Mejorar la movilidad de una ciudad no se trata solo de mover vehículos, sino de devolverles a los ciudadanos el tiempo de vida que hoy pierden en el tráfico
Cuando hablamos del crecimiento de una ciudad, solemos pensar en nuevas vialidades, infraestructura y desarrollo económico. Pero pocas veces consideramos otro aspecto igual de importante: cuánto tiempo necesitan sus habitantes para vivir y desenvolverse en ella.
En Ciudad Juárez, trasladarse de un punto a otro puede consumir una parte considerable del día. Para miles de juarenses, llegar al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o acudir a una cita implica organizar sus rutinas alrededor de las distancias, el tráfico y las condiciones del transporte público.
Esta realidad es particularmente evidente en el suroriente, donde colonias como Riberas del Bravo, Praderas del Sol, Parajes de Oriente y Sendero forman parte de una expansión habitacional que no siempre ha venido acompañada de infraestructura y conectividad suficientes.
Las distancias permiten dimensionar el problema. Desde algunos sectores del suroriente hacia los parques industriales, por ejemplo, del bulevar Independencia e Intermex, los recorridos pueden representar entre 5 y 12 kilómetros. En automóvil pueden tomar entre 15 y 30 minutos, mientras que en transporte público pueden extenderse de 45 minutos a una hora.
Cuando el destino se encuentra en las zonas industriales del norte de la ciudad, los recorridos pueden superar los 25 kilómetros. En automóvil, el trayecto puede exceder una hora en horarios de mayor congestión; en transporte público, algunos usuarios pueden invertir entre una hora y media y dos horas y media por trayecto, sin contar los tiempos de espera.
El problema, sin embargo, no se limita a las distancias. También tiene que ver con la forma en que está organizada la ciudad. Vialidades como el bulevar Manuel Talamás Camandari, avenida De las Torres, Paseo de la Victoria y bulevar Independencia concentran importantes flujos de desplazamiento y conectan zonas habitacionales con corredores industriales, comerciales y de servicios. A esto se suma la expansión de la mancha urbana hacia zonas periféricas, donde el acceso al empleo, la educación y la salud puede requerir recorridos cada vez más largos.
Cuando la construcción de vivienda avanza más rápido que la infraestructura, el transporte y el equipamiento urbano, las consecuencias se reflejan directamente en la calidad de vida.
Esta situación también evidencia una forma de desigualdad. Dos personas pueden trabajar en la misma ciudad y tener experiencias completamente distintas para llegar a sus empleos. Mientras una puede resolver su traslado en automóvil, otra debe combinar rutas, esperar unidades y ajustar sus horarios a las condiciones del servicio.
La diferencia no está solamente en el medio de transporte, sino en las oportunidades de cada persona para acceder a los mismos destinos sin invertir tantas horas en el camino. Quien tiene recursos puede buscar alternativas; quien depende del transporte público tiene menos posibilidades de elegir cómo y cuándo trasladarse.
Ese tiempo podría destinarse a la familia, al descanso, al estudio o simplemente a vivir. Sin embargo, hemos normalizado salir antes, esperar más y modificar nuestras rutinas para adaptarnos a una ciudad que todavía enfrenta importantes retos de movilidad.
El desarrollo urbano no se mide únicamente en kilómetros de pavimento, puentes o infraestructura. También debe medirse en la facilidad con la que sus habitantes llegan a sus destinos y en el tiempo que pueden dedicar a su vida fuera de los traslados.
Porque el tiempo de las personas no debería ser el precio que pagan por vivir en una ciudad.
Aida López Carrillo
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con experiencia en administración pública, gestión institucional y vinculación ciudadana. Ha colaborado en áreas del gobierno municipal y en el Tribunal de Disciplina Judicial, participando en coordinación administrativa, manejo de documentación oficial, atención a ciudadanos y seguimiento de asuntos institucionales.
Su trayectoria combina trabajo jurídico, organización administrativa y contacto directo con la comunidad, con un perfil orientado a la resolución de problemas, la adaptación y el servicio.
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