Con el arribo de César Duarte Jáquez a Chihuahua han quedado muy claros los escenarios malévolos que por meses, y desde el poder, estuvo construyendo el duartismo para la eventual liberación del ex gobernador acusado de encabezar esquemas de corrupción y desvíos que lo convirtieron en el máximo saqueador del pueblo de Chihuahua.
Primero, es la tentación de que el ex mandatario lleve su proceso desde la comodidad de su casa, después de tanta evidencia y como si Estados Unidos NO hubiera concedido la extradición basada en fundamentos legales y señalamientos contundentes.
A dos años de su captura y de permanecer en una cárcel de Miami, el ex mandatario vuelve a Chihuahua a enfrentar una justicia que está en manos de su grupo político, de personas que fueron vinculadas a procesos judiciales, que testificaron a su favor durante el proceso de extradición, o bien, que aparecieron en los expedientes de la supuesta nómina secreta.
Segundo, el conflicto de intereses rodea todo el proceso:
El más reciente se dio en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, donde fue electa la abogada Miriam Victoria Hernández Acosta el 12 noviembre de 2021, señalada de una cercanía con Duarte Jáquez y de testificar a su favor durante el proceso de extradición en Estados Unidos.
El 30 de diciembre de 2020 la juez Louis accedió a que se resguardará “por un año” el contenido e identidad de los tres testigos secretos que opinaron contra la extradición solicitada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y del estado de Chihuahua. “Tenemos conocimiento que uno de esos testigos es Myriam Hernández y otra es la juez Otilia Flores Anguiano”, reveló una fuente de la Revista Proceso el 4 de diciembre de 2021.
Miriam Hernández fue designada para suplir a Pablo Héctor González Villalobos, quien dejó su cargo al frente del Poder Judicial dos años antes de que terminara el período para el que fue designado y con el nuevo gobierno estatal.
Desde el Congreso del Estado los diputados del PAN y el PRI aprobaron una reforma constitucional que elimina el concurso de oposición para ocupar magistraturas y asegura la presidencia del Tribunal Superior de Justicia a quienes fueron designados durante el sexenio de Duarte. Así llegó Miriam Hernández, en una abierta intromisión al Poder Judicial.
La misma fórmula se repite en todos los poderes y hasta los más altos niveles de gobierno.
Ex diputados del PAN, Verde Ecologista y del PRI en la administración de Duarte, unos vinculados a proceso, que regresaron el dinero o que evadieron la justicia con amparos y artimañas jurídicas, hoy ocupan puestos en el Gobierno estatal con alcances suficientes para liberar a Duarte.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de la pasada administración, tan sólo con el mecanismo de la nómina secreta se sustrajeron recursos públicos por mil millones de pesos, que beneficiaron a más de 100 personas, entre políticos, empresarios, diputados, senadores, periodistas, medios de comunicación, líderes sindicales y jerarcas de la iglesia católica, además de exfuncionarios del círculo cercano de César Duarte y sus familiares.
El poder es para poder, decía el entonces gobernador, y que tal parece el entramado duartista ha tomado a la letra la famosa frase, motivo suficiente para trasladar el proceso al ámbito federal.
Cayó en blandito, dirían quienes han asumido la defensa sistemática del ex gobernador desde los medios comunicación.
No sólo llama la atención, sino es preocupante que el ex gobernador sea juzgado en Chihuahua, cuando hemos visto que prácticamente todos sus cómplices ya han sido liberados.
El exgobernador fue detenido el 8 de julio de 2020, habría ingresado a Estados Unidos como turista por el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, en New Jersey, obteniendo un Permiso de Internamiento I-94 que venció el 28 de mayo del 2017.
El 8 de noviembre de 2021 la juez Lauren Louis, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, autorizó la extradición a México hasta este 2 de junio que se concretó.
Estamos insistiendo en que Duarte sea juzgado con todos sus cómplices, por todos los delitos que cometió y no sólo por los que se solicitó su extradición.
Los chihuahuenses estaremos atentos a las acciones que emprenderá el Gobierno del Estado de Chihuahua.
En Chihuahua no hay cabida para la simulación.
Empresario y político defensor de la cuarta transformación.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
