son: promover el desarrollo emocional, el intelectual, el desarrollo en salud, dieta diversificada y socialización entre los infantes. Si muchas cierran, ¿en dónde jugarán los niños? Señor Presidente.
Lic en Ciencia Política. Diplomado en Políticas Públicas y Prevención del Delito. Estudiante de Maestría en Administración Pública. Funcionario público municipal.
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