El caso de Camila, en Taxco, Guerrero, en donde una turba de cientos de personas lincharon y mataron a la mujer, madre de una amiguita de Camila, quien presuntamente participó en el estrangulamiento de Camila, ha causado gran conmoción nacional, pero, por desgracia, no es el único.
Ha habido innumerables casos de delitos cometidos que indignan a los ciudadanos. El gran problema que hay, sin embargo, es que esta indignación, a parte de lo terrible de los delitos cometidos, se deriva de la inacción de las autoridades.
Esto fue lo que causó la indignación de los ciudadanos de Taxco que los movió a actuar de manera violenta fuera de todo cause legal. En efecto, se le ha agregado otra raya al tigre de la ingobernabilidad que existe en el Estado de Guerrero.
“Nadie puede hacerse justicia por propia mano”, principio esencial de un país civilizado, el problema es que en México, cada vez más se deja de respetar el Estado de Derecho, que es el ingrediente que unifica a los componentes básicos del Estado como concepto de la política, que son el pueblo, gobierno y territorio. Estos elementos del Estado, sin un sistema normativo obligatorio, lo que genera es caos en donde la ley del más fuerte (en el caso de Camila, la turba que mató a la sospechosa delincuente) es la que prevalece.
Así, cada vez más tenemos grandes extensiones del territorio nacional en donde “el más fuerte” es el crimen organizado. En estas áreas, el gobierno solo existe para determinadas funciones, pero para una de las funciones esenciales del Estado, que es la de dar al pueblo seguridad y justicia, existe una gran ausencia.
Ahora que estamos inmersos en un proceso electoral, existe el gran peligro de que el crimen organizado intervenga en los comicios. Ya sabemos del número de actores políticos que han sido asesinados. Suponemos que por diversas razones, pero nos debe quedar claro, que muchas de ellas es porque la persona se rehusó a colaborar con los criminales.
El gobierno debe de ejercer su autoridad o no es gobierno. Si las autoridades
encargadas de la prevención del delito (policías o Guardia Nacional) no intervienen para evitarlos, o porque son cómplices de los de delincuentes o porque les da miedo intervenir.
Si las autoridades encargadas de perseguir los delitos (fiscalías) no atienden ni dan seguimiento a las denuncias presentadas por los ciudadanos, se generan reacciones sociales que nos llevan al “hacerse justicia por propia mano”; con ello, se generan las autodefensas y las “guardias blancas”, incitándose a que los ciudadanos tomes su fusil y luchen directamente para protegerse.
Esto sí causa revueltas, levantamientos y revoluciones que pueden llevar al país a la desgracia. El gobierno debe de tomar nota seria de estos incidentes que se pueden fácilmente convertir en la norma, y no, simplemente negarse a reconocer la realidad como lo hace el presidente y su clon la candidata Sheinbaum.
Mientras la autoridad máxima del país esté en la negación de la realidad, el problema se seguirá deteriorando, quedando los ciudadanos cada vez más sujetos a la voluntad de la delincuencia.
En materia de desarrollo, esto, aparte de la pérdida de competitividad porque los empresarios tienen que incurrir en mayores costos, debido a las inversiones en sistemas de seguridad, personal especializado, costos extras por escoltas y guardias, y de una manera aún más inaceptable, el pago de extorsiones que se convierten en un costo cuasi-fiscal.
El nuevo gobierno que venga, que es el que reconozca la realidad y haga los esfuerzos para componer el problema, y no un gobierno que continúe coludido con los malosos, tendrá que invertir fuertes cantidades en reestructurar el sistema de seguridad pública del país, para hacerlo eficaz y eficiente. Primero, para prevenir los delitos y para perseguirlos con eficacia, y después, para que los delincuentes sepan que contra el Estado no se puede, y regresemos a un México, realmente en paz que todos podamos disfrutar y en el cual nos podamos desarrollar con nuestras familias.
Analista político. Abogado corporativo. Fue Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
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